Hay episodios que vienen ocurriendo hace mucho tiempo. El caso de Fernando Cerimedo, con operaciones asociadas a funcionarios del Gobierno de José Antonio Kast, a Republicanos y empresarios partidarios del “rechazo” en el primer plebiscito constitucional, constituye un ejemplo reciente. También la comprobación de redes regionales de la extrema derecha para incidir en procesos electorales y políticos, instalar la desinformación y la mentira, y el desarrollo de estrategias digitales en manos de grupos ultraconservadores. De igual forma, la activación en Estados Unidos de medios, plataformas, empresas y diseños para redes sociales, para agredir comunicacionalmente a Cuba, donde participaron o tuvieron vínculos funcionarios y empresarios estadounidenses, operadores técnicos, posiblemente entidades de Inteligencia y donde, por cierto, aparece Fernando Cerimedo.
Estos ejemplos recientes —hay otros anteriores y probablemente vendrán más— muestran cómo está operando la extrema derecha, asociada con grandes empresas, consorcios, dirigentes políticos, funcionarios de gobiernos ultraconservadores y posiblemente instituciones de Inteligencia, en el uso de las nuevas tecnologías, la Inteligencia Artificial y plataformas digitales para incidir o intervenir en elecciones, plebiscitos y procesos políticos en América Latina. Con el caso Cerimedo quedó claro que Chile es parte de aquello.
Nadie podría negar el real y vertiginoso avance en Inteligencia Artificial, servicios digitales, formatos y plataformas con nuevas tecnologías, ni tampoco soslayar el impacto de todo eso en las comunicaciones y la política, aparte de otros ámbitos de la convivencia y el desarrollo de la sociedad.
Lo que está sobre la mesa es el uso que se le da a todo eso. Sobre todo si se recurre a esas herramientas para desinformar, distorsionar, manipular, mentir y engañar a la ciudadanía. Para la injerencia en asuntos internos de otros países y para desvirtuar procesos democráticos.
No está demás advertir que, específicamente la extrema derecha, recurre a esas tecnologías y plataformas —que son caras en su administración y ejecución— combinando la labor de operadores y gestores, con financiamientos de empresarios y consorcios privados. Incluso asociada con gobiernos, entidades de Inteligencia y grupos económicos.
Esto hace necesario poner en la agenda este tema del uso de nuevas tecnologías con fines que dañan la democracia, las instituciones, la información, el conocimiento y, finalmente, el funcionamiento sano de las democracias.
Con Información de elsiglo.cl
