Santiago, 9 de noviembre de 2026. La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) anunció un plan de movilizaciones progresivas y escalonadas a nivel nacional durante noviembre, luego de que su Asamblea Nacional aprobara una estrategia de presión sindical frente a lo que considera un escenario de amenazas al empleo público, debilitamiento de los servicios del Estado y retrocesos en derechos laborales y sociales. El gremio advirtió que mantendrá el diálogo, pero no descarta intensificar las acciones sindicales si no obtiene respuestas concretas.
El presidente nacional de la organización, José Pérez Debelli, confirmó que noviembre será un mes clave para estas acciones, en particular por la discusión del Presupuesto 2027 en el Congreso y por las decisiones que deberán adoptar los servicios públicos respecto de la renovación de los contratos de sus funcionarios.
Entre los principales cuestionamientos de la ANEF figuran los recortes presupuestarios que afectarían a distintos programas públicos. El dirigente sindical advirtió que, aunque el Ejecutivo presenta un crecimiento general del gasto fiscal de 1,5%, al revisar las partidas específicas se observan disminuciones y eventuales eliminaciones de iniciativas en áreas como educación, salud, protección social y atención a grupos vulnerables.
La organización manifestó especial preocupación por los efectos de estas medidas en programas de jardines infantiles, JUNAEB, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, SENAMA y SENADIS, entre otros. Para la ANEF, no se trata solo de una discusión presupuestaria, sino de decisiones que pueden afectar directamente los derechos y las condiciones de vida de miles de personas.
Otro de los ejes centrales del conflicto es la estabilidad laboral de los trabajadores del Estado. La ANEF advirtió que cerca del 70% de los funcionarios de la administración central se desempeña bajo la modalidad de contrata, situación que genera incertidumbre ante las próximas renovaciones contractuales para 2027.
En ese contexto, el gremio exige garantías frente a eventuales despidos y no renovaciones, y rechaza que se utilicen criterios arbitrarios o decisiones presupuestarias para desvincular a trabajadores con años de trayectoria en la administración pública.
A estas demandas se suma la negociación del reajuste salarial del sector público. La Mesa del Sector Público, integrada por 16 organizaciones sindicales y encabezada por la CUT, presentó el pasado 4 de noviembre su propuesta al Gobierno, que contempla un reajuste nominal de 6,3%, equivalente a un incremento real no inferior al 2%, además de mejoras en las condiciones laborales, estabilidad en el empleo y avances en materias pendientes.
La estrategia aprobada por la ANEF contempla presencia en los lugares de trabajo, despliegue territorial, acciones comunicacionales, articulación con organizaciones sociales y sindicales, además de movilizaciones que podrán aumentar progresivamente su intensidad.
La organización ya tuvo una expresión de fuerza en las recientes jornadas de paralización y manifestaciones del sector público, que incluyeron actividades en distintos servicios y una convocatoria en la Alameda de Santiago.
Pérez Debelli señaló que la ANEF mantiene su disposición a dialogar con las autoridades, pero enfatizó que la negociación debe ir acompañada de organización y movilización. En esa línea, sostuvo que los trabajadores públicos tienen la responsabilidad de defender no solo sus condiciones laborales, sino también el papel del Estado en la garantía de derechos sociales para la ciudadanía.
De esta manera, noviembre se proyecta como un mes de creciente tensión entre el Gobierno y las organizaciones del sector público. La discusión presupuestaria, las demandas salariales y la incertidumbre sobre la continuidad de miles de funcionarios serán determinantes para establecer si las conversaciones avanzan hacia acuerdos o si el conflicto deriva en nuevas jornadas de paralización nacional.
Con Información de elsiglo.cl
