La reciente oleada de agresiones a profesores, amenazas de tiroteos, enfrentamientos entre estudiantes y actos de violencia registrados en establecimientos educacionales durante las últimas semanas ha posicionado nuevamente este tema en el debate público. Los hechos parecen haber reforzado una percepción generalizada entre la población: la violencia escolar se ha transformado en uno de los principales desafíos del sistema educativo chileno.
Esta es la conclusión central de una encuesta nacional realizada por el Observatorio Social de la Universidad del Alba en conjunto con Ipsos. La investigación indica que el 86,2% de los chilenos considera que la violencia escolar ha aumentado en los últimos cinco años. Asimismo, el 85,3% estima que los hechos violentos entre estudiantes ocurren con frecuencia o mucha frecuencia en los colegios.
El estudio también revela hallazgos políticos significativos. Al preguntar sobre las medidas más efectivas para enfrentar esta crisis, la expulsión inmediata de estudiantes violentos obtuvo el mayor respaldo con un 46%. Le sigue la incorporación de orientación psicológica permanente en los establecimientos con un 38%, una mayor autoridad para profesores y directivos con un 35%, y una mejor capacitación de docentes y asistentes para enfrentar situaciones de violencia también con un 35%.
Los resultados demuestran que la ciudadanía no apoya exclusivamente el castigo ni únicamente medidas preventivas, sino que demanda una combinación de ambas estrategias. La población exige respaldo institucional a los profesores, intervención psicológica temprana y sanciones definidas para quienes protagonizan actos violentos.
Maximiliano Vial, investigador del Observatorio Social de la Universidad del Alba, señala que “es necesario ir más allá de la gravedad que nos sugieren los resultados. Es más útil, en cambio, concentrarse en cómo estas percepciones ciudadanas ayudan a conseguir un respaldo en las soluciones que la evidencia internacional muestra como las más eficaces. El apoyo psicológico, la intervención temprana en familias y espacios comunitarios son importantes y la ciudadanía cree en ellas como políticas positivas, porque son soluciones eficaces que los involucran y que están dispuestos a apoyar”.
Respecto a la seguridad en los colegios, la percepción es igualmente preocupante. Solo uno de cada cuatro chilenos considera que los establecimientos educacionales son espacios seguros, con un 20% que los califica como lugares seguros y apenas un 3,3% como muy seguros. En contraste, casi un tercio los evalúa como inseguros, lo que refleja el deterioro de la confianza en la capacidad protectora de las instituciones educacionales.
El estudio también registra un amplio respaldo ciudadano a varias medidas impulsadas por el Gobierno para combatir la violencia escolar. Las agravantes penales cuentan con un 77% de evaluación positiva, la coordinación entre establecimientos y policías alcanza un 73%, la nueva Ley de Convivencia Escolar obtiene un 71% y el programa Escuelas Protegidas consigue un 69%.
Con Información de www.lanacion.cl
