En medio de la fuerte tensión política por los beneficios concedidos a agresores sexuales, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, respaldó la reducción de penas otorgada a militares recluidos en Til Til y aseguró que la medida se ajusta estrictamente a la ley y sigue la práctica aplicada durante los últimos 20 años.
Un nuevo foco de tensión sacudió al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos después de que Rabat confirmara que el Ejecutivo entregó decretos de rebaja de condena a dos reclusos que cumplen penas en el penal de Punta Peuco, ubicado en la comuna de Til Til. La información surgió en medio de la severa controversia por los 56 beneficios penitenciarios concedidos a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad. En este caso, se trata de dos exuniformados condenados por crímenes de lesa humanidad: uno por secuestro calificado y otro por torturas.
Consultado por Tele13 Radio y T13, el secretario de Estado reconoció la veracidad de los antecedentes con un breve “Es cierto” y argumentó que la resolución responde a la aplicación habitual del marco legal. “de la misma manera se dieron estos beneficios en los últimos 20 años, en gobiernos de distintos signos políticos porque se aplica la ley”, enfatizó. Luego, al revisar la trayectoria de este tipo de medidas en administraciones anteriores, señaló: “hay casos en cada uno de los Gobiernos, y si mi memoria no me falla, creo que solo en el Gobierno de Boric se rechazaron absolutamente todos, y fueron luego revertidas esas situaciones por sentencias de la Corte Suprema en al menos cuatro casos. Pero los demás gobiernos, en los últimos 20 años otorgaron beneficios a militares, porque así lo establece la ley”. En esa misma línea, recalcó que “en 20 años, en materia de militares, hay beneficios a distintas personas, en distintos gobiernos”.
Frente a los cuestionamientos por el impacto político de estas decisiones y consultado sobre una eventual autocrítica por la conducción del gabinete, el jefe de la cartera de Justicia descartó errores en el procedimiento y defendió el actuar de sus equipos. Sobre el apego a las normas vigentes, sostuvo: “Yo creo que lo relevante es estar tranquilo en que se ha respetado la Constitución y la ley”, y agregó que la función pública exige ceñirse de forma estricta a los preceptos legales vigentes. De igual forma, al ser requerido respecto al tiempo transcurrido antes de impulsar reformas legales para abordar la materia, Rabat contrastó la celeridad de su gestión frente a períodos previos: “En otros gobiernos se demoraron cuatro años sin plantearlo, y yo lo estoy planteando al séptimo mes”.
Para hacer frente a los vacíos normativos y evitar la repetición de atenuaciones de condena en causas de alta gravedad, la autoridad anunció que la administración del Presidente José Antonio Kast asumirá una postura activa en la esfera legislativa. “No me desentiendo del problema”, aseveró, y confirmó que el Ejecutivo ingresará indicaciones y acelerará la tramitación de iniciativas en el Congreso Nacional. Al detallar el alcance de los cambios, Rabat precisó: “vamos a presentar nuestro propio proyecto de ley, precisamente para que los requisitos para obtener este tipo de beneficios deban analizarse al momento de la solicitud”, norma con la que se busca prevenir interpretaciones basadas en el principio de irretroactividad de la ley penal. Finalmente, justificó la ofensiva parlamentaria manifestando que “una forma de abordar el problema no es dejarle este asunto a los tribunales de justicia”, y reafirmó el compromiso del Gobierno de fijar urgencia a las mociones que impidan la entrega de beneficios a personas condenadas por delitos de alta gravedad.
Con Información de desenfoque.cl
