Marisol Prado, médica psiquiatra, 04/11/2026.
En medio del ajuste presupuestario al sector salud, el Ejecutivo ha planteado descontinuar o reestructurar programas como el de Prevención del Suicidio, los Cuidados Comunitarios en Atención Primaria, las residencias protegidas y el Plan Nacional de Demencia. A ello se suman decenas de rebajas en áreas como la atención domiciliaria de personas con dependencia severa, el desarrollo infantil y adolescente, la prevención del VIH y las inmunizaciones. La explicación oficial es que se está “optimizando” el gasto; para la psiquiatra, esa optimización es una ilusión contable.
Prado advierte que lo que está en riesgo no son iniciativas nuevas. La red de salud mental comunitaria —COSAM, CESAM, atención primaria y residencias protegidas— se construyó durante décadas. Desarmarla, señala, equivaldría a retroceder décadas de trabajo clínico y de política pública.
Chile destina a salud mental entre el 1,7% y el 2% del gasto público en salud, muy por debajo del 6,7% promedio de la OCDE y del 2,8% del promedio mundial. Reino Unido, Australia o Suecia invierten entre 9% y 11%. El sistema ya resulta insuficiente: los pacientes financian de su bolsillo más del 42% de los costos y las listas de espera en psiquiatría, tanto de adultos como de niños, se miden en años. Para Prado, recortar sobre esa base no equivale a ordenar las finanzas, sino a desmantelar lo poco que existe.
El ámbito más delicado es el suicidio. El Programa Nacional de Prevención del Suicidio, implementado en 2013, coincidió con una baja sostenida de la tasa, que pasó de cerca de 14 muertes por cada 100.000 habitantes en 2008-2009 a 10 en 2024. Aun así, ese año murieron 1.980 personas por esta causa y en 2025 fueron 1.927. Son más de cinco personas cada día. Con esas cifras, poner fin al programa no solo frenaría la expansión de la red comunitaria, sino que amenaza con revertir un logro que costó mucho conseguir; revertirlo significa más muertes.
Hay además una realidad que ningún decreto puede borrar. Según el Termómetro de la Salud Mental ACHS-UC, el 16,2% de la población presenta síntomas depresivos moderados o severos: un 20,5% de las mujeres y un 11,6% de los hombres. Las mujeres, especialmente las jefas de hogar, sostienen la carga económica y el cuidado de quienes sufren depresión, ansiedad o trastornos del ánimo. Para muchas, la atención primaria es la única puerta de entrada al sistema. Suspender esos programas las deja sin cobertura y amplía la brecha de forma estructural, con efectos que pueden ser irreversibles.
Quienes defienden el recorte olvidan también que la crisis económica es, en sí misma, un factor de riesgo. La inseguridad material se asocia a más trastornos mentales, más consumo de sustancias y más conducta suicida. Es decir, el ajuste llega justo cuando la necesidad de apoyo comunitario es mayor.
La salud mental no se juega solo en el consultorio. La vivienda, los espacios verdes, la protección frente al desempleo, la crianza temprana y la igualdad de género son determinantes robustos del bienestar psíquico. Los recortes proyectados golpean al mismo tiempo niñez, juventud, vivienda y protección social, es decir, la primera línea de prevención.
Cada peso invertido en ampliar la cobertura para depresión y ansiedad devuelve productividad laboral y años de vida saludable. Los trastornos sin tratar generan ausentismo, menor rendimiento y más consultas en servicios de alta complejidad y alto costo. Lo que hoy se “ahorra” no desaparece: se transforma en una deuda sanitaria diferida que se pagará en las urgencias hospitalarias, en años de vida activa convertidos en años perdidos por discapacidad y en muertes evitables.
Chile no está en condiciones de asumir ese costo. La salud mental no es un gasto prescindible, sino una inversión que sostiene a las personas, a las familias y al país. Todavía es posible corregir el rumbo.
Con Información de elsiglo.cl
