Con la posesión de Abelardo de la Espriella se cerró en Colombia un ciclo político que comenzó en 2016 con el Acuerdo de Paz de La Habana, se proyectó en el estallido social de 2018 y 2019, y se consolidó con las victorias del Pacto Histórico en las elecciones parlamentarias y presidenciales de 2022. En décadas anteriores, el país se situaba en contravía a los desarrollos políticos progresistas de América Latina, en el contexto de la disputa permanente por el control de la región.
El momento derechizador actual presenta nuevas características. Ya no son los golpes de Estado ni el lawfare los instrumentos para destituir, enjuiciar y encarcelar presidentes, como sucedió con la primera ola de gobiernos progresistas. Ahora existe una guerra de nuevo tipo con armas sofisticadas y una base ideológica más fuerte, enmarcada en la llamada guerra cultural que la extrema derecha considera como la última batalla para eliminar definitivamente a la izquierda.
Se pensaba que Colombia saldría victoriosa en el escenario regional de arrasamiento de la extrema derecha y avanzaría hacia un segundo gobierno progresista. Existían todas las posibilidades de triunfo bajo condiciones normales, pero no se anticipó la arrasadora fuerza del montaje de manipulación, compra de votos, fraude e intervención de Estados Unidos, además del apoyo cibernético y financiero de Israel. El Pacto Histórico estuvo a punto de realizar una victoriosa remontada en la segunda vuelta, especialmente por la acción de la juventud y estudiantes en las calles con sus propias iniciativas y recursos.
El nuevo gobierno aplicará la guerra cultural ultraderechista, con el peligroso agravante del nivel de violencia que ya ha conocido el país. Sus políticas no difieren de otras derechas gobernantes en la región, como la chilena. El desmantelamiento de los avances en derechos laborales, sociales y democráticos es una agenda común. De la Espriella enfrentará el narcotráfico con presencia militar estadounidense, mientras busca reducir el papel del Estado desmontando instituciones sociales y desfinanciándolas.
El gabinete se apoya en viejas castas corruptas, la familia del presidente y su bufete de abogados especializado en defender a narcos y paramilitares. No solo buscan desmontar las reformas sociales del gobierno de Gustavo Petro, sino retomar el neoliberalismo con anuncios como prohibir hablar de “niños y niñas” en las escuelas. La ministra de Educación anunció que sacará a Marx de las aulas para volver a meter a Dios.
Uno de los puntos fuertes de las contra reformas será el tema agrario, revirtiendo la masiva entrega de tierras al campesinado realizada por el gobierno anterior, proceso que se efectuó sin expropiacione mediante la compra de tierras por el Estado a precios de mercado y su entrega gratuita a cooperativas campesinas, o la entrega de haciendas confiscadas a narcos y paramilitares. Se están incrementando las amenazas contra familias campesinas beneficiarias de la reforma agraria, situación que puede ser preludio de un nuevo ciclo de violencias en las regiones.
Además del recetario neoliberal, ambos gobiernos, colombiano y chileno, presentan bastante improvisación, desprolijidad, confusión y pasos erráticos. Las crisis están garantizadas.
Con Información de elsiglo.cl
