El 12/11/2026, según Radio Nuevo Mundo, la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, cuestionó la respuesta del Gobierno del presidente José Antonio Kast ante las alzas sucesivas de los combustibles, el desempleo y los recortes previstos en el Presupuesto 2027. La dirigente acusó al Ejecutivo de reaccionar tarde y solo ante la presión social, dejando expuestas a las familias trabajadoras al aumento del costo de la vida.
Respecto del proyecto anunciado por el Gobierno para limitar transitoriamente las alzas de las bencinas durante 90 días, Figueroa cuestionó que llegara después de cinco incrementos consecutivos en los precios de los combustibles. A su juicio, el Ejecutivo decidió traspasar directamente el costo a las familias, sin dar respuestas oportunas.
“Cuánta indolencia frente al dolor que han vivido y la angustia que han padecido todas las familias trabajadoras durante estas cinco alzas del precio de los combustibles, donde el Gobierno, de manera muy indolente, no hizo nada, los abandonó y recién hoy día viene a dar respuesta”, sostuvo.
En esa línea, señaló que el debate legislativo debe permitir incorporar propuestas de las bancadas de oposición, entre ellas las del Partido Comunista, para complementar la iniciativa gubernamental. También llamó al Ejecutivo a escuchar las demandas sociales y actuar con responsabilidad, más allá de las presiones que generan las movilizaciones.
Otro de los puntos que abordó fueron las recientes designaciones de exautoridades del Gobierno, cuestionando lo que calificó como prácticas de amiguismo y protección entre integrantes del oficialismo.
En particular, criticó los encargos y nombramientos fuera del país, como el de la exministra Steiner, y señaló la contradicción que representa ese tipo de decisiones en un escenario en que Chile enfrenta más de un millón de personas cesantes.
“Pareciera ser que ya no hay más espacio en el segundo piso como para seguir llevando a exministros o exautoridades a operar a La Moneda. Entonces se aplica este otro criterio: designaciones, encargos fuera del país, agregadurías”, cuestionó.
Figueroa sostuvo que estas decisiones profundizan la percepción ciudadana de que el Gobierno actúa con criterios de cercanía política, en lugar de responder a las urgencias de la población.
La secretaria general del PC también respaldó el calendario de movilizaciones impulsado por organizaciones sociales, destacando las convocatorias estudiantiles, la jornada del 18 de noviembre del sector público y las acciones anunciadas para el 27 de noviembre por las organizaciones de pobladores.
Para Figueroa, estas movilizaciones convergen en el rechazo a un proyecto presupuestario que, según afirmó, profundiza los recortes, reduce el papel del Estado y amenaza las condiciones laborales de miles de trabajadores de la administración pública.
La dirigenta calificó el Presupuesto 2027 como “un presupuesto del abandono, un presupuesto de los recortes”, y advirtió que la reducción o fusión de programas sociales podría dejar a numerosas personas fuera de las redes de protección estatal.
“Los programas sociales que se recortan o que se fusionan finalmente van a quedar cercenados y muchos de quienes gozaban de estos derechos van a quedar fuera de esa protección social, de esta red de protección social del Estado”, señaló.
Frente a este escenario, insistió en la necesidad de fortalecer la unidad entre las organizaciones sociales y los partidos de oposición para construir mayorías capaces de revertir las medidas del Ejecutivo.
“Lo que tenemos es solo inseguridad, incertezas, desprotección y abandono”, afirmó, contrastando la situación actual con las promesas de orden y protección realizadas por Kast durante su campaña presidencial.
En materia laboral, Figueroa planteó la necesidad de ampliar el foco de las políticas de empleo, incorporando no solo a jóvenes y mujeres, sino también a las personas mayores de 55 años, quienes enfrentan crecientes dificultades para reincorporarse al mercado laboral.
La dirigenta advirtió que este grupo constituye una generación intermedia que muchas veces queda fuera de las prioridades de las políticas públicas, pese a las consecuencias económicas y familiares que implica perder el trabajo en esa etapa de la vida.
“En el minuto que queda cesante, todos sus proyectos de vida se vienen abajo y todas sus condiciones de haber salido adelante se derrumban”, expresó, llamando a establecer una atención preferente para este sector de la población.
Finalmente, Bárbara Figueroa confirmó el respaldo del Partido Comunista a las iniciativas impulsadas por la oposición frente a las rebajas de condenas y liberaciones de personas privadas de libertad, incluida la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat.
La dirigenta sostuvo que el debate no debe reducirse exclusivamente a las posibilidades de éxito de la acción constitucional, sino que también representa una señal política frente a decisiones del Ejecutivo que, a su juicio, han comprometido la protección de niños, niñas y adolescentes y la defensa de los derechos humanos.
En ese sentido, recordó los antecedentes de los 56 decretos de rebaja de condenas, entre ellos casos de condenados por delitos sexuales contra menores de edad, violaciones a los derechos humanos y personas vinculadas al crimen organizado. También mencionó la detención en la frontera de Arica de una persona vinculada al Tren de Aragua que habría reincidido tras ser liberada.
Figueroa cuestionó especialmente que, pese al reconocimiento de errores en el proceso, el pasado 5 de noviembre se haya firmado un nuevo decreto para liberar a una persona condenada por homicidio: “Nos parece a nosotros que no hay justificación alguna para decirle a la oposición que no usemos todos los instrumentos que nos da la ley y las herramientas de la Constitución para hacer un juicio político”, enfatizó.
La secretaria general del PC recalcó que la discusión no se agota en el Congreso ni en la acusación constitucional, pero consideró fundamental que la ciudadanía conozca las responsabilidades políticas que, a su juicio, existen detrás de las decisiones adoptadas por el Ministerio de Justicia y el Gobierno.
Con Información de elsiglo.cl
