La Junta de Vigilancia del Río Huatulame (JVRH) acusó que el sistema Rubber Dam —diseñado para aumentar en 45 millones de metros cúbicos la capacidad del tranque— permanece inoperativo sin respaldo técnico, y advirtió el desperdicio de un recurso vital para el riego y el consumo humano en el Limarí.
Un volumen significativo de agua estaría dejándose de embalsar debido a la inoperatividad del sistema de peralte inflable (Rubber Dam) instalado en el vertedero del Embalse Cogotí, una infraestructura construida para almacenar 45 millones de metros cúbicos adicionales y cuyo costo bordeó los 3 millones de dólares.
La situación fue advertida formalmente por el directorio de la JVRH ante el Director Nacional de Obras Hidráulicas (DOH), Arnaldo Recabarren, solicitando fiscalizar la falta de funcionamiento de la estructura administrada por la Asociación de Canalistas del Embalse Cogotí (ACEC). Según los antecedentes expuestos por los regantes de Huatulame, la obra forma parte de las infraestructuras anexas del Proyecto Paloma y fue financiada mediante un convenio público-privado firmado en 2001, cuyo costo total alcanzó los US$ 2.960.698, incluyendo un aporte directo del 20,14% cubierto íntegramente por la propia JVRH.
De acuerdo con el presidente de la organización denunciante, Harming Rivera Palacios, en diversas reuniones de la Comunidad de Aguas del Sistema Paloma se ha consultado al presidente de la ACEC, Francisco González Figari, por las razones que impiden el inflado y la operación del peralte. Sin embargo, la única explicación recibida ha sido que el sistema «cumplió su vida útil», sin que exista hasta ahora ningún informe técnico que acredite dicha afirmación ni detalle por qué no se ejecutaron las mantenciones preventivas para resguardar su operatividad.
Desde la Junta de Vigilancia manifestaron su inquietud ante las consecuencias hídricas de mantener detenida una obra que fue diseñada precisamente para compensar el embancamiento de sedimentos y asegurar un 85% de seguridad de riego en la zona. En esa línea, alertaron que el agua que actualmente no logra ser retenida resulta indispensable en el corto y mediano plazo tanto para la agricultura como para el abastecimiento de consumo humano en la provincia.
Ante este escenario, los regantes pidieron a la Dirección de Obras Hidráulicas, en su calidad de contraparte técnica del convenio original, exigir a la ACEC un informe técnico detallado sobre el estado real del Rubber Dam, las causas de su detención y las medidas correctivas para recuperar la capacidad de embalsamiento. El requerimiento fue puesto además en conocimiento del Gobierno Regional, la Delegación Presidencial, la Seremi de Obras Públicas y la Dirección General de Aguas (DGA).
Consultado por OvalleHOY.cl, el presidente de la ACEC, Francisco González Figari, confirmó que «el sistema de peralte inflable (Rubber Dam) no se está utilizando por una determinación expresa del directorio», descartando que se trate de una falla mecánica y apuntando directamente a razones de seguridad para las comunidades ubicadas aguas abajo.
Según explicó el dirigente, «desde su instalación la estructura se utilizó en una sola oportunidad, instancia en la que se registró un problema técnico que derivó en un vertimiento de gran magnitud hacia el río Huatulame y la inundación del camino hacia Combarbalá. A raíz de ese episodio —y en paralelo con el colapso del muro ocurrido en el embalse Recoleta—, la Dirección General de Aguas (DGA) restringió la altura de operación del peralte, reduciendo su capacidad adicional de almacenamiento a solo 8 millones de metros cúbicos».
González Figari sostuvo que frente al riesgo de que la estructura llegara a desinflarse de manera repentina y liberara esos 8 millones de metros cúbicos en un lapso muy breve hacia el cauce, el directorio resolvió no volver a operarla para evitar una eventual catástrofe. «Si se quisiera hacer funcionar, funciona; se infla de manera controlada, pero el tema no es operativo, el tema es la responsabilidad con las comunidades y la vida de las personas. La Asociación no está dispuesta a asumir ese riesgo», enfatizó.
Respecto a los cuestionamientos y a la solicitud de fiscalización ingresada por la Junta de Vigilancia del Río Huatulame ante la Dirección de Obras Hidráulicas, el presidente de la ACEC recalcó que «el tranque es de propiedad privada y que, si bien existen acuerdos de trabajo conjunto, las decisiones operativas recaen exclusivamente en el directorio de los canalistas». Asimismo, descartó que la entidad vaya a «implementar medidas para reactivar el sistema bajo las actuales condiciones de riesgo», reiterando que «la seguridad de la población constituye una razón de fuerza mayor por sobre cualquier otra consideración».
Por Angelo Lancellotti González, periodista.
Con Información de ovallehoy.cl




