En rigor, el Presidente José Antonio Kast no tenía debidamente preparado su plan en materia de seguridad, a pesar de los anuncios realizados durante la campaña electoral sobre este tema.
La improvisación, falta de orden, confusión, decisiones inconsistentes y medidas apresuradas han caracterizado la gestión en este ámbito.
Esto se evidenció con el cuestionado nombramiento de Trinidad Steinert como ministra de Seguridad, los incumplimientos en políticas migratorias, la desorganización en los planes implementados y ahora con la denominada reforma de seguridad.
El proyecto presenta deficiencias tan significativas que incluso parlamentarios de la coalición gobernante lo cuestionan y no votarían a su favor en las circunstancias actuales. Desde la oposición se ha señalado que vulnera principios constitucionales y de derechos civiles.
Lo más grave es que el proyecto de Kast sobre seguridad genera inseguridades constitucionales, ciudadanas y legales, con evidentes características autoritarias, represivas y de atribuciones excepcionales del Ejecutivo por encima de los poderes Legislativo y Judicial.
Esta reforma en seguridad no representa un avance, sino un importante retroceso. En lugar de orientarse hacia una legislación moderna, eficaz y basada en el derecho, se dirige hacia una norma retrógrada, complicada y contraria a los derechos humanos y ciudadanos.
En el contenido y la forma, se trata de un proyecto fundamentado en criterios represivos, dictatoriales que no buscan abordar de manera integral, preventiva e inteligente la cuestión de la seguridad.
Además, el debate sobre esta reforma, fundamental para el gobierno, se encuentra enmarañado y todo indica que no logrará mayoría de votos, a menos que se eliminen o modifiquen contenidos importantes.
El proyecto contiene tal cantidad de elementos controversiales que ha generado un intenso debate dentro de la coalición gobernante y una firme respuesta desde la oposición.
Este constituye otro ejemplo del carácter ultraconservador, autoritario, punitivo, desorganizado e impositivo del actual gobierno. Por esto, desde espacios legislativos, políticos y académicos se señala que es otra prueba de que el país enfrenta una administración de extrema derecha e iliberal. Dadas las circunstancias, algo difícil de refutar por parte de la autoridad.
Con Información de elsiglo.cl
