Asunción. 06/11/2026. La crisis política y financiera que sacude a Paraguay alcanzó su punto más crítico luego de que la Cámara de Diputados aprobara por unanimidad, con 78 votos a favor, la acusación constitucional contra el presidente Santiago Peña y remitiera los antecedentes al Senado para iniciar el juicio político. El mandatario enfrenta una acusación por mal desempeño de sus funciones, conflictos de intereses y presuntas irregularidades vinculadas a la entidad financiera Ueno Bank. La crisis también abrió investigaciones penales y provocó el quiebre del respaldo político que sostenía al mandatario.
La decisión se produjo en medio del escándalo provocado por la intervención de Ueno Bank, entidad financiera que enfrenta graves problemas de solvencia y que mantenía depósitos de millones de clientes, además de importantes recursos pertenecientes a instituciones públicas y fondos previsionales.
El proceso contra Peña se desarrolla bajo la causal de mal desempeño de sus funciones, contemplada en el artículo 225 de la Constitución paraguaya. La acusación apunta a una serie de actuaciones y omisiones que, según los parlamentarios denunciantes, comprometen la responsabilidad política del mandatario y ponen en cuestión la independencia de los organismos encargados de fiscalizar el sistema financiero.
La situación adquirió un nuevo giro cuando Peña renunció a la Presidencia durante la misma jornada en que se debatía el juicio político. Sin embargo, su dimisión no pudo ser tramitada por falta de quórum en el Congreso, por lo que continúa formalmente en el cargo mientras avanza el procedimiento constitucional.
Los antecedentes presentados por los diputados acusadores se concentran en cinco áreas que apuntan a la responsabilidad política de Peña y a su relación con el grupo empresarial vinculado a Ueno. La primera se refiere a conflictos de intereses y vínculos empresariales. Una de las principales acusaciones apunta a la participación accionaria que habría mantenido Peña en Ueno Holding y a la designación de Carlos Carvallo como presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), quien anteriormente había encabezado Financiera Ueno. Los parlamentarios cuestionan que una persona con vínculos previos con la entidad financiera haya quedado al frente del organismo encargado de supervisar y fiscalizar el sistema bancario. También denuncian modificaciones impulsadas durante el Gobierno de Peña a las normas sobre conflictos de intereses y puertas giratorias.
El segundo punto es la exposición de los fondos previsionales de los trabajadores. Según los antecedentes expuestos por los fiscales acusadores, la colocación de recursos del Instituto de Previsión Social (IPS) en Ueno Bank alcanzó aproximadamente US$344 millones. Los diputados sostienen que estas operaciones crecieron un 3.035% en 20 meses, superando los límites legales de concentración de depósitos. Se trata de recursos pertenecientes a los trabajadores paraguayos, destinados a financiar prestaciones de salud y pensiones, cuya seguridad quedó comprometida por la crisis de la entidad.
El tercer punto son los presuntos créditos irregulares a empresas vinculadas. La acusación también sostiene que Ueno Bank habría otorgado créditos millonarios a empresas relacionadas con sus propietarios, superando los límites de concentración de riesgos establecidos por la normativa financiera. De acuerdo con las cifras presentadas ante el Senado, estos préstamos alcanzaron 743.784 millones de guaraníes y habrían superado el límite legal del 20% del patrimonio de la entidad, llegando al 30%. Los parlamentarios denunciaron que distintas sociedades relacionadas compartían domicilios y vínculos empresariales, cuestionando la falta de controles efectivos por parte de los organismos fiscalizadores.
El cuarto punto es el presunto enriquecimiento patrimonial y los préstamos incompatibles. Los acusadores también pusieron bajo cuestionamiento operaciones crediticias vinculadas al patrimonio personal del presidente. En particular, señalaron préstamos otorgados por Ueno Bank para financiar la construcción de una propiedad en San Bernardino, cuyo valor declarado por Peña alcanzaría los US$900.000. La acusación sostiene que las condiciones de esos créditos no serían compatibles con los antecedentes patrimoniales del mandatario y cuestiona que se hayan concedido financiamientos cuando la propiedad ni siquiera estaba inscrita a su nombre.
El quinto punto es el deterioro de la confianza en el sistema financiero. Los diputados responsabilizan políticamente al mandatario por el debilitamiento de los mecanismos de supervisión y por la pérdida de confianza ciudadana en el sistema financiero. La intervención de Ueno Bank dejó a cerca de tres millones de clientes enfrentados a restricciones para acceder a sus cuentas, mientras organismos públicos y fondos previsionales mantenían importantes depósitos en la institución.
Las acusaciones fueron presentadas por los diputados que actuaron como fiscales ante el Senado y forman parte del libelo aprobado por la Cámara Baja. No constituyen, por sí mismas, una sentencia judicial sobre la responsabilidad penal del presidente.
Al cierre de esta actualización, el viernes el Senado retomó el juicio político después de que los diputados fiscales presentaran los antecedentes y solicitaran la destitución del Presidente. Peña solicitó una prórroga de 72 horas para preparar su defensa, por lo que el procedimiento enfrenta una nueva instancia de discusión sobre los plazos y garantías del proceso. La Cámara Alta necesita dos tercios de sus integrantes —30 de los 45 senadores— para declarar culpable al mandatario y disponer su destitución. La renuncia, mientras no sea aceptada por el Congreso, no ha producido la vacancia presidencial.
Lo que está en juego va más allá de la continuidad de Santiago Peña. La crisis ha puesto en evidencia los riesgos de la concentración de poder, los conflictos de intereses entre autoridades políticas y grupos económicos, y la fragilidad de los mecanismos de fiscalización de los recursos públicos. En particular, la exposición de los fondos previsionales transforma este escándalo en un problema social de primera magnitud: son los ahorros de los trabajadores y los recursos destinados a sus jubilaciones los que quedaron comprometidos en medio de una crisis bancaria que ahora alcanza directamente al Poder Ejecutivo.
Paraguay enfrenta así una de sus mayores crisis institucionales recientes, con un Presidente políticamente debilitado, un juicio de destitución en curso y una investigación penal que deberá determinar las responsabilidades individuales en el colapso de Ueno Bank.
Con Información de elsiglo.cl
