El economista de la Fundación Sol, Gonzalo Durán Sanhueza, académico de la Universidad de Chile, analizó las medidas laborales que busca implementar el gobierno, calificándolas como una amenaza para la clase trabajadora.
Durán señaló que la modificación de la jornada laboral combinada con la eliminación de la indemnización por años de servicio beneficiaría a las empresas al permitirles contratar trabajadores por más horas con menores salarios y sin obligación de indemnización en caso de despido.
El especialista explicó que la reforma gubernamental cambiaría la manera de calcular las 40 horas semanales. Actualmente, se promedian en un mes, pero la propuesta sería hacerlo en un año. Esto permitiría semanas de hasta 52 horas de trabajo seguidas de semanas con menos de 40 horas. “Eso significa que pueden haber semanas de mucha intensidad, en la cual trabajes 52 horas, y eso significa que habrá otras semanas donde trabajes bastante menos, incluso menos de 40”, detalló.
Durán advirtió que si se elimina la indemnización por años de servicio, las empresas podrían despedir trabajadores tras varias semanas de jornadas extendidas, sin poder compensar con períodos de menor intensidad laboral. “Ahí tenemos un problema bastante peligroso para la clase trabajadora”, enfatizó.
Respecto a la propuesta de que los trabajadores coticen para garantizar una indemnización, explicó que se trataría de “una especie de seguro, en el cual se va a cotizar 1,8 por ciento de la remuneración”. Aclaró que esto es “mucho más cercano a lo que es un seguro de cesantía” que a una verdadera indemnización.
Realizó un cálculo comparativo: una persona que gana un millón de pesos y se va en dos años recibiría actualmente dos millones de pesos de indemnización. Bajo la nueva propuesta, con la cotización del 1,8 por ciento acumularía cerca de 432 mil pesos, lo que representa un ahorro empresarial de aproximadamente 80 por ciento.
Durán cuestionó la composición de la Mesa de Reactivación Laboral creada por el gobierno. Señaló que sus nueve integrantes tienen un perfil conservador: está comandada por David Bravo, defensor del sistema de AFP; dos integrantes firmaron un programa económico del economista de la dictadura Rolf Lüders; tres fueron exfuncionarios del gobierno de Sebastián Piñera; Cecilia Cifuentes fue parte de Libertad y Desarrollo; Cuky Pérez es directora de empresas, y Claudia Martínez, directora de Economía de la Universidad Católica, tiene vínculos con el programa de Lüders.
Destacó que “en esta Mesa de Reactivación no estuvo la voz de las y los trabajadores representados por dirigentes sindicales”.
El economista enfatizó que las medidas del gobierno, como ampliar las causales de despido por necesidades de la empresa y crear una comisión interministerial para evitar judicializaciones, reflejan un objetivo histórico del empresariado: “debilitar o terminar con la Dirección del Trabajo, lo que es una aspiración clásica que viene desde hace muchos años por parte del empresariado”.
Explicó que la Dirección del Trabajo existe para balancear la asimetría inherente en la relación capital-trabajo, donde los trabajadores son la parte débil. “Un órgano como la Dirección del Trabajo nace para balancear en algo esa asimetría”, señaló.
Sobre el salario mínimo, Durán indicó que los estudios internacionales demuestran que aumentos en este rubro generan efectos positivos en la economía, estimulan el empleo y potencian la demanda agregada. Destacó que la mitad de los trabajadores en Chile gana menos de 680 mil pesos líquidos, cifra cercana al salario mínimo que no permite una subsistencia básica.
Con Información de elsiglo.cl
