Siete días después de asumir la Presidencia de la República, Keiko Fujimori ordenó por primera vez a la Fuerza Armada disparar contra multitudes que protestaban por el alza de precios de los combustibles. El hecho se registró el 7 de agosto en las calles de Pucallpa, una de las pocas ciudades del interior del país donde la mandataria obtuvo una votación superior a la de su adversario, el sicólogo Roberto Sánchez.
En esta ocasión, los primeros en reclamar fueron los propios electores de Fujimori en la región, quienes rechazaban las medidas de carácter antipopular implementadas en la selva peruana. No se reportaron muertos ni heridos de bala porque la orden fue “disparar al aire” para intimidar y amedrentar a la población civil con el objetivo de asustar a los manifestantes. La intención fue también advertir al país sobre la necesidad de tener paciencia y mostrar confianza, según se indicó, porque las cosas “se habrán de resolver más adelante”.
La respuesta provino de los transportistas, quienes cuestionaron la solicitud de paciencia ante los choferes asesinados por sicariato y extorsión, así como la confianza a quienes votaron esperando su supervivencia. Como resultado previsible, la acción provocó reacciones intensas y, en pocos días, toda la selva peruana, incluyendo Loreto, amaneció paralizada. Para el 14 de agosto, las protestas se habían extendido a cuatro regiones del país, sumándose Arequipa, que conmemoraba el 486 aniversario de su fundación española en medio de marchas populares y tumultos.
La crisis nacional es de tal magnitud que hechos de similar o mayor dimensión se perfilan en el horizonte. Expertos registran un dato preciso: 90 homicidios en los primeros 15 días de gestión gubernativa acumulan ya en responsabilidad de Keiko Fujimori. Este panorama persiste a pesar de la suscripción de un acuerdo de “colaboración” contra el crimen con el Buró Federal de Inteligencia de los Estados Unidos, el FBI, que opera en el país bajo el “Escudo de las Américas”.
Algunos sectores consideran que la cifra es aún baja e insisten en dotar de armas de fuego incluso a los Serenos municipales. En el Congreso, aunque no se han registrado enfrentamientos a balazos, sí han ocurrido confrontaciones físicas por la posesión de oficinas. Fuerza Popular aún no se acostumbra a que, pese a todo, ya no es propietaria del Legislativo y debe compartir espacios con otras organizaciones.
En tanto, los precios de productos de primera necesidad se han incrementado espectacularmente. El pollo, que se vendía a 8 soles, ahora se oferta a 10.50. La carne de vacuno pasó de 23 a 30 soles el kilo. El arroz, azúcar, leche y lentejas están fuera del alcance popular, mientras que el bonito subió de 4 y 5 soles a 16 soles. El costo de vida se incrementó en la última quincena al menos un 10 por ciento sin aumento salarial alguno. El reajuste del Mínimo Vital anunciado el 28 de julio fue remitido a la “Mesa de Conciliación” del ministerio del Trabajo para opinión empresarial.
Si la reacción inicial ante las protestas de Pucallpa fue autorizar el uso de armas de fuego, debe presumirse que cuando la resistencia popular se generalice y las demandas sociales se incrementen, abarcando no solo combustible sino también alimentos, la posición del régimen será más delicada. Es posible que en ese contexto los disparos no vayan al aire, sino al pecho de los pobladores.
Con Información de elsiglo.cl
