condenados archivos - ChileLindohttps://chilelindo.org/tag/condenados/Noticias de todo ChileMon, 02 Nov 2026 00:11:33 +0000es-CL hourly 1 https://chilelindo.org/wp-content/uploads/2026/07/cropped-Chilelindo-1-32x32.pngcondenados archivos - ChileLindohttps://chilelindo.org/tag/condenados/3232Hijas del general Carlos Prats presentan carta en La Moneda para exigir que no se indulten condenados por crímenes de lesa humanidadhttps://chilelindo.org/nacional/hijas-del-general-carlos-prats-presentan-carta-en-la-moneda-para-exigir-que-no-se-indulten-condenados-por-crimenes-de-lesa-humanidad/https://chilelindo.org/nacional/hijas-del-general-carlos-prats-presentan-carta-en-la-moneda-para-exigir-que-no-se-indulten-condenados-por-crimenes-de-lesa-humanidad/#respondMon, 02 Nov 2026 00:11:31 +0000https://chilelindo.org/nacional/hijas-del-general-carlos-prats-presentan-carta-en-la-moneda-para-exigir-que-no-se-indulten-condenados-por-crimenes-de-lesa-humanidad/Santiago, 1 de noviembre de 2026. Las hijas del excomandante en jefe del Ejército, General Carlos Prats González, y de Sofía Cuthbert Chiarleoni —Sofía, Hilda y…

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Santiago, 1 de noviembre de 2026. Las hijas del excomandante en jefe del Ejército, General Carlos Prats González, y de Sofía Cuthbert Chiarleoni —Sofía, Hilda y María Angélica Prats Cuthbert— ingresaron el 30 de octubre al Palacio de La Moneda una carta abierta dirigida a la máxima autoridad del país. El documento, que cuenta con timbre oficial de recepción de la sede de Gobierno, rechaza la entrega de indultos presidenciales a exagentes de la dictadura condenados por violaciones a los derechos humanos y solicita poner fin legal a esa atribución, además del envío de un proyecto de ley para derogar dicha facultad legal.

La carta se produce en medio del debate público originado por rebajas de condenas penitenciarias y por la revisión y eventual uso de la facultad de indulto. Las firmantes expusieron que la aplicación de estas medidas a exagentes estatales causaría un impacto negativo tanto en la convivencia nacional como en los familiares de las víctimas que mantienen causas judiciales abiertas.

En el documento recordaron que sus padres fueron asesinados el 30 de septiembre de 1974 en Buenos Aires, Argentina, mediante un atentado explosivo ejecutado en el marco del terrorismo de Estado. Señalaron que, tras una investigación judicial de 36 años, la Corte Suprema de Justicia ratificó el 8 de julio de 2010 la responsabilidad penal de agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), estructura integrada por oficiales del Ejército de Chile.

A partir de esos antecedentes, la carta sostiene que los delitos cometidos durante la dictadura civil y militar constituyen crímenes de lesa humanidad bajo el derecho internacional y la legislación local. Añade que esos actos fueron perpetrados por funcionarios públicos en contravención del ordenamiento jurídico chileno y de los tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado.

El texto indica que, si bien el ordenamiento vigente otorga al Presidente de la República la atribución administrativa de conceder indultos particulares, su ejercicio en estos casos carece de legitimidad ética frente a los estándares de derechos humanos. «Indultar a quienes cometieron crímenes de Lesa Humanidad es éticamente insostenible. Es impunidad, y la impunidad corroe la conciencia moral de una nación», afirma la misiva.

Las hijas del General Prats también plantearon un cuestionamiento en el plano institucional castrense, al señalar que beneficiar penalmente a quienes participaron en el homicidio del otrora jefe de la institución castrense vulnera los principios de las Fuerzas Armadas. «Indultar a oficiales de Ejército condenados por asesinar a un Comandante en Jefe que fue fiel a su juramento de defender la Constitución y las leyes, ofende el honor de las Fuerzas Armadas», sostiene la carta.

Hacia el término del documento, las hermanas Prats Cuthbert solicitaron formalmente que el Ejecutivo desista de utilizar la figura del indulto presidencial con personas condenadas por delitos de esta gravedad. En su lugar, requirieron la redacción e ingreso de un proyecto de ley al Congreso Nacional orientado a derogar dicha prerrogativa, argumentando que «la reconciliación se construye logrando verdad y justicia para las víctimas».

Con Información de elsiglo.cl

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Ministro Fernando Rabat confirma rebaja de condenas a dos internos de Punta Peuco condenados por tortura y secuestrohttps://chilelindo.org/nacional/ministro-fernando-rabat-confirma-rebaja-de-condenas-a-dos-internos-de-punta-peuco-condenados-por-tortura-y-secuestro/https://chilelindo.org/nacional/ministro-fernando-rabat-confirma-rebaja-de-condenas-a-dos-internos-de-punta-peuco-condenados-por-tortura-y-secuestro/#respondWed, 28 Oct 2026 18:50:37 +0000https://chilelindo.org/nacional/ministro-fernando-rabat-confirma-rebaja-de-condenas-a-dos-internos-de-punta-peuco-condenados-por-tortura-y-secuestro/En medio de la fuerte tensión política por los beneficios concedidos a agresores sexuales, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, respaldó la reducción…

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En medio de la fuerte tensión política por los beneficios concedidos a agresores sexuales, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, respaldó la reducción de penas otorgada a militares recluidos en Til Til y aseguró que la medida se ajusta estrictamente a la ley y sigue la práctica aplicada durante los últimos 20 años.

Un nuevo foco de tensión sacudió al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos después de que Rabat confirmara que el Ejecutivo entregó decretos de rebaja de condena a dos reclusos que cumplen penas en el penal de Punta Peuco, ubicado en la comuna de Til Til. La información surgió en medio de la severa controversia por los 56 beneficios penitenciarios concedidos a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad. En este caso, se trata de dos exuniformados condenados por crímenes de lesa humanidad: uno por secuestro calificado y otro por torturas.

Consultado por Tele13 Radio y T13, el secretario de Estado reconoció la veracidad de los antecedentes con un breve “Es cierto” y argumentó que la resolución responde a la aplicación habitual del marco legal. “de la misma manera se dieron estos beneficios en los últimos 20 años, en gobiernos de distintos signos políticos porque se aplica la ley”, enfatizó. Luego, al revisar la trayectoria de este tipo de medidas en administraciones anteriores, señaló: “hay casos en cada uno de los Gobiernos, y si mi memoria no me falla, creo que solo en el Gobierno de Boric se rechazaron absolutamente todos, y fueron luego revertidas esas situaciones por sentencias de la Corte Suprema en al menos cuatro casos. Pero los demás gobiernos, en los últimos 20 años otorgaron beneficios a militares, porque así lo establece la ley”. En esa misma línea, recalcó que “en 20 años, en materia de militares, hay beneficios a distintas personas, en distintos gobiernos”.

Frente a los cuestionamientos por el impacto político de estas decisiones y consultado sobre una eventual autocrítica por la conducción del gabinete, el jefe de la cartera de Justicia descartó errores en el procedimiento y defendió el actuar de sus equipos. Sobre el apego a las normas vigentes, sostuvo: “Yo creo que lo relevante es estar tranquilo en que se ha respetado la Constitución y la ley”, y agregó que la función pública exige ceñirse de forma estricta a los preceptos legales vigentes. De igual forma, al ser requerido respecto al tiempo transcurrido antes de impulsar reformas legales para abordar la materia, Rabat contrastó la celeridad de su gestión frente a períodos previos: “En otros gobiernos se demoraron cuatro años sin plantearlo, y yo lo estoy planteando al séptimo mes”.

Para hacer frente a los vacíos normativos y evitar la repetición de atenuaciones de condena en causas de alta gravedad, la autoridad anunció que la administración del Presidente José Antonio Kast asumirá una postura activa en la esfera legislativa. “No me desentiendo del problema”, aseveró, y confirmó que el Ejecutivo ingresará indicaciones y acelerará la tramitación de iniciativas en el Congreso Nacional. Al detallar el alcance de los cambios, Rabat precisó: “vamos a presentar nuestro propio proyecto de ley, precisamente para que los requisitos para obtener este tipo de beneficios deban analizarse al momento de la solicitud”, norma con la que se busca prevenir interpretaciones basadas en el principio de irretroactividad de la ley penal. Finalmente, justificó la ofensiva parlamentaria manifestando que “una forma de abordar el problema no es dejarle este asunto a los tribunales de justicia”, y reafirmó el compromiso del Gobierno de fijar urgencia a las mociones que impidan la entrega de beneficios a personas condenadas por delitos de alta gravedad.

Con Información de desenfoque.cl

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Nueve médicos extranjeros condenados a hasta 21 años de prisión por fraude masivo de licencias médicas falsificadashttps://chilelindo.org/nacional/nueve-medicos-extranjeros-condenados-a-hasta-21-anos-de-prision-por-fraude-masivo-de-licencias-medicas-falsificadas/https://chilelindo.org/nacional/nueve-medicos-extranjeros-condenados-a-hasta-21-anos-de-prision-por-fraude-masivo-de-licencias-medicas-falsificadas/#respondMon, 31 Aug 2026 17:47:13 +0000https://chilelindo.org/nacional/nueve-medicos-extranjeros-condenados-a-hasta-21-anos-de-prision-por-fraude-masivo-de-licencias-medicas-falsificadas/El 7° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago dio a conocer este lunes la sentencia definitiva de 308 tomos en contra de 17…

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El 7° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago dio a conocer este lunes la sentencia definitiva de 308 tomos en contra de 17 personas imputadas por el denominado «megafraude de Fonasa». Entre los condenados se encuentran nueve médicos de nacionalidad extranjera, quienes formaban parte de una organización criminal dedicada a la emisión masiva de licencias médicas falsas.

Según la investigación de la Fiscalía Metropolitana Oriente, el daño económico causado al sistema público de salud fue oficialmente cuantificado en $31.571.798.643. Sin embargo, el Ministerio Público advirtió que el monto real defraudado podría superar los $50 mil millones de pesos al considerar otros centros médicos que no fueron incluidos en este proceso. Las actividades delictivas ocurrieron entre 2020 y 2022, período durante el cual se emitieron aproximadamente 80 mil licencias fraudulentas.

El tribunal determinó que 11 de los 17 condenados deberán cumplir penas de cárcel efectiva. La condena más severa alcanzó a uno de los facultativos, quien fue sentenciado a más de 21 años de prisión. Otros médicos recibieron penas de 16, 15 y 13 años de presidio.

Entre las condenas de cárcel efectiva destaca el caso del médico Samir Enrique Rivaldo Hernández, identificado como responsable de la emisión de aproximadamente 16 mil licencias médicas falsas. El tribunal lo condenó a 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio, más cinco años de reclusión menor en su grado máximo por emisión reiterada de licencias falsas y tres años de presidio menor por asociación ilícita. Además, se le impuso una multa de $2.566 millones de pesos.

Seis de los acusados que actuaban como compradores de licencias y captadores fueron sentenciados a poco más de cuatro años de presidio. Al no superar el límite legal de cinco años, se les otorgó el beneficio de cumplir sus condenas bajo régimen de libertad vigilada intensiva.

El Ministerio Público logró acreditar que la red criminal operaba mediante la creación de diversos centros médicos que funcionaban como fachada exclusivamente para emitir las licencias fraudulentas. El tribunal dictó condenas por los delitos de emisión de licencias falsas, asociación delictiva, fraude de subvenciones y lavado de activos.

El fiscal de Alta Complejidad Oriente, Álvaro Pérez, expresó su conformidad con la sentencia. El persecutor destacó la importancia del juicio para la protección de la fe pública y la defensa de los recursos de Fonasa, señalando que «el patrimonio fiscal en el caso del Fondo Nacional de Salud se trata del patrimonio de todos los chilenos». La fiscal regional Lorena Parra calificó la sentencia como un hecho histórico por la magnitud del daño causado a la red de salud.

Durante el cierre del juicio se presentó un incidente administrativo cuando una de las magistradas se inhabilitó voluntariamente debido a que enfrenta un proceso de expulsión del Poder Judicial tras haber viajado al extranjero utilizando un permiso de salud.

Con Información de desenfoque.cl

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Cuatro imputados, incluido Clark, condenados a prisión en el caso Sartorhttps://chilelindo.org/nacional/cuatro-imputados-incluido-clark-condenados-a-prision-en-el-caso-sartor/https://chilelindo.org/nacional/cuatro-imputados-incluido-clark-condenados-a-prision-en-el-caso-sartor/#respondWed, 19 Aug 2026 03:18:01 +0000https://chilelindo.org/nacional/cuatro-imputados-incluido-clark-condenados-a-prision-en-el-caso-sartor/Luego de 14 días consecutivos de audiencia, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago resolvió el caso que había generado incertidumbre. Fuera de la sala, periodistas…

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Luego de 14 días consecutivos de audiencia, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago resolvió el caso que había generado incertidumbre. Fuera de la sala, periodistas y familiares aguardaban el veredicto. En el interior, durante seis horas ininterrumpidas, la jueza Paulina Moya analizó detalladamente el proceso relacionado con Sartor AFG, el centro del escándalo financiero del año.

La resolución fue categórica: prisión preventiva para los cuatro excontroladores de la administradora. Pedro Pablo Larraín, Carlos Larraín, Michael Clark y Sergio Yáñez permanecerán encarcelados durante el desarrollo de la investigación.

La Fiscalía Metropolitana Oriente acusa a los imputados de varios delitos económicos: estafa, lavado de activos y administración desleal. En el transcurso de la jornada, la jueza Moya validó varios de estos ilícitos con base en los antecedentes presentados por el Ministerio Público. Esta evidencia fue determinante para arribar a la conclusión principal: mantenerlos en libertad representa «un peligro para la sociedad».

Sin embargo, otros imputados recibieron medidas diferentes. Rodrigo Bustamante y Juan Carlos Jorquera fueron condenados a arresto domiciliario parcial, pudiendo salir únicamente con restricciones y bajo vigilancia.

La audiencia extendida confirmó lo que el mercado había sospechado durante meses. Sartor, presentada alguna vez como una boutique financiera de prestigio, hoy tiene a sus principales figuras enfrentando la justicia desde prisión.

El tribunal debe continuar con la investigación, pero el mensaje del martes fue inequívoco: el caso trasciende la mala administración de recursos. Para la justicia, hubo intención, daño y riesgo.

El caso forma parte del negocio vinculado a Azul Azul, la concesionaria del club deportivo Universidad de Chile, donde Clark se desempeñaba como presidente hasta hace más de un mes.

Con Información de desenfoque.cl

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