Sergio Aliaga Matus, Dr. en Filosofía Política de la Fundación Pensamiento & Reflexiones Humanistas, aborda en un texto fechado el 05/11/2026 el debate público sobre el uso de la violencia. El artículo se pregunta: “¿De qué Violencia se trata? la Violencia que Se Ve y la Violencia que Se Sufre”. Según plantea, aunque se trata de un fenómeno de larga data, hoy resurge instrumentalizado por sectores de derecha y por voces de algunos reformistas conservadores: unos para justificar sus posturas en defensa del capitalismo neoliberal y otros para justificar su obstáculo a la formación de un bloque transversal y unitario de oposición orientado a conquistar un gobierno democrático de las grandes mayorías.
Históricamente, el análisis de los conflictos sociales ha distinguido entre la violencia manifiesta —expresada en la seguridad pública y el crimen organizado— y la violencia estructural, que opera de manera institucionalizada en la organización social. En el contexto chileno actual, el texto sostiene que esta separación adquiere especial importancia porque un discurso dominante condena de forma sistemática la violencia directa mientras invisibiliza la violencia sistemática que el modelo neoliberal ejerce a diario sobre la mayoría trabajadora.
Esa violencia cotidiana no es una abstracción ideológica, sino que se encarna en situaciones concretas: también son violencia las pensiones de miseria administradas por las AFP, el sobreendeudamiento familiar para acceder a derechos básicos como la salud, la educación y la vivienda, la precarización laboral, la cesantía y la proliferación de zonas de sacrificio ambiental. Al reducir el problema exclusivamente a una materia de seguridad pública y crimen organizado, la clase política gobernante y la derecha más conservadora buscan imponer una neutralización ideológica que desvincula el malestar social de sus raíces en el modo de producción capitalista neoliberal. De este modo, la respuesta estatal se orienta a resguardar la continuidad de la acumulación de capital, perpetuando la violencia estructural que sostiene esa normalidad.
El texto también destaca como visión de importancia político-estratégica la evaluación de la violencia desde un juicio ético o neutro. Las incesantes acusaciones del sector del gobierno de derecha, respaldado por sectores reformistas conservadores, sobre la izquierda como fomentadora de la violencia responden, según el autor, a un doble cálculo estratégico: por un lado, la preservación de la hegemonía del capital; por otro, la atribución de responsabilidad a la izquierda por dicha violencia.
Al buscar fragmentar el espectro político democrático, el sector reformista conservador busca vetar la posibilidad de pactos amplios que impulsen reformas profundas en materia de pensiones, tributación y derechos laborales orientadas a un gobierno democrático y humano. Como prerrequisito para constituir una alianza transversal con un proyecto de país, este sector exige a la izquierda renunciar a la movilización, despojándola de sus demandas transformadoras y forzándola a replegarse en el orden establecido bajo el argumento de una supuesta actitud violenta.
Desde una perspectiva democrática, el fenómeno confirma que el Estado moderno neoliberal actúa fundamentalmente como garante de las relaciones de producción dominantes. Cuando las élites de derecha invocan la “mano dura” y focalizan la condena únicamente en la calle, recurren al aparato coercitivo para sofocar los síntomas visibles de la crisis, asegurándose de no alterar sus causas profundas. En este escenario, la violencia debe entenderse como un fenómeno complejo y multifacético que trasciende la agresión física visible. Tal como señala la Organización Mundial de la Salud (OMS), se trata del uso deliberado de la fuerza o el poder contra uno mismo, otra persona o una comunidad, y se manifiesta tanto en agresiones físicas, psicológicas, sexuales y económicas como en dinámicas de maltrato intrafamiliar, de género, laboral, académico, digital e institucional.
En Chile, estas diversas manifestaciones de la violencia atraviesan de manera transversal el debate político, legislativo y académico. Por un lado, el Poder Ejecutivo enfatiza la necesidad de ejercer un control estatal riguroso frente a la seguridad y el crimen organizado; por otro, en la discusión parlamentaria con enfoque de género e intrafamiliar se sostiene firmemente que la violencia contra las mujeres no constituye un asunto privado, sino un problema de seguridad pública y derechos humanos que exige prevención y reparación integral.
En este escenario, el autor considera profundamente preocupante el rol que actualmente desempeña la academia como institución formadora. Con frecuencia, diversos centros de estudio e instituciones universitarias abordan la violencia desde una perspectiva pretendidamente neutra, desprovista de un análisis científico riguroso y fundada en formulaciones abstractas que evitan atribuir responsabilidades al sistema económico neoliberal. Al examinar el fenómeno mediante categorías puramente descriptivas, estadísticas o de control social, algunos ámbitos académicos terminan subordinando su labor educativa a los marcos del sistema dominante.
Frente a las posturas neoliberales y del reformismo conservador sobre la violencia, el texto sostiene que resulta imprescindible adoptar un enfoque integral que articule el fortalecimiento de la justicia y la contención de la violencia con la erradicación de las desigualdades estructurales que originan el conflicto. En última instancia, la condena selectiva de la violencia en el debate político funciona como una herramienta estratégica en la disputa social: al invisibilizar la violencia ejercida por el capitalismo neoliberal, fragmentar a las fuerzas transformadoras y recurrir a la coerción estatal, las clases que detentan el poder perpetúan deliberadamente las mismas condiciones que sostienen la crisis.
Con Información de elsiglo.cl
