Este viernes se concretó el duodécimo vuelo de expulsión del año con 67 ciudadanos hacia Bolivia, Ecuador y Colombia. El total de expulsiones desde enero al 6 de noviembre alcanzó las 2.136, lo que representa un aumento del 45,3% en comparación con todo el año 2025.
Con el duodécimo vuelo de la administración de José Antonio Kast, el número de expulsiones desde el 11 de marzo a la fecha llegó a 1.840, cifra que contrasta con las 1.267 del año pasado. Los destinos del chárter comercial de esta mañana fueron Colombia (39 ciudadanos), Bolivia (12) y Ecuador (16). El 78% de los casos corresponde a ingresos por paso no habilitado; otros obedecen a asociación ilícita, receptación de vehículo motorizado, robo con intimidación, robo con violencia y siete por microtráfico o tráfico ilícito de drogas.
Desde el 23 de octubre, fecha del undécimo vuelo, hasta hoy se sumaron 133 expulsados, es decir, un promedio de 9 salidas diarias en 14 días.
La actualización de las cifras migratorias fue entregada por el Subsecretario del Interior, Máximo Pavez, junto al Director Nacional del SERMIG, Frank Sauerbaum; el nuevo subdirector de Migraciones, Control de Fronteras e Inteligencia, Prefecto General Luis Orella; y el recientemente nombrado Jefe Nacional de Migraciones y Policía Internacional, Prefecto Jaime Lazo Chandia.
Sobre la gestión en materia migratoria, el Subsecretario del Interior, Máximo Pávez, destacó que durante los cuatro años del gobierno anterior se registraron 23 vuelos de expulsión, a un ritmo aproximado de uno cada dos meses. “Con el operativo de hoy, el actual gobierno alcanza 12 vuelos en casi ocho meses, triplicando la frecuencia mensual de estas operaciones. Quiero dar un dato respecto a lo que decía anteriormente, 11.625 salidas voluntarias se registraron versus 4.253 en todo el 2025, es decir, acá hay un cambio de mano, y eso se ha ido notando en la gestión del ordenamiento migratorio”, afirmó.
Respecto de las expectativas en materia migratoria, el Director Nacional del SERMIG, Frank Sauerbaum, destacó el uso de los $4 mil millones que se aprobaron en el presupuesto 2026. “Estamos utilizando en este momento 1.700 millones solicitados al Ministerio del Interior, que vamos a utilizar de aquí a diciembre. Pero la buena noticia es que el Congreso Nacional, hace unos días nos ha aprobado en la comisión mixta $11.600 millones solo para expulsiones para el año 2027 (…) Las expectativas son, evidentemente, seguir ejecutando permanentemente estos vuelos de expulsión. Yo quiero recordar que estos vuelos de expulsión que nosotros anunciamos cada cierto tiempo no son los únicos que se hacen”, afirmó.
Por otra parte, se informó que 11.625 personas extranjeras han dejado Chile entre enero y octubre. El 80,5% de ellas (9.360) corresponde a ciudadanos venezolanos, y el 9,1% (1.060) a colombianos. Así, al sumar las 2.136 expulsiones y las 11.625 salidas voluntarias, se contabilizan 13.761 extranjeros que abandonaron el país durante el año en curso.
En cuanto a las personas denunciadas en frontera (no reconducidos), se registran 320 casos entre enero y octubre, lo que representa una caída del 93% respecto de los 4.612 casos de 2025. Respecto de las fiscalizaciones en todo el país, estas presentan un incremento de 29%, con 1.984 inspecciones frente a las 1.537 de 2025. En estas se ha controlado a 46.475 extranjeros, lo que representa un 52% más que el año pasado. Gracias a estas fiscalizaciones en el territorio nacional, se han constatado 14.611 casos de denuncia por ingreso por paso no habilitado.
Sobre los extranjeros detenidos durante los hechos del 18 de octubre, fueron objeto de órdenes de expulsión dictadas mediante la facultad extraordinaria del Subsecretario del Interior por razones de seguridad interior. Las autoridades destacaron que las órdenes ya fueron emitidas y actualmente se encuentran en tramitación los procedimientos correspondientes. Sobre esto, Sauerbaum señaló: “Hay un procedimiento que se divide en 2. La primera parte tiene que ver con revisar la situación migratoria. La mayoría de ellos (3 peruanos y 2 haitianos) estaba con residencia definitiva, algo que es bien incomprensible para una persona que se le entregue una residencia definitiva termine en marcha, haciendo daño a la propiedad pública o privada, les retiramos la residencia definitiva. Luego de eso se le ordenó y se le instruyó la orden de expulsión, y ellos están notificados. Una vez notificados tienen 10 días para apelar (…) esa apelación la tiene que ver la justicia, si corresponde o no. La notificación de la expulsión ya está entregada, por lo tanto, ellos están haciendo uso de los 10 días que tienen para poder hacer la apelación”, aseguró.
Con Información de www.coquimbonoticias.cl
