Por Jean Flores Quintana, politólogo, 06/11/2026.
El artículo sostiene que los mismos centros de estudios que en 2022 pronosticaron la ruina inmediata del país para frenar la primera propuesta constitucional exigen ahora paciencia de largo plazo frente al crecimiento cero, la parálisis productiva y las rebajas de impuestos recién firmadas en La Moneda. Plantea que en Chile la urgencia económica depende de quién pague la crisis: si un proyecto popular roza los márgenes de ganancia de los grandes directorios, economistas salen a pronosticar el hambre en cuestión de horas; en cambio, si un gobierno de derecha rebaja tributos a las mineras con un millón de trabajadores en la calle, esos mismos expertos guardan las alarmas y recetan calma hasta la próxima década.
Añade que basta abrir los diarios de 2022 para recordar la campaña del terror frente al texto constitucional que establecía un Estado Social y Democrático de Derecho. Cuando la propuesta incorporó la negociación colectiva por rama, el fin del lucro previsional, la recuperación pública del agua y un desarrollo con valor agregado, consultores y académicos empresariales coparon matinales, radios y portadas anunciando fuga instantánea de capitales, bloqueo del crédito y quiebras masivas. Según el texto, en esos meses ninguno de esos catedráticos dio margen para evaluar cómo mejores salarios levantan el consumo interno y sostienen las ventas de los pequeños talleres y comercios, ruta histórica que siguieron los propios países de la OCDE donde varios de ellos cobraron sueldo como altos funcionarios. Cualquier derecho social se tasaba al contado como ruina financiera.
El artículo menciona la idea de que los inversionistas “recuperen la confianza” y afirma que, cuatro años más tarde, con la derecha —que el texto califica de fanática y ortodoxa— instalada en La Moneda, el libreto mediático estira todos los calendarios. El viernes 30 de octubre, en conversación con el periodista Juan Manuel Astorga en Radio Infinita, el execonomista jefe de la OCDE y académico de la Universidad del Desarrollo, Klaus Schmidt-Hebbel, admitió que Chile vive su peor crisis desde la pandemia, dio por perdido 2026 con un crecimiento cercano a cero y constató un 9,8% de desocupación que tiene a más de un millón de personas buscando empleo.
Según el texto, pidió paciencia y fijó un plazo de cuatro a siete años para ver mayor producción minera gracias a las rebajas tributarias promulgadas hace pocos días en la Ley de Reconstrucción y Desarrollo. Así, tal cual, plantea el artículo, el pueblo de Chile debería esperar siete años para mejorar su situación económica.
El propio cálculo, según la publicación, muestra que la caída actual del cobre viene de inversiones que las transnacionales congelaron hace más de cinco años, aunque el exjefe de la OCDE prefiere pedir otro margen de uno a tres años para controlar la inflación y asume que la cesantía supere los dos dígitos mientras los grandes directorios recomponen su ánimo para invertir.
El texto sostiene que ese reparto del tiempo tiene ganadores inmediatos en el Diario Oficial y perdedores directos en la feria y el paradero de transporte público. Con su rebaja de impuestos ya embolsada por ley, los consorcios mineros y los grupos financieros exigen para 2027 una segunda reforma desreguladora que elimine el Comité de Ministros, recorte la revisión patrimonial del Consejo de Monumentos Nacionales y cierre los tribunales a las comunidades afectadas por faenas extractivas. La ofensiva patronal busca restaurar sin contrapesos la matriz económica de la dictadura, devolviendo al país a los años en que Sergio de Castro y Miguel Kast redactaban decretos a la medida de los conglomerados.
El artículo agrega que las familias trabajadoras deben pagar de su bolsillo el alza de los combustibles, volver con compras incompletas desde la feria y apretarse el cinturón todo el mandato presidencial, lo que el texto describe como la receta de hambre de los ochenta.
También señala que, bajo la idea de que la culpa es de las “terribles medidas antiempleo” del gobierno anterior, y para blindar a los dueños del modelo extractivo reunidos en los salones de ENADE, la vocería empresarial dirige sus críticas contra la liquidación de sueldo de quien vive al día. Schmidt-Hebbel culpó de la destrucción del empleo formal y de la quiebra de las pymes al reajuste del salario mínimo de 350.000 a 529.000 pesos en tres años y cuatro meses, a la jornada de 40 horas, a los siete puntos adicionales de cotización y a la Ley Karin contra el acoso y la violencia laboral. Sobre esta última ley confesó al aire que nadie conoce su costo real, para enseguida estimarle un recargo de entre 6% y 16%. Con esa estimación, según el texto, armó un supuesto encarecimiento real del 50% al contratar, asegurando que un puesto de 550.000 pesos obliga hoy a pagar 825.000 pesos y empuja a reemplazar trabajadores de sueldo mínimo por inteligencia artificial.
Para la derecha política y empresarial, concluye el artículo, cuidar la vida y el descanso del trabajador termina dejando sin trabajo a quienes viven de su sueldo.
En el Chile real —de las comunas populares—, el almacén de barrio, la panadería y el taller mecánico bajan la cortina por falta de clientes cuando cae el poder comprador de los salarios y el Banco Central encarece el crédito con una tasa del 4,5%. Desde el shock de 1975 hasta hoy, sostiene el texto, la receta sigue intacta en Chile: las grandes mineras cobran al contado su beneficio tributario en el Diario Oficial y quien sobrevive con 529.000 pesos al mes financia la crisis esperando sentado a que algún día goteen las ganancias de arriba.
Con Información de elsiglo.cl
