La Doctrina Monroe fue formulada en 1823 por el gobierno de Estados Unidos para contener la influencia de las potencias coloniales europeas en América Latina y establecer su propia hegemonía. Durante la Guerra Fría, se adaptaron los mecanismos para mantener a los gobiernos latinoamericanos fuera de la influencia soviética y frenar la expansión del comunismo. En 2026, el gobierno estadounidense ha presentado una versión renovada ajustada a sus necesidades actuales: establecer en el hemisferio un espacio de intervención, alineamiento y validación política para enfrentar su competencia con China.
El Subsecretario de Defensa Elbridge Colby, quien dirige los Asuntos Políticos de la estrategia militar del Pentágono, presentó esta política en presencia de Donald Trump. Colby se refirió a ella como “realismo hemisférico”, indicando que “el continente americano deja de ser una política exterior para convertirse en el perímetro inmediato de la seguridad estadounidense”.
La Doctrina Monroe, mencionada explícitamente en estos términos, tiene una función central: define al continente americano como un conjunto de la seguridad nacional estadounidense, bajo la premisa de que el hemisferio es un espacio prioritario, vulnerable y políticamente subordinado a los intereses de Washington.
Un eje del documento responsabiliza a América Latina como origen del tráfico de drogas hacia territorio estadounidense, atribuyéndole cientos de miles de muertes, justificando la participación militar como respuesta proporcional. Este diagnóstico desplaza el centro del problema desde la demanda interna estadounidense hacia la capacidad de los países de la región para reducir la producción.
Según la presentación de Colby, el “momento unipolar” distrajo a Estados Unidos de controlar gobiernos latinoamericanos incapaces de contener el “narcoterrorismo”, la inestabilidad de gobiernos de izquierda y la falta de capacidad defensiva de los estados de la región. Para Colby y el gobierno Trump, el descuido estadounidense en aplicar la Doctrina Monroe requiere que su país garantice la independencia de estos países mediante su protección.
De esta forma, la asistencia estadounidense contribuiría a fortalecer la soberanía de estos países.
Colby establece un programa político que designa al narcotráfico, la migración y la criminalidad como amenazas directas a la seguridad estadounidense, justificando respuestas militares como legítimas para preservar la seguridad regional. Crea una distinción entre gobiernos latinoamericanos que aceptan este marco estratégico y quienes buscan un abordaje más político y policial del problema.
Varios países ya han acogido, estimulados fuertemente por Estados Unidos, respuestas militarizadas y transnacionales en el marco de la seguridad hemisférica de esta Doctrina.
Sin embargo, más allá de la amenaza del tráfico de drogas, esta política abandona el enfoque diplomático tradicional, transformando la región en escenario de competencia estratégica global donde el objetivo principal es enfrentar la influencia logística, económica y tecnológica de China.
La Doctrina Monroe se presenta ahora bajo el enfoque del realismo transaccional, que combina el realismo político tradicional con una lógica contractual de negocios, con varios componentes:
El poder como apalancamiento: la influencia estatal se mide por capacidad de negociación y presión caso por caso, no por lealtad a alianzas formales.
Bilateralismo sobre multilateralismo: prefiere acuerdos directos entre países en lugar de organismos multilaterales, considerados lentos, restrictivos o financieramente desfavorables.
Compromisos condicionales y revocables: las garantías de seguridad se tratan como contratos comerciales que exigen reciprocidad explícita para mantenerse.
Pragmatismo sin carga ideológica: prescinde de la promoción de democracia o derechos humanos para enfocarse en extracción de valor estratégico: recursos energéticos, zonas de amortiguación o balanzas comerciales favorables.
Aunque históricamente Chile ha mantenido cautela ante distintas versiones de la Doctrina Monroe, la actual lo sitúa directamente bajo presiones estadounidenses por sus características geopolíticas.
China es el mayor socio comercial de Chile y proveedor tecnológico clave. Para Washington, esta relación representa una vulnerabilidad estratégica que debe contenerse, forzando al país a elegir bandos en licitaciones tecnológicas y redes de telecomunicaciones.
Proyectos logísticos transfronterizos que facilitan flujo comercial hacia el Pacífico, como la conexión con el megapuerto de Chancay en Perú o el corredor bioceánico de Capricornio, son monitoreados de cerca. Estados Unidos percibe la integración con capitales asiáticos como expansión inaceptable de la huella logística china.
El control de las vastas reservas chilenas de cobre y litio se ha convertido en tema existencial para la transición energética estadounidense. La Doctrina busca garantizar mediante presiones diplomáticas que las cadenas de suministro no caigan bajo control mayoritario de empresas estatales chinas.
La agenda estadounidense exige resultados inmediatos en control del tráfico de drogas y desmantelamiento de redes criminales transnacionales, ejerciendo fuerte presión sobre el Ministerio de Seguridad Pública de Chile para alinear protocolos de inteligencia y control del paso interoceánico austral con estándares de seguridad dictados por Washington.
Esta situación debe impulsar al país a buscar formas de inserción internacional en múltiples direcciones con cautela que evite la pérdida de soberanía.
Con Información de desenfoque.cl
