En septiembre de 2025, el presidente estadounidense Donald Trump firmó una orden ejecutiva que declaró a Antifa como “organización terrorista nacional”. Sin embargo, Antifa no constituye una organización formal, sino que el término engloba grupos diversos de activistas de izquierda que se oponen al neonazismo, supremacismo blanco y racismo.
Casi un año después, el Presidente José Antonio Kast presentó una reforma constitucional que le otorgaría la facultad de declarar que “una agrupación constituye una organización terrorista o de crimen organizado”, sujeto a ratificación del Senado en sesión secreta. La reforma incluye un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública que permitiría al Presidente interceptar, abrir o registrar documentos y comunicaciones, además de restringir el derecho de asociación. Estas disposiciones no son aisladas ni casuales, sino que revelan un objetivo autoritario que trasciende a Chile e incluye alineamiento con la administración Trump.
El embajador estadounidense en Chile, Brandon Judd, expuso al Ministro de Defensa Fernando Barros al revelar su firma en una declaración del 12 de marzo en la cual el Gobierno de Chile se compromete a unirse a “una coalición para combatir el narcoterrrorismo y otras amenazas compartidas que enfrenta el hemisferio occidental”.
En julio, Chile participó en Washington en una cumbre contra el “terrorismo de extrema izquierda” convocada por el Secretario de Estado Marcos Rubio, junto a otros 65 países. En su discurso, Rubio criticó las ideas de izquierda, describiéndolas como “un resentimiento venenoso enmascarado tras el lenguaje de la igualdad”.
Semanas después de declarar a Antifa como organización terrorista, el régimen estadounidense emitió el Memorándum Presidencial NSPM-7 contra el “terrorismo interno y la violencia política” que ordena investigar organizaciones que presenten elementos comunes como anticapitalismo, anticristianismo y “hostilidad hacia quienes defienden las ideas tradicionales estadounidenses”. El memorándum faculta al fiscal general para investigar “actos terroristas con motivación política, tales como llamadas falsas a la policía, disturbios, amenazas de violencia y desorden público”. Organizaciones de la sociedad civil y congresistas estadounidenses han denunciado esta herramienta como un mecanismo para reprimir la disidencia.
El gobierno del Presidente Kast se adhirió al Escudo de las Américas, alianza creada para implementar una versión nueva y agresiva de la Doctrina Monroe. La reforma constitucional chilena presentada bajo la excusa de fortalecer la seguridad pública busca debilitar la democracia, concentrar poder presidencial, restringir arbitrariamente derechos humanos y crear instrumentos para perseguir la disidencia política. De aprobarse, permitiría control férreo de comunicaciones privadas y la aplicación de etiquetas de terrorismo a personas por pensar diferente. La alineación con una potencia que comete crímenes a nivel mundial agrava la peligrosidad de la propuesta.
La historia aconseja ser precavido y no permitir leyes habilitantes que tengan consecuencias irreversibles. En la actualidad se desarrolla una versión chilena de Donald Trump a la cual es necesario detener para preservar la democracia.
Con Información de elsiglo.cl
