Según se plantea en un editorial de El Siglo del 19 de julio de 2026, el gobierno de José Antonio Kast está replicando tesis y políticas que fueron implementadas durante la década de los ochenta, a través de proyectos y medidas concretas que evidencian un retorno a modelos neoliberales y autoritarios.
La regresión opera fundamentalmente mediante un megaproyecto financiero y tributario denominado de “reconstrucción”, medidas laborales y decisiones ejecutivas. Esto confirmaría que el país se encuentra bajo un gobierno de extrema derecha, ultraliberal y con cortes autoritarios en varias materias, caracterizado por la promoción del sector privado y el cuestionamiento del rol del Estado, lo que representaría una coincidencia ideológica con el régimen militar.
El megaproyecto financiero y tributario retornaría a las políticas de los ochenta al reducir sustancialmente los impuestos a las grandes empresas, consorcios financieros y familias multimillonarias, beneficiando capitales privados. Incluye exenciones de contribuciones para sectores muy ricos, indemnizaciones a inversionistas cuyas Resoluciones de Calificación Ambiental sean anuladas por tribunales, y asignación de millones de dólares a grupos empresariales que no serían pagados al Fisco.
Detrás de esto estaría la tesis del “chorreo”, bajo la premisa de que los sectores económicos hegemónicos invertirán recursos que beneficiarán a la mayoría de las familias chilenas, generando crecimiento económico y más empleos. Esta misma tesis dejó una estela de pobreza, desempleo y concentración de la riqueza.
Las medidas laborales del gobierno incluyen impedir la negociación colectiva ramal, eliminar indemnizaciones por años de servicio trasladando sus costos a los trabajadores, permitir 52 horas de trabajo semanal, debilitar el papel de los sindicatos, mantener prácticamente sin alzas el salario mínimo, ampliar causales de despido e impedir la judicialización de demandas laborales debilitando la Dirección del Trabajo. Esto sería similar al plan laboral implementado por José Piñera durante la dictadura, eliminando y restringiendo derechos laborales mientras mejora condiciones para empresarios.
En materia de derechos humanos, el gobierno prepara una reforma del Instituto Nacional de Derechos Humanos que restringiría sus atribuciones y autonomía, ha implementado iniciativas como “escuelas protegidas” y “registro de vándalos”, retiró el plan de derechos humanos para los próximos años, efectuó despidos de especialistas en el Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos, cerró la unidad de investigación de adopciones ilegales, analiza indultos a autores de crímenes de lesa humanidad y busca reducir presupuestos a Sitios de Memoria.
Se evidenciaría así una restitución institucional, ideológica y concreta del modelo neoliberal y autoritario de los años ochenta, con coincidencias patentes entre aquel período y la etapa actual del gobierno, tratándose de repetición de normas que afectan planes y derechos sociales, el rol del Estado, derechos laborales y debilitan la defensa de los derechos humanos.
Se enfatiza que no se trata de negociaciones secundarias ni disputas políticas tangenciales, sino de planes estructurales que impactan el desarrollo del país, el tipo de Estado que se promueve, los derechos sociales, civiles y humanos, y finalmente el tipo de país que se pretende construir.
Con Información de elsiglo.cl
