Las declaraciones del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, han generado un debate sobre los límites de la actuación diplomática en asuntos políticos internos del país anfitrión. El diplomático ha defendido públicamente su particular estilo de ejercer la diplomacia, afirmando en una entrevista con La Tercera que continuará siendo un “tipo diferente de embajador” y que si sus respuestas molestan a quienes las reciben, “el problema es de ellos”.
La controversia se originó por las declaraciones del embajador sobre los orígenes del estallido social de octubre de 2019. Judd sostuvo que estudios de la inteligencia estadounidense indicaban que el inicio de las manifestaciones estaba vinculado con organizaciones de izquierda. Afirmó que “en 2019, lo que nuestra inteligencia dice es categóricamente que provino de organizaciones de izquierda o de ideología de izquierda” y que “la evidencia apunta a que fueron, de hecho, activistas de izquierda quienes perpetraron estos disturbios”. Posteriormente, el embajador aclaró que Estados Unidos no había realizado una investigación independiente en Chile y que el análisis se había construido a partir de información pública o fuentes abiertas.
Las declaraciones generaron críticas desde diversos sectores políticos. La diputada del Partido Comunista, Nathalie Castillo, cuestionó que un embajador extranjero afirme públicamente tener antecedentes sobre hechos ocurridos en Chile, pidiendo explicaciones sobre cómo obtuvo esa información y qué convenios existen entre agencias de inteligencia. El presidente del PPD, Raúl Soto, sostuvo que “utilice los canales diplomáticos formales y que no esté transformándose en un opinólogo de la interna y en un diplomático farandulero que comenta todo a través de entrevistas”.
El senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, calificó las declaraciones como “francamente temerarias” y destacó “un nivel de impertinencia y un nivel de frivolidad que no habíamos visto antes”.
Las intervenciones públicas del embajador no se han limitado al estallido social. También ha opinado sobre aranceles estadounidenses a productos chilenos, la relación económica con China, el proyecto de cable submarino, cuestiones de seguridad pública y otros temas de política interna.
Desde el Partido Comunista se ha llamado a declarar persona non grata al diplomático. El diputado Luis Cuello afirmó que “de acuerdo con lo que prescribe la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, corresponde declarar al embajador persona non grata”. El diputado Boris Barrera indicó que “el Embajador no está ejerciendo diplomacia, sino que es derechamente injerencia”.
El diputado del Frente Amplio, Gonzalo Winter, exigió aclaraciones sobre si hay organismos norteamericanos operando en suelo chileno investigando procesos políticos y si esa información se le está entregando a los gobiernos y al Ministerio Público.
La parlamentaria del PC, Daniela Serrano, sugirió que “lo mínimo que debiese mandar una nota de protesta a la embajada de Estados Unidos”. La secretaria general del PC, Bárbara Figueroa, cuestionó si el país está siendo “permanentemente espiados, perseguidos por la inteligencia norteamericana” y destacó que “lo que corresponde es que el gobierno le pida al embajador que se retire”.
Desde la Cancillería, el ministro Francisco Pérez Mackenna señaló que “lo que tenemos que hacer nosotros es llamarlo a evitar esas expresiones” y confirmó que han citado al embajador a la Cancillería para manifestarle la posición del Gobierno chileno, expresando que “queremos que evite esas intervenciones”.
Con Información de elsiglo.cl
