Santiago, 1 de noviembre de 2026. Las hijas del excomandante en jefe del Ejército, General Carlos Prats González, y de Sofía Cuthbert Chiarleoni —Sofía, Hilda y María Angélica Prats Cuthbert— ingresaron el 30 de octubre al Palacio de La Moneda una carta abierta dirigida a la máxima autoridad del país. El documento, que cuenta con timbre oficial de recepción de la sede de Gobierno, rechaza la entrega de indultos presidenciales a exagentes de la dictadura condenados por violaciones a los derechos humanos y solicita poner fin legal a esa atribución, además del envío de un proyecto de ley para derogar dicha facultad legal.
La carta se produce en medio del debate público originado por rebajas de condenas penitenciarias y por la revisión y eventual uso de la facultad de indulto. Las firmantes expusieron que la aplicación de estas medidas a exagentes estatales causaría un impacto negativo tanto en la convivencia nacional como en los familiares de las víctimas que mantienen causas judiciales abiertas.
En el documento recordaron que sus padres fueron asesinados el 30 de septiembre de 1974 en Buenos Aires, Argentina, mediante un atentado explosivo ejecutado en el marco del terrorismo de Estado. Señalaron que, tras una investigación judicial de 36 años, la Corte Suprema de Justicia ratificó el 8 de julio de 2010 la responsabilidad penal de agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), estructura integrada por oficiales del Ejército de Chile.
A partir de esos antecedentes, la carta sostiene que los delitos cometidos durante la dictadura civil y militar constituyen crímenes de lesa humanidad bajo el derecho internacional y la legislación local. Añade que esos actos fueron perpetrados por funcionarios públicos en contravención del ordenamiento jurídico chileno y de los tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado.
El texto indica que, si bien el ordenamiento vigente otorga al Presidente de la República la atribución administrativa de conceder indultos particulares, su ejercicio en estos casos carece de legitimidad ética frente a los estándares de derechos humanos. «Indultar a quienes cometieron crímenes de Lesa Humanidad es éticamente insostenible. Es impunidad, y la impunidad corroe la conciencia moral de una nación», afirma la misiva.
Las hijas del General Prats también plantearon un cuestionamiento en el plano institucional castrense, al señalar que beneficiar penalmente a quienes participaron en el homicidio del otrora jefe de la institución castrense vulnera los principios de las Fuerzas Armadas. «Indultar a oficiales de Ejército condenados por asesinar a un Comandante en Jefe que fue fiel a su juramento de defender la Constitución y las leyes, ofende el honor de las Fuerzas Armadas», sostiene la carta.
Hacia el término del documento, las hermanas Prats Cuthbert solicitaron formalmente que el Ejecutivo desista de utilizar la figura del indulto presidencial con personas condenadas por delitos de esta gravedad. En su lugar, requirieron la redacción e ingreso de un proyecto de ley al Congreso Nacional orientado a derogar dicha prerrogativa, argumentando que «la reconciliación se construye logrando verdad y justicia para las víctimas».
Con Información de elsiglo.cl
