Las amenazas de muerte contra la periodista y concejala de Ñuñoa Alejandra Valle generaron una condena transversal. Los mensajes aparecieron durante una transmisión del programa La Voz de los que Sobran, a través de redes sociales, y señalaban explícitamente: “hay que matarla”.
El episodio fue expuesto este martes por el periodista Rodrigo Herrera, quien anunció que los antecedentes serán puestos a disposición de la Fiscalía y que se ejercerán todas las acciones legales correspondientes.
Valle rechazó las intimidaciones y afirmó que no permitirá que la violencia condicione su trabajo periodístico ni su participación en la vida pública. “Yo no me voy a callar. No me van a silenciar, no nos van a silenciar”, sostuvo durante la transmisión. También reconoció el impacto de este tipo de agresiones en su vida cotidiana: tras conocer la amenaza, sintió temor al caminar por la calle. Advirtió que no se trata de un episodio aislado, porque recibe habitualmente insultos y mensajes de hostigamiento por sus opiniones y su labor pública.
Entre las muestras de solidaridad destacó la del alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, quien, pese a las diferencias políticas que ha mantenido con la concejala, expresó públicamente su apoyo. “Mi respaldo y cariño a Alejandra Valle. Ninguna diferencia puede transformarse en ofensas o amenazas”, señaló en la red social X. Sichel agregó su repudio a lo ocurrido y destacó las acciones judiciales contra el responsable, con un llamado a que estos hechos sean sancionados. “En política, la violencia nunca es aceptable, contra nadie”, enfatizó.
En una declaración pública, el Colegio de Periodistas de Chile condenó enérgicamente las amenazas de muerte, los insultos sexistas y las expresiones de violencia dirigidas contra Valle, y le entregó su respaldo irrestricto y solidaridad gremial. La organización advirtió que ninguna diferencia política, editorial o de opinión puede justificar la intimidación y el hostigamiento contra quienes ejercen el periodismo. También alertó sobre el componente misógino y sexista de estas agresiones, que reproducen prácticas de violencia digital contra mujeres que desarrollan labores comunicacionales y de representación pública.
“Cuando se amenaza a una periodista por su trabajo, sus opiniones o su presencia en el espacio público, no solo se vulnera su integridad y seguridad personal, sino también la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a recibir información plural y diversa”, señala la declaración.
Frente a la gravedad de los hechos, la Orden exigió al Ministerio Público y a las policías especializadas una investigación urgente, que incluya peritajes de la Brigada del Cibercrimen de la Policía de Investigaciones y del OS-9 de Carabineros, además de medidas efectivas de protección para la profesional. También emplazó a la plataforma X a cumplir sus políticas de seguridad y moderación frente a contenidos que incitan a la violencia y al odio, y solicitó su colaboración con las autoridades judiciales mediante la entrega de los antecedentes técnicos que sean requeridos.
Uno de los principales puntos planteados por el gremio apunta a la necesidad de destrabar la tramitación del proyecto de Ley de Protección a Periodistas y Personas Trabajadoras de las Comunicaciones, correspondiente al Boletín N.º 14.964-24, que permanece en su segundo trámite constitucional en la Comisión de Derechos Humanos del Senado. El Colegio cuestionó que, mientras periodistas y trabajadores de las comunicaciones enfrentan amenazas, agresiones y hostigamientos, la iniciativa continúe detenida, sin avanzar hacia la discusión particular y el tratamiento de sus indicaciones. El proyecto busca establecer herramientas y obligaciones concretas para que el Estado pueda prevenir, abordar y responder frente a las agresiones que afectan el ejercicio del periodismo, tanto en espacios digitales como presenciales. Además, llamó al Senado y al Gobierno a destrabar la Ley de Protección a Periodistas.
Finalmente, la organización llamó a los medios de comunicación, las organizaciones políticas, las instituciones y la ciudadanía a no normalizar los discursos de odio, las amenazas ni las distintas formas de violencia contra periodistas. “Las amenazas no pueden quedar impunes. El periodismo no se intimida y la democracia no puede guardar silencio”, concluye la declaración de las y los periodistas.
Daniela Pizarro. Periodista. El Siglo. 5 de noviembre de 2026.
Con Información de elsiglo.cl
