Durante gran parte del siglo XX, la izquierda latinoamericana construyó su identidad política alrededor de las demandas de los trabajadores, los campesinos y los sectores más pobres. Prometía derechos sociales, redistribución y protección frente a los abusos del poder económico. Hoy, sin embargo, el mapa político de la región muestra una realidad distinta: la izquierda ha perdido presencia en numerosos países, mientras las derechas más radicales avanzan con fuerza y conquistan territorios electorales que antes parecían impensados.
En Chile, ese fenómeno se expresa con especial claridad. La inseguridad, el alto costo de la vida, los bajos salarios y el desencanto con la política tradicional han abierto un espacio que la ultraderecha ha sabido ocupar con eficacia. No necesariamente ofreciendo soluciones complejas, sino instalando un relato simple, emocional y confrontacional.
La pregunta no es solo por qué crece la ultraderecha. La pregunta más incómoda es por qué millones de personas de bajos ingresos están dispuestas a apoyar proyectos que, en muchos casos, terminan afectando directamente sus condiciones de vida.
Parte de la respuesta está en los errores de la propia izquierda. Muchos gobiernos progresistas se burocratizaron, se alejaron de las organizaciones sociales y dejaron de hablar el lenguaje cotidiano de la gente. Mientras discutían reformas complejas, amplios sectores populares seguían enfrentando empleos precarios, deudas crecientes y servicios públicos deteriorados.
Las nuevas derechas radicales entendieron algo que la izquierda subestimó. La política contemporánea se libra menos en los programas de gobierno y más en las emociones. El miedo, la rabia y la sensación de abandono se transformaron en herramientas electorales de enorme poder.
A través de redes sociales, campañas agresivas y mensajes simples, muchos líderes de ultraderecha instalaron la idea de que todos los problemas tienen un culpable claro: los inmigrantes, el Estado, los movimientos sociales o la “casta política”. No siempre ofrecen soluciones viables, pero sí ofrecen un enemigo identificable.
En Chile existe una paradoja particularmente reveladora. Los casos de corrupción vinculados a la izquierda suelen generar una enorme condena pública y una cobertura mediática intensa. Cada escándalo se convierte rápidamente en símbolo del fracaso moral del progresismo. Es correcto que exista condena: la corrupción debe perseguirse sin importar el color político.
Sin embargo, cuando se observan las cifras históricas de financiamiento irregular de la política, colusiones empresariales, evasión tributaria y fraudes asociados al gran poder económico, los montos vinculados a redes empresariales cercanas a sectores de derecha han sido muy superiores. A ello se suman numerosos casos que han involucrado a alcaldes, exalcaldes, senadores, exsenadores, diputados y exdiputados de ese sector, varios de ellos procesados, formalizados o incluso condenados por delitos relacionados con corrupción, fraude al fisco, cohecho y malversación de fondos públicos. Casos como Penta, SQM o las colusiones del papel higiénico, de los pollos y de las farmacias afectaron directamente a millones de consumidores y movieron recursos infinitamente mayores que muchos de los escándalos que han marcado el debate sobre la izquierda.
La paradoja es que, pese a la magnitud de esos casos y a la cantidad de autoridades de derecha investigadas o sancionadas en las últimas décadas, la percepción pública suele asociar la corrupción principalmente con la izquierda.
Una parte importante de la respuesta está en la concentración de la propiedad de los medios de comunicación. En Chile, gran parte del sistema mediático pertenece o mantiene vínculos con grupos económicos que tienen capacidad para instalar agendas, definir prioridades y otorgar distintos niveles de cobertura a los escándalos políticos y empresariales.
Ciertos casos asociados a la izquierda reciben una amplificación permanente, mientras otros vinculados al gran empresariado o a redes de poder económico tienden a fragmentarse en noticias técnicas, judiciales o económicas que rara vez generan la misma indignación colectiva. No se trata de negar la corrupción de la izquierda, sino de reconocer que el tratamiento mediático no siempre es equivalente.
A esa concentración mediática se suma un actor aún más influyente: las redes sociales. Plataformas como X, Facebook, TikTok o Instagram ya no solo reflejan el debate público, también lo moldean. Sus algoritmos privilegian el contenido que genera más interacción —indignación, miedo, rabia o confrontación— y terminan amplificando ciertos temas por sobre otros. En ese escenario, redes de cuentas coordinadas, bots y campañas digitales pueden instalar tendencias, repetir mensajes y dar la impresión de que determinadas ideas representan un consenso mucho mayor del que realmente existe. La agenda política deja de construirse únicamente desde los medios tradicionales y pasa a ser impulsada por dinámicas algorítmicas donde la emoción y la morbosidad suelen pesar más que la información y el contexto.
Esa asimetría tiene consecuencias políticas. Muchos ciudadanos terminan asociando corrupción principalmente con la izquierda, aunque los mayores perjuicios económicos para la sociedad hayan provenido de otras esferas del poder. La corrupción visible se transforma en escándalo; la corrupción estructural como la evasión o la elusión tributaria se vuelve casi invisible.
El resultado es una contradicción dolorosa. Sectores populares apoyan reducciones de impuestos a grandes empresas, recortes de programas sociales, flexibilización laboral o disminución del gasto público, medidas que suelen impactar con mayor fuerza precisamente a quienes tienen menos recursos. No porque sean irracionales, sino porque votan atravesados por el cansancio, la frustración y la desconfianza hacia las alternativas tradicionales.
La izquierda no podrá recuperar terreno simplemente denunciando a la ultraderecha. Necesita volver a conectar con la vida concreta de las personas: el precio de los alimentos, el arriendo, el transporte, la seguridad del barrio, la estabilidad laboral y las oportunidades para los hijos. Y también necesita asumir con claridad sus propias responsabilidades y combatir cualquier forma de corrupción dentro de sus filas.
Cuando una familia siente que el sistema la abandonó, busca respuestas donde sea. Y si la izquierda no logra ofrecer esperanza creíble, otros ocuparán ese espacio con promesas simples, discursos de mano dura y enemigos imaginarios.
Hoy la política chilena no se decide solo en el Congreso ni en los programas de gobierno. También se decide en un programa de televisión, en la tendencia de una red social y en el algoritmo que determina qué escándalo veremos mil veces y cuál desaparecerá antes de convertirse en debate nacional.
Chile no vive solo un giro ideológico. Vive una crisis de representación. Y en esa crisis, la desesperanza puede terminar votando contra sí misma.
Con Información de desenfoque.cl
