Luego de 14 días consecutivos de audiencia, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago resolvió el caso que había generado incertidumbre. Fuera de la sala, periodistas y familiares aguardaban el veredicto. En el interior, durante seis horas ininterrumpidas, la jueza Paulina Moya analizó detalladamente el proceso relacionado con Sartor AFG, el centro del escándalo financiero del año.
La resolución fue categórica: prisión preventiva para los cuatro excontroladores de la administradora. Pedro Pablo Larraín, Carlos Larraín, Michael Clark y Sergio Yáñez permanecerán encarcelados durante el desarrollo de la investigación.
La Fiscalía Metropolitana Oriente acusa a los imputados de varios delitos económicos: estafa, lavado de activos y administración desleal. En el transcurso de la jornada, la jueza Moya validó varios de estos ilícitos con base en los antecedentes presentados por el Ministerio Público. Esta evidencia fue determinante para arribar a la conclusión principal: mantenerlos en libertad representa «un peligro para la sociedad».
Sin embargo, otros imputados recibieron medidas diferentes. Rodrigo Bustamante y Juan Carlos Jorquera fueron condenados a arresto domiciliario parcial, pudiendo salir únicamente con restricciones y bajo vigilancia.
La audiencia extendida confirmó lo que el mercado había sospechado durante meses. Sartor, presentada alguna vez como una boutique financiera de prestigio, hoy tiene a sus principales figuras enfrentando la justicia desde prisión.
El tribunal debe continuar con la investigación, pero el mensaje del martes fue inequívoco: el caso trasciende la mala administración de recursos. Para la justicia, hubo intención, daño y riesgo.
El caso forma parte del negocio vinculado a Azul Azul, la concesionaria del club deportivo Universidad de Chile, donde Clark se desempeñaba como presidente hasta hace más de un mes.
Con Información de desenfoque.cl
