La promesa de mano dura contra quienes causan daño enfrenta un examen de coherencia cuando las víctimas son niños. La frase «Kast prometió mano dura y no se lo enrostran» resume el cuestionamiento.
El Ministerio de Justicia otorgó rebajas de condena a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores: 27 por abuso sexual y 29 por violación. Según los antecedentes, las rebajas se habrían concedido entre marzo y septiembre de 2026, de forma administrativa y mediante decretos. El ministro Fernando Rabat las defiende como ajustadas a la doctrina de la Corte Suprema. La presidenta de ese tribunal, Gloria Ana Chevesich, indicó que fue el propio ministro quien dictó los decretos en ejercicio de sus atribuciones legales. Rabat también afirmó que el Presidente no sabía de las rebajas y que la mayoría de los beneficiados ya estaría en libertad.
Seis bancadas de oposición —Frente Amplio, PS, PC, DC, PPD y Partido Liberal— calificaron la respuesta del gobierno como «tardía, insuficiente e irresponsable», solicitaron a Kast remover al ministro, anunciaron una sesión especial para el miércoles 28 de octubre y el inicio de la preparación de una acusación constitucional. En el oficialismo también hay incomodidad: la diputada Marlene Pérez pidió revertir las decisiones, y los diputados republicanos Valentina Becerra y Luis Fernando Sánchez propusieron legislar para limitar las rebajas en delitos graves.
Kast llegó a La Moneda con la seguridad como uno de los ejes de su discurso. Su plan anticrimen, presentado en la campaña de 2025, planteaba endurecimiento de penas y cárceles superseguras, y él mismo lo describió como una «declaración de guerra contra el crimen organizado». Un titular de Ex-Ante resume su discurso como «mano dura en seguridad». Ese es el compromiso que muchos votantes recuerdan.
En la declaración de las bancadas y en las notas revisadas, el contraste directo entre esa promesa y estas 56 rebajas de penas casi no aparece como argumento. No se afirma que nadie lo haya dicho, sino que no se encontró en lo leído. Se discute si el ministro debe salir, si el Presidente sabía y si hay votos para una acusación. Sin embargo, queda en el aire la pregunta simple que haría cualquiera que votó por la mano dura: ¿vale esa promesa también cuando la víctima es un niño y el beneficiado es alguien que ya fue condenado por violarlo?
La situación parece una paradoja política y, a la vez, un punto de coherencia. La mano dura que se predica contra la delincuencia común no puede tener una excepción silenciosa para otros delitos. La oposición, por su parte, haría bien en recordar que su propio llamado a la unidad en defensa de la niñez exige pedir coherencia a todos, no solo al adversario.
Se puede llamar sonrojo a la señal del cuerpo que avisa que algo importa y que algo falló. En este caso, corresponde al menos en tres lugares. Corresponde a quien firmó o avaló decretos que, aunque pudieran sostenerse en una doctrina, tuvieron efectos que no calzan con lo que se dijo a los ciudadanos. Corresponde a quien prometió y hoy calla, o se limita a que un ministro lo explique, como si la promesa hubiera sido de otro. Y corresponde, con honestidad, a todos los sectores que han usado a las víctimas como argumento cuando conviene y las han olvidado cuando no.
Un sonrojo no es una condena. Es información: avisa que algo importa. Quien aún se sonroja todavía puede escuchar. Lo que más preocupa en estos días es la posibilidad de que no ocurra: que la discusión se vuelva una pelea de bancadas, de lealtades y de votos, y que las personas que importan —las víctimas y quienes temen volver a cruzarse con su agresor en la calle— queden a un costado.
Como hipótesis de trabajo, se identifican tres sorderas. La de quien administra: oyó la doctrina jurídica y no la señal social ni el temor de las víctimas. La de quien lidera: se informa tarde, o dice que no sabía, cuando su primera tarea es saber lo que se hace en su nombre. Y la de la discusión pública, que escucha el ruido de la pelea y no a las víctimas. Cuando se escucha tarde a las víctimas, la reparación ya no les llega a tiempo.
Se proponen cuatro movimientos como hipótesis de trabajo. Apapachar, en política pública, es reconocer el daño y el miedo antes de defender un criterio: decirles a las víctimas «los vemos y nos importa lo que sienten», antes de explicar la doctrina. Escuchar es convocar a las víctimas, a las organizaciones de protección de la niñez y a los equipos que las acompañan, y preguntar qué necesitan saber y qué temen. Resonar es dejar que eso cambie la decisión, no solo el comunicado: si cada rebaja otorgada puede significar un temor nuevo, la regla debe cambiar con eso a la vista. Verificar es lo más concreto: que alguien distinto de quien decidió compruebe cuántas rebajas hubo, a quiénes, con qué criterios, cuántos salieron en libertad y qué se informó a las víctimas.
Con el test del juguete, una promesa de mano dura es herramienta si se puede revisar con metas y plazos, si alguna persona concreta quedó más protegida y si alguien independiente lo comprueba. Si no, es un juguete.
Se pide, con fecha, que el gobierno informe antes del 28 de octubre, con datos completos, cuántas rebajas hubo, desde cuándo, con qué base legal y cuántos beneficiados están hoy en libertad. Que informe a las víctimas, directamente y con cuidado. Que el Presidente diga públicamente si la mano dura que prometió incluye a quienes abusan de niños, y qué hará para que así sea. Que se revisen los decretos con alguien externo al Ministerio. Y que, mientras se discute una eventual acusación constitucional, se priorice a las víctimas y no la pelea. Eso no es ideología; es lo mínimo que se le debe a quien ya sufrió.
Una promesa política se vuelve verdad cuando se cumple justo donde es difícil. Si la mano dura vale contra los delincuentes que asustan en televisión, debe valer también contra quienes dañaron a un niño. De lo contrario, no era mano dura: era un eslogan.
Con Información de desenfoque.cl
