Valparaíso, 13/11/2026. Tras más de 20 horas de discusión, la Cámara de Diputadas y Diputados despachó al Senado el proyecto de Ley de Presupuestos 2027. Las partidas de Educación, Interior, Minería, Mujer, Culturas, Segegob y Ciencia concentraron las principales controversias. La iniciativa continuará ahora su tramitación en el Senado.
La sesión se prolongó hasta pasadas las seis de la mañana de este viernes y estuvo marcada por los cuestionamientos al ajuste fiscal impulsado por el Gobierno, los recortes en distintas áreas del Estado y las diferencias entre parlamentarios de oposición y oficialismo.
El resultado dejó siete partidas sin aprobación: Interior, Educación, Secretaría General de Gobierno (Segegob), Minería, Mujer y Equidad de Género, Culturas y Ciencia. En este último caso, los recursos ya habían quedado sin respaldo durante la discusión de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y el Ejecutivo no presentó indicaciones para reponerlos.
De acuerdo con los antecedentes publicados por la Cámara y distintos medios de comunicación, los rechazos se produjeron principalmente en los gastos variables de los ministerios, lo que no significa que todas sus funciones y obligaciones institucionales hayan quedado automáticamente sin financiamiento.
El rechazo de los recursos para los distintos ministerios estuvo acompañado de cuestionamientos específicos a las políticas de ajuste presupuestario y a las prioridades definidas por el Ejecutivo.
La partida del Ministerio del Interior terminó empatada en 71 votos a favor y 71 en contra. Las críticas se concentraron en los recortes a Senapred, la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) y el programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía, conocido como Ley Cholito. También se cuestionaron las reducciones que afectan la capacidad de respuesta del Estado frente a emergencias y necesidades territoriales.
El presupuesto del Ministerio de Educación fue rechazado luego de un empate de 72 votos a favor y 72 en contra. La discusión estuvo marcada por los cuestionamientos a los recortes en programas educacionales, el financiamiento de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), jardines infantiles, salas cuna y alimentación escolar. Pese al rechazo de la partida, se mantuvieron diversas glosas de información para fiscalizar el funcionamiento de estos programas.
La partida del Ministerio de Minería fue rechazada por un empate de 59 votos a favor y 59 en contra, con ocho abstenciones. El debate estuvo atravesado por las críticas a la situación de Codelco, las decisiones sobre el futuro de la empresa estatal y las reducciones presupuestarias para el sector. El resultado se produce además en medio de la controversia sobre la eventual incorporación de capital privado a la principal empresa pública del país.
La Secretaría General de Gobierno (Segegob) fue rechazada por 54 votos en contra, 44 a favor y 19 abstenciones. Las críticas apuntaron a la conducción comunicacional del Ejecutivo y a la gestión política de la Secretaría de Estado.
La partida del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género fue rechazada por 58 votos a favor y 59 en contra. Entre los cuestionamientos estuvieron los ajustes a programas dirigidos a mujeres y la decisión gubernamental de cerrar la Fundación Prodemu.
El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio fue rechazado por 59 votos a favor y 60 en contra. La discusión estuvo marcada por una reducción presupuestaria de aproximadamente $49 mil millones y por la controversia sobre el financiamiento de los sitios de memoria y las instituciones culturales.
El Ministerio de Ciencia se sumó a las partidas sin recursos, luego de que su financiamiento quedara fuera durante la discusión de la Comisión Mixta de Presupuestos y el Gobierno no presentara indicaciones para restituirlo.
Además, la discusión presupuestaria dejó una serie de programas y organismos sin aprobación de recursos específicos: el Instituto Nacional de Deportes (IND), dependiente del Ministerio del Deporte; el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis); el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia; recursos para el Serviu de la Región de Tarapacá; y gastos de las subsecretarías del Ministerio del Trabajo, incluida la Subsecretaría del Trabajo, la Subsecretaría de Previsión Social y materias vinculadas a la Dirección del Trabajo.
También se negó la asignación presupuestaria correspondiente al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), incluida en la partida del Tesoro Público. Otro punto relevante fue la negativa a la solicitud del Ejecutivo para autorizar un endeudamiento de hasta US$25.000 millones. Asimismo, la Cámara rechazó una disposición que flexibilizaba las condiciones para iniciar materialmente determinadas obras públicas adjudicadas mediante trato directo, licitación privada o licitación pública.
Uno de los aspectos más sensibles de la discusión presupuestaria ha sido el financiamiento de los sitios de memoria. Según antecedentes publicados por Radio Universidad de Chile, las modificaciones presupuestarias dejaron con asignaciones de apenas $1.000 anuales a instituciones como Londres 38, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, la Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional, el Centro Cultural Museo y Memoria de Neltume y la Corporación de Ex Presos Políticos de Pisagua.
Las organizaciones denunciaron que el financiamiento conjunto de los sitios de memoria, sin considerar al Museo de la Memoria, pasaría de $2.887 millones en 2026 a cerca de $618 millones después de las modificaciones introducidas en la Comisión Mixta, lo que representa una disminución de 78,6%.
La Red Nacional de Sitios de Memoria, la Coordinadora Nacional de Sitios de Memoria y agrupaciones de familiares de víctimas exigieron al Gobierno y al Congreso restituir los recursos, advirtiendo que estos recortes ponen en riesgo el funcionamiento de espacios fundamentales para la memoria histórica y la educación.
El diputado del Partido Comunista (PC) e integrante de la Comisión de Minería y Energía Bernardo Salinas Maya fundamentó su rechazo a la partida del Ministerio de Minería del Presupuesto 2027, advirtiendo que la propuesta del Ejecutivo debilita la fiscalización de las faenas mineras y no contempla recursos adicionales para fortalecer la pequeña minería y la pirquinería.
“Acabamos de rechazar la partida de minería por dos razones fundamentales. Una es porque no podemos hoy día vender cobre con sangre porque van 13 mineros fallecidos”, señaló el parlamentario y agregó que el presupuesto busca “bajar la capacidad que tiene SERNAGEOMIN para poder fiscalizar a las empresas, sobre todo a las grandes empresas, incluido CODELCO”.
Respecto del fomento productivo, Salinas cuestionó que el Ejecutivo no incremente los recursos destinados al sector, dijo que «no genera ningún recurso adicional, que son muy pocos los recursos, para lo que tiene que ver con el programa de desarrollo minero para la mediana y pequeña minería. Y para la pirquinería no aporta absolutamente nada».
El legislador también abordó la situación de Codelco, planteando que es necesario mejorar su gestión, pero descartando tajantemente cualquier posibilidad de privatización. “Jamás se le pase ni a este gobierno, ni a ninguno, que CODELCO pueda ser privatizado, es parte de nuestra historia, es parte del sueldo de Chile, como dijo el Presidente Salvador Allende”, aseguró.
En tanto, la diputada del PC, Irací Hassler, cuestionó duramente el presupuesto destinado a Mujeres para 2027, partida que fue rechazada en la Cámara de Diputadas y Diputados, apuntando a los recortes en programas de promoción del empleo, capacitación y autonomía económica de las mujeres. “Quiero hacerle una pregunta al Ejecutivo: con el 10,5% de desempleo en mujeres, ¿Cómo se les ocurre recortar los recursos que van directamente a la promoción de empleo y la autonomía económica de las mujeres? Realmente es incomprensible”, señaló.
Y añadió que “¿Cómo pretende el gobierno enfrentar el desempleo femenino si recorta las oportunidades para las mujeres y debilita las herramientas que permitan alcanzar la autonomía económica? Estamos hablando de miles de mujeres que necesitan capacitación, apoyo y no que el Estado les dé vuelta la espalda. Esto además junto a la Ley Integral para Prevenir y Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, donde también se reducen los recursos destinados directamente a prevenir y atender la violencia contra las mujeres”.
Además, la parlamentaria sostuvo que el recorte en materia de DDHH y Memoria es una decisión ideológica. “Es una decisión política e ideológica contra la memoria histórica y los derechos humanos y no es una decisión aislada. El gobierno ya había propuesto recortar un 25% al Fondo de Sitios de Memoria, sin embargo fueron más allá y con estas indicaciones pretenden eliminarlos. Sepan que no van a eliminar la memoria y es fundamental defender estos espacios, porque son lugares donde un país se mira a sí mismo”, destacó.
Con Información de elsiglo.cl
