Por Marcos Barraza Gómez, diputado del Distrito 8 del Partido Comunista de Chile. Publicado en El Siglo el 05/11/2026.
El diputado Marcos Barraza Gómez afirmó que pocas cosas indignan más que saber que una persona condenada por violar o abusar de una niña o un niño sale antes de la cárcel. Añadió que esa indignación es legítima y que la comparte. Explicó que por eso votaron en contra en general de la reforma constitucional que el oficialismo presentó después de conocerse las 56 rebajas de condena concedidas por el ministro Rabat, y señaló que sabían que la explicación no cabía en un titular. Sostuvo que vale la pena intentarlo en esas líneas, porque lo que está en juego es que el debate de fondo no se desvirtúe.
Según Barraza, el problema es real, pero la Constitución no es la vía. Planteó que lo que falló en 2022 fue que la Ley N° 21.421 excluyó de la rebaja de condena a los agresores sexuales de menores sin una norma transitoria que indicara desde cuándo se aplicaba. Eso, dijo, se corrige por ley, como se hizo con la libertad condicional. Añadió que el propio Gobierno lo sabe: en el Senado patrocina un mensaje que resuelve exactamente ese punto por ley. Argumentó que si la ley basta, la reforma constitucional sobra; y si no basta, el proyecto del propio Gobierno sería inconstitucional. “Las dos cosas no pueden ser ciertas a la vez”, afirmó.
El diputado también sostuvo que la reforma promete más de lo que puede cumplir. Su disposición transitoria deja sin efecto “de pleno derecho” beneficios ya concedidos, sin audiencia, sin juez y sin procedimiento, incluidos decretos que el Ministerio dictó porque se lo ordenaron las cortes. Una norma así, indicó, choca con el debido proceso y con los tratados de derechos humanos vigentes en Chile, y es muy probable que termine cuestionada en los tribunales. Para las víctimas, afirmó, no hay escenario peor que una promesa que se cae. No es casualidad, agregó, que diputadas y diputados del propio oficialismo advirtieran en la Comisión que el instrumento no era el adecuado.
Mientras tanto, según Barraza, la discusión que de verdad resuelve el problema de fondo avanza en otro carril. El proyecto que crea los tribunales de ejecución de penas, hoy en el Senado, permitiría que estas decisiones dejen de depender de la autoridad política de turno y queden en manos de jueces especializados, con la víctima presente. Ese es el debate que, a su juicio, debieran estar dando con urgencia, y en él, dijo, van a estar.
El diputado advirtió que la reforma deja fuera de foco la responsabilidad. A su juicio, instala la idea de que lo ocurrido fue un vacío constitucional, lo que no fue así. Recordó que el propio autor reconoció en la Comisión que el ministro Rabat rechazó siete solicitudes en sus primeros dos meses, y que los ministros anteriores aplicaron el criterio contrario. El criterio cambió este año, en el Ministerio, no en la Constitución: hubo margen y hubo una decisión, planteó. También señaló que el Presidente de la República ha reconocido que hubo un error y ha dicho asumir la responsabilidad política.
Para Barraza, lo coherente sería que esa responsabilidad tuviera consecuencias y que el ministro no siguiera en su cargo como si nada hubiera ocurrido.
Asimismo, criticó que no se ha hecho lo mínimo para fiscalizar. A la fecha, el Ministerio no ha entregado la nómina de los decretos de rebaja que el Congreso ha solicitado. Sin esa información, sostuvo, no se sabe con certeza cuántos casos hay, cuántos se dictaron por orden judicial ni cuántos beneficiaron a condenados por crímenes de lesa humanidad, otra herida que esta reforma ni siquiera menciona. También cuestionó que la mesa que el Gobierno anunció para abordar el tema no incluya a instituciones autónomas como la Defensoría de la Niñez o el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Si el Gobierno reconoce un error de esta gravedad, concluyó, lo mínimo es convocar a todos los órganos del Estado que tienen algo que aportar.
“No votamos contra las víctimas. Votamos contra una respuesta que se ve bien en la prensa, pero que no cierra la puerta y desvía la atención de quien debe responder. Proponemos lo que corresponde: corregir la Ley N° 19.856 por la vía legal que ya está abierta, avanzar en los tribunales de ejecución de penas, entregar la información que el Congreso pide y asumir las responsabilidades políticas. Cerrar la puerta para todos los casos graves, sin abrir un boquete en las garantías que nos protegen a todos”.
Con Información de elsiglo.cl
