Asunción, 7 de noviembre de 2026. Paraguay atraviesa una de las crisis políticas e institucionales más profundas de los últimos años. La destitución de Santiago Peña se concretó este viernes después de que el Senado lo declarara culpable de mal desempeño de sus funciones en un juicio político que concluyó con 44 votos favorables. La caída del mandatario marca el desenlace de una crisis que comenzó con el colapso de Ueno Bank y terminó comprometiendo directamente al Ejecutivo, al Banco Central y a los principales referentes del oficialista Partido Colorado.
El Senado paraguayo aprobó por unanimidad de los 44 legisladores presentes la destitución de Peña, tras declararlo culpable de mal desempeño de sus funciones. La resolución puso término a su mandato y lo convirtió en el segundo presidente paraguayo de la historia democrática reciente en ser removido mediante un juicio político, después de Fernando Lugo, en 2012.
La decisión se produjo después de que la Cámara de Diputados aprobara la acusación constitucional y remitiera los antecedentes a la Cámara Alta. El Senado rechazó además la solicitud de la defensa de Peña para obtener 72 horas adicionales para preparar sus descargos. Finalmente, el mandatario no compareció personalmente y fue representado por sus abogados Ricardo Preda y Adolfo Ferreiro.
La acusación parlamentaria sostuvo que el Presidente había comprometido los recursos públicos y previsionales mediante actuaciones y omisiones relacionadas con Ueno Bank, además de permitir condiciones de supervisión que habrían favorecido a intereses empresariales vinculados a su entorno. El propio Senado confirmó oficialmente que la decisión se adoptó conforme al procedimiento constitucional de juicio político y que Peña fue declarado culpable y separado del cargo.
Tras la destitución, el vicepresidente Pedro Alliana juró como nuevo Presidente de Paraguay y deberá completar el período hasta agosto de 2028. Su llegada al Ejecutivo ocurre en circunstancias especialmente complejas. Alliana no solamente recibe un país golpeado por el escándalo financiero y las movilizaciones ciudadanas, sino que también enfrenta cuestionamientos por su propio entorno político y por la continuidad de las redes de poder que sostuvieron al Gobierno de Peña.
El cambio de mandatario tampoco significa una ruptura automática con el Partido Colorado, que continúa siendo el principal eje de poder institucional. Por el contrario, la salida de Peña dejó al descubierto las disputas internas de la colectividad y el papel determinante de Horacio Cartes, ex gobernante de Paraguay y actual referente partidario. La crisis también representa un golpe para el proyecto político que llevó a Peña al poder en 2023, luego de presentarse como un mandatario con perfil técnico y experiencia económica. Su salida deja en evidencia los límites de ese discurso frente a las denuncias sobre la relación entre poder político, intereses financieros y administración de recursos públicos.
La destitución tuvo consecuencias inmediatas en el ámbito judicial. Durante la tarde del viernes, la Policía Nacional notificó a Santiago Peña de una orden de detención emitida por el Ministerio Público, que posteriormente se materializó bajo la modalidad de arresto domiciliario. Horas después, el ahora expresidente quedó bajo arresto domiciliario en el marco de una investigación penal por presuntas irregularidades financieras, tráfico de influencias y utilización del cargo para beneficio personal. Al ser declarado culpable en el juicio político, perdió la posibilidad de acceder a la condición de senador vitalicio que la Constitución paraguaya reconoce a los expresidentes electos democráticamente, salvo aquellos que hayan sido sometidos a juicio político y encontrados culpables.
La Fiscalía investiga eventuales delitos vinculados al manejo de recursos financieros, entre ellos lesión de confianza, tráfico de influencias y utilización del cargo para obtener beneficios particulares. Peña niega haber cometido irregularidades y sostiene que la crisis de Ueno Bank corresponde a un problema regulatorio y de supervisión financiera. La investigación también alcanza al expresidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Carvallo, quien fue objeto de una orden de detención. Además, ocho antiguos ejecutivos de la entidad financiera fueron detenidos y otros 27 directivos y ejecutivos enfrentan cargos relacionados con el caso. El Ministerio Público deberá determinar ahora las responsabilidades individuales y establecer si existió una estructura de decisiones destinada a favorecer a determinados grupos empresariales mediante el uso de recursos públicos.
El origen de la crisis está en la intervención de Ueno Bank, dispuesta por el Banco Central del Paraguay el 3 de noviembre, luego de detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo exigido por la legislación. La entidad contaba con aproximadamente 2,9 millones de clientes, una cifra equivalente a casi la mitad de la población paraguaya. La suspensión de sus operaciones dejó temporalmente bloqueados depósitos, tarjetas, aplicaciones y otros servicios financieros, generando incertidumbre entre familias, trabajadores, empresas y organismos públicos.
Uno de los puntos más delicados es la exposición de los fondos previsionales del Instituto de Previsión Social (IPS), que mantenía importantes recursos depositados en la entidad. La situación afecta particularmente a jubilados y beneficiarios que dependen de esos recursos. Frente a la emergencia, el Banco Central comenzó a implementar el Fondo de Garantía de Depósitos, habilitando anticipos para los ahorristas con depósitos de hasta 10 millones de guaraníes en una primera etapa. La cobertura legal alcanza hasta 228,3 millones de guaraníes por depositante y entidad financiera, aproximadamente US$38.000. Según estimaciones de las autoridades, alrededor del 97% de los clientes tendría sus depósitos completamente cubiertos. Sin embargo, el mecanismo de devolución no resuelve automáticamente la situación de quienes mantienen saldos superiores a los límites garantizados ni despeja las dudas sobre el destino de los recursos públicos comprometidos.
La crisis también provocó movilizaciones frente al Congreso en Asunción, donde los manifestantes exigieron la devolución de sus ahorros, responsabilidades políticas y sanciones para quienes resulten involucrados. Las protestas registraron enfrentamientos con fuerzas policiales y elevaron la tensión social.
La salida de Peña estuvo acompañada por movimientos dentro de su propio Gobierno. Entre las renuncias registradas se encuentran las del ministro del Interior, Enrique Riera; el jefe de Gabinete, Javier Giménez; y el asesor jurídico presidencial Roberto Moreno. En paralelo, la asunción de Alliana significó una rápida reorganización de la cúpula institucional. Antonio Barrios dejó su banca en el Senado para asumir la Vicepresidencia de la República, mientras Guadalupe Aveiro ocupó el escaño vacante.
En su primer discurso como presidente, Alliana anunció que buscará racionalizar el gasto público y puso entre sus prioridades la atención de los ahorristas afectados por la crisis bancaria. No obstante, su llegada al poder no despeja las interrogantes sobre la continuidad de las estructuras políticas y económicas vinculadas al anterior Gobierno. El nuevo presidente también enfrenta el desafío de demostrar que su administración podrá garantizar investigaciones independientes y evitar que la crisis termine reducida a un simple recambio de autoridades.
Con Información de elsiglo.cl
