El Juzgado de Garantía de Valdivia decretó la suspensión condicional del procedimiento por el plazo de un año en favor de tres estudiantes de la Universidad Austral de Chile (UACh), formalizados tras la agresión sufrida por la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao. El acuerdo judicial puso fin a la vía penal contra los universitarios Pablo Vásquez Burgos, Joaquín Monje Sazo y María Jesús Madariaga Rojas, imputados por el delito de amenazas luego de encarar e intimidar a la secretaria de Estado durante una actividad académica en el campus Isla Teja.
Para acceder a la salida alternativa, los tres jóvenes debieron ofrecer disculpas públicas ante el tribunal y reconocer que las manifestaciones no justifican actos de violencia ni faltas de respeto hacia las autoridades. Durante la audiencia, los imputados admitieron que la situación «se salió de las manos» y manifestaron que nunca existió la intención de provocar un daño físico o emocional a la secretaria de Estado.
Junto con la retractación formal, la resolución judicial impuso a los universitarios la prohibición absoluta de acercarse a la ministra Lincolao, la obligación de realizar prestaciones de servicios en beneficio de la comunidad y la medida de firma bimensual ante Carabineros. La calificación final por amenazas dejó atrás la querella inicial impulsada por el Ministerio de Seguridad Pública, el cual había atribuido originalmente a los hechos las características de un eventual delito de secuestro.
La ministra Lincolao presenció la audiencia de forma telemática y aceptó las disculpas ofrecidas por los imputados, asegurando que nunca concibió el caso como un conflicto de carácter personal. En su intervención ante el tribunal, la autoridad expresó que «yo fui joven y se cometen errores», deseándoles lo mejor a los estudiantes en su desarrollo académico y personal.
Sin embargo, la secretaria de Estado enfatizó que el hecho trasciende a las personas involucradas y atañe al resguardo de las instituciones democráticas. En esa línea, advirtió que la crítica y la protesta son legítimas en democracia, pero subrayó que la violencia y las amenazas no pueden ser validadas como mecanismos de expresión política. Aunque reconoció que habría preferido continuar el proceso penal para sentar un precedente institucional, Lincolao dio su conformidad a la suspensión condicional considerando las disculpas y el impacto del caso en los jóvenes.
Con Información de desenfoque.cl
