La edición de octubre de Pulso Ciudadano (Activa Research) reveló una caída de seis puntos en el respaldo al mandatario, un amplio rechazo ciudadano a la rebaja de penas para condenados por abusos a menores, una creciente exigencia de renuncia para el titular de Justicia y un marcado pesimismo sobre la situación del país.
Ana María Olivares. Periodista El Siglo. Santiago. 01/11/2026.
A menos de ocho meses de asumir el poder, el gobierno de José Antonio Kast enfrenta su momento más complejo. La medición de octubre de Pulso Ciudadano (Activa Research) constató el deterioro del apoyo al Ejecutivo, marcado por el impacto político de los decretos penitenciarios en causas de abusos sexuales infantiles y por el encarecimiento sostenido del costo de vida.
En un solo mes, la aprobación al jefe de Estado cayó 6,1 puntos, hasta 22,1%, mientras que el rechazo a su conducción subió casi diez puntos y llegó a 67,5%.
Se trata del nivel de desaprobación más alto que registra este sondeo desde el segundo mandato de Sebastián Piñera, cuando el entonces gobernante superó el 80% en las semanas posteriores a octubre de 2019. Durante los cuatro años de Gabriel Boric, la desaprobación nunca superó el techo del 64%; su récord fue de 63,6% en 2022. La curva de Kast rompió ese parámetro en solo 8 meses de instalación.
El desgaste se concentra con especial fuerza en los sectores populares y en la población laboralmente activa: en el tramo D-E la desaprobación alcanza 72,6%, y entre las personas de 31 a 40 años llega a 76,3%. A esto se suma el déficit de credibilidad: 61,2% declara tener “poca o nada de confianza” en la palabra presidencial y siete de cada diez encuestados (69,4%) aseguran que el balance de la gestión ha estado “peor de lo que esperaban”.
La mala evaluación se extiende a todo el gabinete, que registra 72,3% de evaluación negativa. Jorge Quiroz (Hacienda, 40,3%) y Fernando Rabat (Justicia, 32,6%) figuran al tope de los secretarios de Estado con peor balance ciudadano.
Según la medición, La Moneda paga los costos directos de la crisis desatada en el Ministerio de Justicia tras conocerse la firma de 56 decretos que otorgaron rebajas de penas a condenados por violación y abuso de menores, buena parte de los cuales ya recuperó su libertad. El control de daños del Ejecutivo no encontró eco en la ciudadanía.
El 71,7% considera “mala o muy mala” la gestión del conflicto por parte del Ejecutivo.
El 74,2% afirma que Kast “se equivocó y debe pedirle la renuncia” al ministro Fernando Rabat. Respaldar su permanencia apenas concita 13,3% de apoyo.
De cara a la acusación constitucional anunciada por el Congreso, 64,3% cree que los diputados deberían votar a favor de la destitución e inhabilitación de Rabat. El juicio político es respaldado por 64,0% de los votantes que se declaran independientes y por 50,1% de los identificados con la derecha.
En paralelo, ante el debate para endurecer la ley penitenciaria, los encuestados apuntan a cerrar definitivamente la opción de rebaja de penas por buena conducta a los delitos sexuales contra menores (51,1%), homicidios (41,2%), crimen organizado (37,4%), narcotráfico (36,5%) y crímenes de lesa humanidad de la dictadura (31,4%).
El cuadro general de opinión pública muestra a 58,1% convencido de que Chile va por el camino equivocado (+8,6 puntos respecto de septiembre) y a 42,4% que define el presente del país directamente como un “retroceso”.
Esa mirada tiñe el estado anímico general. Consultados por los sentimientos que priman en su vida diaria, las respuestas ciudadanas se concentran en la inseguridad (46,3%), la frustración (34,8%) y la angustia (28,0%).
En menos de ocho meses de mandato, el gobierno de José Antonio Kast no solo resiente la pérdida de su colchón electoral en el plano económico, sino que ve tensionada su base institucional por un blindaje ministerial que la opinión pública reprueba de manera transversal.
Con Información de elsiglo.cl
