Hay semanas que parecen durar un año. La que transcurre entre el 14 y el 27 de octubre de 2026 es una de ellas. Todo comenzó con una planilla de Excel en Nueva York.
El lunes 14 de octubre, Bloomberg publicó el dato que la Superintendencia no quería entregar: las siete AFP perdieron 7.700 millones de dólares en una apuesta con derivados sobre las tasas de interés de Estados Unidos. El Fondo E, el fondo de los adultos mayores, el que los ejecutivos de las AFP recomiendan cuando a una persona le faltan cinco años para jubilarse porque «es el más seguro», cayó -10,4% real entre enero y septiembre.
La cifra no es menor. Involucra a 770.000 afiliados, de los cuales el 10% tiene más de 60 años y estaba a meses de jubilarse. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, tuvo que respaldar al 100% una investigación contra las siete AFP por un eventual incumplimiento del «deber de lealtad». La Asociación de AFP afirmó que no se trató de una apuesta, sino de una «estrategia de largo plazo». Desde fuera, el Colegio de Profesores lo calificó como fraude social.
El gobierno ultraconservador, que convirtió la defensa de las AFP en un dogma, quedó sin discurso. Y al día siguiente, cambió su discurso.
El martes 21 de octubre, a las 8 de la mañana, Interferencia reveló que el Ministerio de Justicia, entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026, firmó 56 decretos de rebaja de condena a abusadores y violadores de niños: 27 por abuso sexual infantil y 29 por violación. Es decir, una cada tres días. Solo hubo una solicitud rechazada. Todos fueron firmados «por orden del Presidente de la República».
La ley 21.421, de 2022, prohíbe expresamente otorgar ese beneficio a condenados por delitos sexuales contra menores. El ministro Fernando Rabat respondió que se trataba de «cumplimiento de sentencia de la Corte Suprema», que acogió amparos anteriores a la ley.
La explicación técnica da lo mismo. El efecto político fue inmediato y brutal: la discusión sobre swaps, derivados y rentabilidad negativa, compleja y lejana, quedó sepultada por un debate moral simple y repulsivo. ¿Cómo un gobierno que dijo «jamás indultaría a abusadores de niños, jamás» firma 56 rebajas en seis meses?
¿Fue contumaz? ¿Una estrategia para bajarle el perfil a la debacle de las AFP? La cronología no prueba la intención, pero sí el efecto: el 20 de octubre todos hablaban del Fondo E; el 21, nadie.
Pero la realidad no se tapa con otra realidad. Al día siguiente, la realidad volvió al surtidor.
El miércoles 22 de octubre, ENAP publicó su informe. Se trató de la quinta alza consecutiva y la más dura del año: gasolina de 93 y 97 octanos +$41,3 por litro; diésel +$91,5 por litro, el alza más pronunciada, con un precio promedio histórico de $1.558 por litro; y kerosene +$24,8.
Desde fines de julio, el diésel acumula +$401,4. Representa el 40% del costo de un flete. La Confederación de Dueños de Camiones advierte que han superado el 60% de incremento en costos y convoca a una consulta nacional para el 4 de noviembre. La Federación de Valparaíso, zona portuaria, ya no quiere diálogo.
Así se llega a este lunes.
El lunes 27 de octubre, en San Antonio, la Agrupación de Camioneros Independientes de San Antonio —cerca de 100 camiones que ya hicieron una caravana el viernes pasado desde Ojos de Mar— anunció un bloqueo. No es solo por el diésel. También es por las tarifas congeladas desde 2021 y por los cuatro nuevos pórticos TAG que se instalarán en los accesos al puerto, dos por sentido. Cobrar por entrar a trabajar.
La Delegación Presidencial dice que no habrá cortes. En paralelo, los portuarios se declaran en estado de alerta por los mismos pórticos y advierten una paralización de operaciones. La Federación Regional de la Quinta Región dice no convocar, pero comparte la demanda y advierte: si no hay un mecanismo de fuel surcharge —traspasar el costo del combustible al generador de carga—, la movilización se extiende a todo Chile.
San Antonio mueve el 40% de lo que Chile importa y exporta. Si San Antonio se para un día, se para Chile.
Esa es la tormenta perfecta: un gobierno que pierde el dinero de los jubilados en el Fondo E, que rebaja condenas a 56 violadores de niños, que ve cómo el diésel toca un máximo histórico y que llega al lunes sin capital moral para pedirle a un camionero que no bloquee el puerto.
El lunes no se sabrá si la estrategia fue tapar un escándalo con otro. Lo que se sabrá es si Chile sigue moviéndose.
Con Información de desenfoque.cl
