El Presidente José Antonio Kast celebró la sentencia absolutoria del exoficial de Carabineros Claudio Crespo, quien disparó al rostro del psicólogo Gustavo Gatica, dejándolo ciego. El mandatario argumentó que Crespo actuó en defensa propia, aunque enfrentaba a un joven portando apenas una piedra, mientras el oficial contaba con uniforme de combate, pistola y escopeta lanza proyectiles.
En paralelo, legisladores de derecha y extrema derecha impulsaron un proyecto para indultar a uniformados y oficiales procesados y condenados por violaciones a los derechos humanos durante las jornadas de manifestación social de 2019, que dejaron múltiples víctimas: alrededor de 2 mil heridos, aproximadamente 400 personas con amputaciones oculares y varios fallecidos. El Gobierno también ha buscado cerrar el Instituto Nacional de Derechos Humanos, no ha cursado el programa de derechos humanos y despidió a especialistas del Plan Nacional de Búsqueda de más de 1.400 detenidos desaparecidos.
La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la absolución de Crespo, confirmando que le disparó al rostro a Gatica. Sin embargo, los jueces consideraron que la acción estuvo justificada bajo la figura de “legítima defensa privilegiada” contemplada en la Ley Naín-Retamal, aprobada el año anterior con votos de derecha, extrema derecha y legisladores progresistas.
Kast publicó en X que “la justicia ha hablado en el caso de Claudio Crespo y lo ha hecho fuerte y claro. Luego de años de acusaciones, ha sido exonerado de todos los cargos y se confirma que actuó en legítima defensa”.
Gustavo Gatica, hoy diputado electo con mayoría significativa, respondió que al mandatario “se le olvida que gobierna para todos los chilenos, incluyéndome. Acá no hay nada que celebrar. Pareciera que nuevamente se vuelve un activista de ultraderecha, atrincherado, que busca hacer distinción entre amigos y enemigos, entre los buenos y los malos, olvidándose nuevamente de que es el Presidente que gobierna a todos en este país”.
Gatica manifestó que “siempre lo he dicho: este caso me excede. Se trata de la democracia, se trata del futuro, de la sociedad que queremos construir” y expresó que “tenemos en el horizonte la justicia internacional, que creo que es el camino en este tipo de casos. Esos procesos son muy largos, entonces tenemos que estar preparados, y en eso estamos”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una audiencia pública en la que recibió denuncias sobre retrocesos en materia de derechos humanos, verdad, justicia y memoria en Chile. El organismo solicitó antecedentes al Gobierno sobre el Plan Nacional de Búsqueda, evaluaciones previas a cambios institucionales y reajustes presupuestarios que afectan los derechos humanos.
Nuvia Guajardo, directora nacional de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, advirtió que “como representante de las servidoras y los servidores públicos chilenos, ANEF comparece ante esta Comisión no para relatar una lista de recortes, sino para advertir un proceso de mayor profundidad: la reducción sistemática de las capacidades del Estado chileno para garantizar derechos humanos”.
Tamara Lagos, de la Red de Observadoras en Justicia y Memoria, señaló la eliminación de instancias de trabajo en derechos humanos, como la Unidad de Identificación y Registro de Víctimas de Violencia Institucional y la Unidad de Búsqueda de Orígenes de Personas Afectadas por Adopciones Ilegales, Forzadas o Irregulares. Advirtió que “estamos ante un patrón de desmantelamiento institucional que afecta la capacidad efectiva del Estado para garantizar verdad, justicia, reparación, memoria y garantías de no repetición”.
Erika Hennings, presidenta de la Corporación Londres 38-Espacio de Memorias, expuso la difícil situación de los Sitios de Memoria en todo Chile, sin recursos ni respaldo estatal.
La bancada legislativa del Partido Comunista e Independientes en la Cámara de Diputados rechazó categóricamente el anuncio de un grupo de senadores de derecha para impulsar un proyecto de indulto general que beneficiaría a agentes del Estado condenados por graves violaciones a los derechos humanos.
Los legisladores argumentaron que “las declaraciones del Presidente Kast celebrando el fallo que absolvió al ex carabinero Claudio Crespo, sumado a la defensa y protección a los criminales de Punta Peuco abren el espacio para brutalidades de este tipo y para la eliminación de garantías de no repetición”.
Los diputados enfatizaron que “es indignante que los mismos que durante años han exigido más mano dura, más cárcel y endurecer las penas para delincuentes comunes, hoy promuevan un perdonazo a los violadores de derechos humanos -que también son delincuentes- y a funcionarios condenados por graves delitos cometidos al amparo del poder del Estado”.
Concluyeron que “ningún proyecto político puede construirse sobre el olvido ni sobre el debilitamiento de los estándares de derechos humanos que el Estado de Chile está obligado a respetar” y remarcaron que “sin justicia no hay democracia”.
La Coordinadora de Derechos Humanos de Los Ríos expresó su enérgico rechazo a la ofensiva del Gobierno para debilitar las obligaciones del Estado en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición respecto de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura civil-militar de 1973 a 1990.
Las organizaciones denunciaron como “grave retroceso para la democracia” cualquier intento de modificar o eliminar el Instituto Nacional de Derechos Humanos, considerándolo “un peligroso intento por debilitar la institucionalidad creada precisamente para impedir que las violaciones a los derechos humanos vuelvan a repetirse”.
Reafirmaron su respaldo absoluto al INDH como organismo autónomo cuya existencia responde al compromiso del Estado de Chile de fiscalizar el actuar de los poderes públicos y proteger los derechos fundamentales de las personas.
Las organizaciones enfatizaron que “los derechos humanos no son una concesión de los gobiernos de turno ni una materia susceptible de negociación política. Son obligaciones permanentes del Estado y constituyen la base y principios de toda democracia que respeta la dignidad humana”.
Finalizaron su declaración expresando que “sin memoria no hay verdad. Sin verdad no hay justicia. Y sin justicia no existe una democracia plena. Defender el Instituto Nacional de Derechos Humanos es defender la dignidad de las víctimas, los compromisos internacionales del Estado y el futuro democrático de Chile”.
Con Información de elsiglo.cl
