Las dos organizaciones se comprometen a compartir apoyo técnico y experiencia en archivos biográficos de las familias. También coordinarán sus exigencias a los Estados para encontrar a las personas a las que les cambiaron la identidad.
Ana María Olivares. Periodista. “El Siglo”. Buenos Aires. 06/10/2026.
Tres meses después de que el gobierno de José Antonio Kast cerrara la única unidad estatal que buscaba a las víctimas de adopciones ilegales, la Fundación Hijos y Madres del Silencio (FHMS) firmó en Buenos Aires un convenio con Abuelas de Plaza de Mayo. De vuelta en Santiago, las madres llevaron su testimonio al Festival de la Memoria MUDA, nacido para financiar los sitios de memoria que el Estado abandona.
Entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre, una delegación de la FHMS integrada por su presidenta Marisol Rodríguez, la vicepresidenta Ana María Olivares, María del Carmen García Castro y Amelia Flores trabajó en Buenos Aires con Abuelas de Plaza de Mayo y firmó un convenio de trabajo conjunto. Abuelas busca desde 1977 a los niños apropiados por la dictadura argentina y ha restituido la identidad a 140 nietos.
Firmaron el convenio ante el directorio de Abuelas, su secretario Manuel Gonçalves Granada y su vicepresidenta, Buscarita Roa, nacida en Chile.
La alianza llega en el peor momento para las víctimas en Chile. El 22 de junio, la Subsecretaría de Derechos Humanos dejó sin efecto la Unidad de Búsqueda de Orígenes y Familiares de Personas Afectadas por Adopciones Ilegales, Forzadas o Irregulares (UBAFI). Y el proyecto de presupuesto 2027 recorta en 25,3% el programa de Sitios de Memoria.
La escala del problema hace más grave el vacío. En 2018, el ministro en visita Mario Carroza habló de cerca de 20 mil casos. El actual ministro a cargo de la causa, Alejandro Aguilar, maneja antecedentes consolidados de al menos 23.400 niños enviados al extranjero, aunque los propios investigadores judiciales asumen que la cifra real podría ser mucho mayor. Las adopciones se entregaron a más de 20 países —se calculan cerca de 8 mil en Estados Unidos, más de 2.200 en Suecia, 1.700 en Francia y al menos 500 solo en la isla de Cerdeña (Italia)—. Hasta hoy no hay una sola condena.
La UBAFI nació en febrero de 2026, en los últimos días del gobierno de Gabriel Boric, mediante la Resolución Exenta N° 87 de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Debía hacer las investigaciones administrativas que pidieran los tribunales, buscar orígenes familiares, dar apoyo jurídico y psicológico a las víctimas y coordinar la puesta en marcha de un Banco de Huellas Genéticas.
No era un gesto voluntario. La unidad cumplía el mandato de la Ley N° 21.647 (Ley de Reajuste del Sector Público), que obliga a la Subsecretaría de Derechos Humanos a investigar cuando lo requiera el Poder Judicial. Respondía también a la Mesa Interinstitucional sobre Adopciones Forzadas o Irregulares, que en 2025 reconoció formalmente por escrito que estos hechos fueron violaciones a los derechos humanos.
Con la Resolución Exenta N° 207, firmada por la Subsecretaría que encabeza Pablo Mira, el gobierno de Kast dejó la unidad sin efecto. Sus tres profesionales fueron despedidos y dejaron sus funciones el 30 de junio. El Banco de Huellas Genéticas quedó en el aire.
Antes de que la delegación viajara a Buenos Aires, Mira se reunió con la FHMS. Según la fundación, el subsecretario sostuvo que la unidad no estaba cerrada y que su gabinete asumiría todas sus funciones, salvo la atención en salud mental. Para la fundación, eso es insostenible: un equipo de gabinete, cargado con las tareas políticas de una subsecretaría, no puede hacer la búsqueda minuciosa en archivos de hospitales, juzgados de menores y hogares que eran el núcleo de la UBAFI.
“Que una unidad recién creada, con presupuesto asignado, se cerrara antes de dar frutos ha sido profundamente doloroso, incluso es un notable abandono de deberes que les asigna la ley”, dice la presidenta de la FHMS, Marisol Rodríguez, quien busca a un hermano o hermana que a su madre le dijeron que nació muerto.
La UBAFI fue el tercer intento estatal de búsqueda que muere sin resultados en seis años. En 2020 se anunció un plan piloto de banco genético: se tomaron 58 muestras en el Museo de la Memoria y el plan nunca se implementó. En 2021 se rescindió un contrato para diseñar un sistema de búsqueda de parentescos: dejaba la tarea en manos de una ONG que pensaba contratar un laboratorio comercial en el extranjero, vulnerando la Ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada y la Ley N° 20.120 sobre investigación científica en seres humanos.
El convenio se presentó públicamente en una jornada en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, cubierta por la agencia universitaria ANCCOM. Allí se expuso la instalación «Tejiendo Esperanza»: cerca de 500 zapatitos de guagua tejidos a mano por madres chilenas, uno por cada hijo o hija separado de su familia.
En esa mesa, Rodríguez y la vicepresidenta de la FHMS, Ana María Olivares, expusieron junto a Manuel Gonçalves Granada, secretario de Abuelas y nieto restituido número 57. Gonçalves advirtió que un banco genético no resuelve todo por sí solo: muchos casos se aclaran revisando documentos, y el ADN llega después para confirmar. Para María del Carmen García Castro, que busca sus orígenes desde 2014, el camino de Abuelas es la guía: “Abuelas ha dejado una huella muy grande y nosotras vamos pisando esa huella. Nosotras no podemos inventar la pólvora”.
Es exactamente el trabajo que la UBAFI debía hacer y que hoy hace la fundación sin apoyo del Estado. En 12 años, la FHMS ha logrado más de 400 reencuentros totalmente documentados.
La delegación recorrió la sede de Abuelas y la Casa por la Identidad, en la ex ESMA, el centro clandestino más emblemático de la dictadura argentina y hoy sitio de memoria. Conoció el Archivo Biográfico Familiar, que reúne fotos, cartas y testimonios para entregárselos a los nietos cuando aparecen. La FHMS quiere replicarlo en Chile. “Muchas de nuestras madres están falleciendo y cuando encontramos a sus hijos hay poco testimonio de quienes fueron sus madres de primera fuente”, explicó Rodríguez y agregó que “creemos que atesorar mensajes a sus hijos o hijas, dejar sus recuerdos, fotos y tanto más, es una necesidad”.
El momento más íntimo del viaje fue una once en casa de Buscarita Roa. La Abuela chilena les contó la historia de su hijo, José Poblete, y de su nuera, Gertrudis Hlaczik, secuestrados en Buenos Aires en 1978. Su nieta Claudia, apropiada cuando era bebé, recuperó su identidad en el año 2000. Fue un encuentro muy emocionante según relatan desde la FHMS, “la fuerza y convicción de Buscarita parece que nunca se extinguirá y eso nos da fuerza” dijo Marisol Rodríguez.
Detrás de las cifras hay historias como la de Amelia Flores, presente en el viaje a Buenos Aires. En febrero de 1974, Amelia dio a luz a su hijo Fernando en el Hospital Parroquial de San Bernardo. Dos horas después le dijeron que había muerto. No le mostraron el cuerpo y le aplicaron una inyección que la durmió tres días. Al día siguiente, mientras ella estaba sedada, le entregaron a su esposo un ataúd cerrado en un hospital vigilado por militares y lo obligaron a subirse a un taxi al cementerio con todo el servicio pagado. En 2020, Amelia escuchó en televisión un relato idéntico al suyo: su tragedia personal era en realidad un patrón sistemático de apropiaciones.
Este tráfico masivo respondió, para la FHMS, a una lógica de genocidio social de clase. La dictadura arrebataba hijos a mujeres en situación de vulnerabilidad, muchas de ellas de comunidades originarias, por ser —según ha señalado en estudios la doctora en Historia Karen Alfaro— un cultivo de terroristas, entregándolos en Chile y al exterior por grandes sumas de dinero, justificando el despojo bajo la premisa de desmantelar la pobreza, amparados en el estigma hacia la maternidad soltera y con complicidad de sectores médicos y religiosos.
Cerca del 80% de quienes integran la FHMS son mujeres: madres, hermanas e hijas. A sus 72 años, Amelia Flores planteó el desafío de la posta: “Se nos han muerto varias de nuestras mamás este último tiempo. Cuando veo lo que hace Abuelas, entiendo que ese trabajo lo van a seguir nuestras hijas, nuestros nietos: la búsqueda de mi hijo, de su tío, de su hermano”.
Desde la Corte de Apelaciones, el ministro Aguilar tramita unas 1.600 denuncias bajo la megacausa 1044 – 2018 sobre adopciones forzadas. El primer procesamiento por sustracción de menores (artículo 142 del Código Penal) llegó recién en junio de 2025, y todavía no hay condenas. Otras causas fueron acreditadas como delitos, pero los tribunales las declararon prescritas, un criterio que la FHMS rechaza tajantemente al sostener que la sustracción sistemática y la sustitución de identidad constituyen crímenes de lesa humanidad e infracciones graves a la Convención sobre los Derechos del Niño, por lo que resultan imprescriptibles e inamnistiables.
Afuera, la escala está documentada. Agencias como la sueca Adoptionscentrum intermediaron la salida de cientos de niños. Hasta ahora Suecia, Noruega, Dinamarca, Países Bajos, Suiza y Francia realizaron investigaciones oficiales que reconocen ilegalidades en las adopciones desde Chile. Para la fundación, sin reparación ni justicia, esos informes se quedan en declaraciones.
En 2014, el caso del sacerdote Gerardo Joannon, señalado por intermediar la entrega de hijos de adolescentes de familias acomodadas, conmocionó al país. “Toda la sociedad se impactó. Eso fue porque eran familias muy adineradas. Cuando denunciamos los miles de casos que tenemos, no les importa, porque son familias pobres”, concluye la vicepresidenta de la FHMS, Ana María Olivares. “Y eso, para nosotras, sí que es un escándalo, porque habla de la calidad moral de nuestra sociedad”.
El modelo que la FHMS fue a estudiar también está bajo presión. Desde que asumió el Presidente argentino, Javier Milei, el Banco Nacional de Datos Genéticos de ese país perdió el 57,3% de su presupuesto en términos reales. El presupuesto aprobado para 2026 cubre poco más de la mitad de lo que el organismo solicitó.
En mayo, la directora técnica del banco, Mariana Herrera Piñero, avisó a los juzgados federales que no podía seguir tomando muestras por falta de fondos. Abuelas denunció un «ahogo presupuestario». El juez Alejo Ramos Padilla dictó una medida cautelar y el gobierno terminó transfiriendo 590 millones de pesos para evitar la parálisis. Antes, un decreto ya había desmantelado la Unidad Especial de Investigación de la Corporación Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), facultada para revisar archivos del Estado en busca de los más de 300 nietos que faltan.
En Chile, el recorte de 25,3% al programa de Sitios de Memoria en el proyecto de Ley de Presupuestos 2027 es el contexto en que nació MUDA. El festival de música, derechos humanos y arte se hizo el sábado 3 y el domingo 4 de octubre en el Estadio Nacional, el mayor centro de detención de la dictadura en 1973. Con lo recaudado, un fondo solidario apoyará a sitios sin financiamiento estatal, como Cerro Chena, Irán 3037 (ex Venda Sexy) y Hornos de Lonquén. Su organizador, Marcelo Acevedo, advirtió que la institucionalidad de memoria es frágil porque Chile no tiene ni ley de sitios ni ley de memoria.
La FHMS, que no administra ningún sitio de memoria, llegó al Estadio Nacional para denunciar el robo y la venta sistemática de niños ante miles de asistentes. Para la fundación, el cierre de la UBAFI, el recorte a los sitios y el ahogo al banco genético argentino no son hechos aislados, sino parte de una misma política de desmantelamiento a ambos lados de la cordillera.
Con Información de elsiglo.cl
