El Siglo, 05/11/2026. El presidente Santiago Peña presentó su dimisión el jueves 5 de noviembre de 2026, en medio del escándalo por Ueno Bank, las protestas ciudadanas y el avance de un juicio político en el Congreso. La crisis golpea al Gobierno del Partido Colorado y abre un nuevo escenario de inestabilidad institucional en Paraguay.
La crisis política y financiera que afecta a Paraguay culminó con la renuncia de Peña, quien anunció ese jueves que abandonaba el cargo en un contexto de crecientes cuestionamientos por el colapso de Ueno Bank y por denuncias sobre el manejo de recursos públicos vinculados a esa entidad financiera.
La dimisión ocurrió cuando la Cámara de Diputados se preparaba para avanzar en un juicio político contra el mandatario, a quien sectores de la oposición acusaban de un “grave y sistemático mal desempeño de sus funciones”. La presión también empezaba a extenderse dentro del propio oficialismo, debilitando la continuidad de su administración.
La crisis estalló después de que el Banco Central del Paraguay interviniera Ueno Bank, al detectar un deterioro de su solvencia por debajo de los mínimos legales exigidos. La situación dejó a cerca de 2,9 millones de clientes afectados por restricciones para acceder a sus depósitos, lo que generó preocupación entre ahorrantes, trabajadores y pensionados.
Uno de los aspectos más graves del escándalo es que la institución financiera había administrado importantes recursos públicos, entre ellos fondos del Instituto de Previsión Social (IPS), organismo encargado de las pensiones y prestaciones de salud de millones de paraguayos. Esto abrió interrogantes sobre los mecanismos de supervisión financiera y sobre las eventuales responsabilidades políticas por la relación entre el banco y el Gobierno.
En su mensaje de renuncia, difundido por redes sociales, Peña justificó su decisión al señalar que buscaba preservar la estabilidad nacional, la paz social y las instituciones democráticas. También pidió disculpas a la ciudadanía y afirmó que debía garantizarse la devolución de los ahorros de los afectados.
Sin embargo, sus explicaciones no detuvieron la ofensiva política. Minutos después de conocerse su dimisión, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 78 votos, avanzar en su destitución mediante un juicio político y trasladó el proceso al Senado.
La situación representa un duro golpe para el Partido Colorado, fuerza política con una prolongada hegemonía en Paraguay, que ahora enfrenta cuestionamientos por la conducción económica, los vínculos entre el poder político y los grupos financieros y la utilización de recursos públicos.
Tras la renuncia de Peña, el vicepresidente Pedro Alliana aparece como su sucesor constitucional y deberá asumir la conducción del Ejecutivo hasta el término del actual período presidencial, previsto para agosto de 2028, una vez formalizada la sucesión institucional.
La salida de Peña deja al descubierto una crisis que va más allá de la caída de una entidad bancaria. Están en juego la confianza ciudadana en las instituciones, la protección de los ahorros de millones de personas y la responsabilidad de las autoridades frente al manejo de recursos públicos.
La renuncia presidencial constituye una de las mayores crisis políticas recientes de Paraguay y plantea una exigencia fundamental: que se investiguen las responsabilidades, se garantice la restitución de los recursos de los ahorrantes y se esclarezcan los vínculos entre el poder económico y el político.
La ciudadanía paraguaya no solo demanda un cambio de autoridades, sino también respuestas concretas frente a una crisis que compromete sus ingresos, sus pensiones y la confianza en el sistema democrático.
Con Información de elsiglo.cl
