En un artículo firmado el 23 de octubre de 2026, el abogado Fernando Monsalve sostiene que la justicia en el régimen capitalista nunca ha sido un órgano neutro, sino una justicia de clase diseñada y sostenida para proteger los privilegios de los poderes fácticos, económicos y políticos.
1. El mito de la neutralidad y la esencia de la justicia de clase
Monsalve afirma que la democracia burguesa se legitima a partir del mito de la equidad formal ante la ley. Desde tribunas institucionales y aparatos de hegemonía cultural, se repite que las instituciones judiciales actúan como un árbitro neutral e imparcial, con independencia suficiente para equilibrar los conflictos de la sociedad civil. Sin embargo, añade, la realidad material desmiente esa abstracción idealista. La justicia en el régimen capitalista no es ni ha sido nunca un órgano neutro: es una justicia de clase, una estructura concebida y sostenida minuciosamente para salvaguardar los privilegios de los poderes fácticos, económicos y políticos.
El autor cita a Karl Marx en El Manifiesto Comunista: «el Gobierno del Estado moderno no es más que una junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa». En esa línea, sostiene que el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y los tribunales electorales no son islas de imparcialidad, sino engranajes fundamentales de la superestructura jurídica e ideológica destinada a reproducir la dominación del capital y la impunidad de sus custodios. Según Monsalve, la derecha recalcitrante que gobierna hoy siempre ha sabido y manejado esta situación, marcando una diferencia brutal frente a la omisión, complicidad o desconocimiento de los gobiernos que supuestamente buscan emparejar la cancha y las condiciones sociales.
2. La complicidad del progresismo y la preservación del poder
Para comprender la magnitud de la crisis actual, Monsalve considera indispensable examinar la responsabilidad histórica del gobierno anterior y de las fuerzas del progresismo socialdemócrata. Aunque se presentaron como alternativas de transformación estructural para las clases populares, esos proyectos políticos evitaron deliberadamente intervenir la matriz profunda del aparato judicial. No modificaron en nada las estructuras de nombramientos, las redes de tráfico de influencias ni las dinámicas de cooptación de las cúpulas del poder de persecución.
Al negarse a impulsar una refundación radical de las instituciones, agrega, el progresismo conciliador actuó como garante de la continuidad del orden imperante. Cita a Vladimir Lenin en El Estado y la revolución: «el Estado es el producto y la manifestación del carácter irreconciliable de las contradicciones de clase». Pretender «humanizar» o administrar con modales técnicos el aparato estatal burgués sin desmantelar sus cimientos de clase solo profundizó la indefensión del pueblo, según el autor. El resultado inmediato fue la consolidación de un sistema hipertrofiado de discriminación penal, civil y laboral: protección corporativa para las élites y rigor implacable para los sectores desposeídos.
3. El Lawfare y la deformación del aparato persecutor
Monsalve sostiene que esta disparidad de clase se manifiesta con claridad en el accionar del Ministerio Público y las fiscalías especializadas. Lejos de actuar bajo el principio de objetividad, afirma, se ha consolidado el lawfare o guerra jurídica como herramienta política. La manipulación de los tiempos procesales, la oportunidad arbitraria de las formalizaciones y la filtración selectiva de carpetas investigativas funcionan con un doble rasero explícito: se persigue y desgasta al adversario político mientras se diseñan imputaciones desprolijas, endebles y deliberadamente defectuosas para garantizar la posterior absolución, sobreseimiento o prescripción de los grandes agentes del poder económico y estatal.
El autor señala que los nombramientos de fiscales nacionales y regionales son una declaración política de lo que se viene para la sociedad: a quiénes se perseguirá de manera directa e inmediata, a quiénes de manera laxa y objetiva, y a quiénes simplemente se protegerá al no profundizar las investigaciones. A su juicio, no son antojadizas las pésimas investigaciones, acusaciones y juicios que han implicado impunidad directa en casos de estallido social y agentes represivos, de ex ministros ni de grandes empresarios, todos hoy libres e impunes.
4. La infamia del ministro Rabat: impunidad activa para criminales de lesa humanidad y depredadores sexuales
Bajo la actual administración de extrema derecha, continúa Monsalve, el fenómeno de la justicia de clase ha dado un salto cualitativo hacia dimensiones aberrantes. La protección estatal ya no se limita a salvaguardar la propiedad privada, la evasión fiscal o los chanchullos de la burguesía financiera; ahora se extiende, bajo la actuación directa e inquisitiva del ministro Rabat, hacia la impunidad efectiva y la liberación de la peor escoria criminal.
La gestión del ministro Rabat representa, según el autor, la expresión más descarada de la complicidad estatal. A través de decretos de dudosa fundamentación, maniobras administrativas desprolijas y una intromisión flagrante en resoluciones del poder judicial, este ministerio ha impulsado activamente la rebaja de penas y el otorgamiento de beneficios penitenciarios a condenados por violaciones sistemáticas a los derechos humanos y a peligrosos abusadores y depredadores sexuales.
Monsalve afirma que se debe nombrar las cosas por su realidad práctica y material: lo que las gestiones del ministro Rabat significan en el día a día es que asesinos de lesa humanidad, torturadores del terrorismo de Estado y depredadores sexuales que destruyeron vidas humanas hoy caminan libres, habitan los mismos barrios y caminan por las mismas calles. No se trata de una falencia técnica ni de un descuido procedimental, subraya, sino de una política de Estado deliberada de amparo a la barbarie.
El autor evoca a Antonio Gramsci en sus Cuadernos de la cárcel, quien reflexionaba sobre cómo la clase dominante articula su hegemonía combinando la fuerza coercitiva con el consenso moral, y cómo la degradación moral del aparato de justicia erosiona las garantías mínimas de la sociedad civil. Cuando un ministro de Estado actúa como defensor fáctico de los criminales más feroces, sostiene Monsalve, la noción de justicia queda pulverizada. La clase protegida ha extendido sus fronteras: la oligarquía no solo cuida sus bolsillos, sino que ahora garantiza impunidad a los agentes del horror dictatorial y a los agresores sexuales, dejando en total indefensión y desamparo a las familias trabajadoras, a las mujeres y a las víctimas.
5. Conclusión: la urgencia ineludible de la refundación popular
Para Monsalve, la podredumbre del sistema judicial no se soluciona con parches cosméticos ni con llamados bienintencionados a la ética pública. Es la consecuencia lógica e inevitable de una legalidad pensada por y para los opresores. Ni la extrema derecha con sus ministros cómplices de la barbarie, ni la centroizquierda con su histórica cobardía transformadora, van a tocar los cimientos de esta justicia de clase, sentencia.
La conquista de una justicia verdadera, una justicia con perspectiva de clase y de dignidad humana, exige desmantelar de raíz la institucionalidad burguesa heredada, concluye el autor. Solo mediante la organización y la movilización popular será posible edificar un sistema judicial con control democrático directo, elección popular de jueces y fiscales, y un compromiso inflexible con la memoria, la verdad y la protección irrestricta de la clase trabajadora contra todo tipo de violencia de Estado y de género.
Notas al pie y referencias teóricas
[1] Marx, Karl y Engels, Friedrich. Manifest der Kommunistischen Partei (El Manifiesto Comunista), 1848. Cita correspondiente a la caracterización del Estado burgués como comité de administración de los intereses de la clase dominante.
[2] Lenin, Vladimir Ilich. El Estado y la revolución, 1917. Análisis sobre la naturaleza irreconciliable de las contradicciones de clase y el rol del aparato coercitivo estatal.
[3] Gramsci, Antonio. Quaderni del carcere (Cuadernos de la cárcel), 1929-1935. Reflexiones sobre la hegemonía, el bloque dominante, la superestructura jurídica y la degradación moral del Estado.
Con Información de elsiglo.cl
