A pesar de la captura de Nicolás Maduro en enero y de la existencia de “limitadas mejoras” en la situación del país, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas advirtió que las instituciones estatales responsables de la represión, graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad se mantienen “intactas” en Venezuela.
De acuerdo con el informe presentado por el organismo de la ONU, la intervención militar estadounidense registrada a inicios de año permitió una reducción significativa en las detenciones de larga duración y en las desapariciones forzadas. Asimismo, bajo la gestión de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, se ha registrado un margen algo mayor para el desarrollo de protestas, reuniones públicas y actividades de la sociedad civil.
Sin embargo, el grupo de expertos enfatizó que estos cambios no han estado acompañados por las reformas institucionales indispensables para garantizar una mejora sostenida. El reporte constató que las leyes utilizadas para criminalizar la disidencia continúan vigentes, mientras que las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia conservan esencialmente sus mismas estructuras, políticas y prácticas. A ello se suma que no se han adoptado medidas para desarmar o desmantelar a los grupos colectivos, los cuales persisten como una fuente permanente de intimidación y violencia a nivel comunitario.
La investigación de las Naciones Unidas alertó además sobre la continuidad de la impunidad en el país. Al menos 19 funcionarios previamente identificados por la Misión debido a su participación en violaciones graves a los derechos humanos continúan ocupando cargos clave o han sido reasignados a puestos de relevancia.
En tanto, aunque las excarcelaciones permitieron reducir el número de personas privadas de libertad, organizaciones no gubernamentales estiman que entre 300 y 500 personas permanecen encarceladas por motivaciones ideológicas. Ante este panorama, la experta de la Misión María Eloisa Quintero instó a las autoridades a establecer un marco de justicia transicional centrado en las víctimas y a revertir la salida de Venezuela del Estatuto de Roma para colaborar plenamente con la Corte Penal Internacional.
Con Información de desenfoque.cl
