El martes 30 de junio se publicó el Informe de la Mesa de Reactivación Laboral convocada por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, de la que participaron ocho economistas y una abogada, todos con perfiles que explican las conclusiones de la mesa: varias exautoridades y funcionarios de confianza de los gobiernos de Sebastián Piñera y personas vinculadas a centros de pensamiento de derecha, como Libertad y Desarrollo fundado por Hernán Büchi. La participación de las organizaciones de trabajadores y actores del mundo del trabajo fue restringida al envío de propuestas mediante un formulario.
El resultado de la mesa es un insumo técnico político que viene a complementar una agenda de debilitamiento del Estado y retroceso de derechos laborales individuales y colectivos, conformada por la “megarreforma”, una serie de iniciativas legislativas impulsadas por parlamentarios de partidos de derecha, proyectos que amenazan el derecho a huelga como el llamado “registro de vándalos”, y retrocesos consumados por vía administrativa como los dictámenes recientes de la Dirección del Trabajo.
En materia de derechos laborales, el Eje IV del informe de la mesa aborda cinco materias que resultan sensibles para los trabajadores: distribución del tiempo de trabajo, protección del empleo ante shocks, costos de despido e indemnización por años de servicio, polifuncionalidad laboral, y certeza jurídica en la causal de necesidades de la empresa. El hilo conductor de la propuesta es reducir costos laborales y las supuestas rigideces normativas para los empleadores. Las medidas se fundan en lo que el actual gobierno ha llamado “la emergencia laboral”, estableciendo erróneamente y sin evidencia que la principal causa del desempleo son los supuestos costos asociados a derechos laborales.
El componente laboral, “legitimado” mediante esta mesa “técnica”, es el aspecto regresivo que le faltaba al plan general del gobierno. Se trata de una reforma laboral encubierta que propone profundizar la desregulación de las relaciones laborales, debilitando los derechos colectivos, generando retrocesos en derechos conquistados por décadas y en aquellos sumados recientemente. Además, se omite deliberadamente cualquier debate sobre la negociación colectiva y su urgente reforma al actual sistema, como forma democrática de mejora de economía y condiciones de vida.
Ejemplo de ello es cómo se retrocede en la reducción de la jornada laboral a través de una propuesta “técnica” que permite calcular la jornada en promedios anuales que aumentan la jornada por sobre 45 horas semanales llegando incluso hasta 52 horas. El informe plantea que esto es posible en países como Alemania o Países Bajos. Esta afirmación desconoce que en esos países hay negociación colectiva ramal, mecanismo que permite negociar la jornada con los sindicatos y aplicarla según las particularidades de cada sector productivo, evitando la precarización y el abuso laboral.
Cabe recordar que fue el propio gobierno quien, como primera acción al día siguiente de asumir, retiró del Congreso el proyecto de ley sobre negociación ramal, negando el debate democrático sobre este mecanismo establecido en países de la OCDE que se suelen citar de ejemplo.
Un gobierno que en su discurso pone en el centro el orden, la familia y la seguridad como sus grandes paradigmas, no hace más que asestar un golpe profundo a la seguridad de miles de familias, que no solo buscan seguridad contra la delincuencia, sino que también contra el abuso empresarial y la falta de protección laboral tan propia de nuestro ordenamiento jurídico laboral.
Los cambios propuestos en materia laboral significan un profundo retroceso y van en contradicción directa incluso con la reciente encíclica papal “Magnifica Humanitas”, cuyos ejes colisionan con la agenda dogmática del gobierno. La encíclica señala en forma clara que el trabajo debe diseñarse centrado en la persona y no en el rendimiento (productividad). También pone énfasis en el rol de las organizaciones sindicales y sus instrumentos, constituyendo un respaldo explícito al rol de las organizaciones de trabajadores como actores relevantes de representación y, por cierto, a la negociación colectiva como instrumento de disminución de las desigualdades.
En efecto, el papa León XIV se refiere, ante escenarios de mayor pobreza y desigualdad provocados por la sustitución de trabajadores por sistemas automatizados, a la necesaria renovación de las organizaciones sindicales para asumir estos desafíos. Es uno de los respaldos más explícitos del texto a los cuerpos intermedios de representación de los trabajadores frente al cambio tecnológico.
Chile no va a crecer más excluyendo y precarizando a quienes sostienen el país con su trabajo: son los trabajadores quienes conocen de mejor forma los retos y necesidades de los sectores económicos en los que se desenvuelven. La propia evidencia muestra que para enfrentar los cambios en el mundo del trabajo son necesarios actores robustos, sindicatos que jueguen el rol que la propia autoridad eclesiástica resalta. Fortalecer la negociación colectiva es fortalecer la democracia en un amplio sentido: distribuye mejor la riqueza, incorpora a los trabajadores en los debates y decisiones productivas, y nos acerca a que el trabajo sea fuente de dignidad humana.
Con Información de elsiglo.cl
