En un artículo publicado el 04/11/2026, la psicóloga clínica infantojuvenil Mariela Muñoz Toro, especializada en abuso sexual infantil, abordó las consecuencias que las rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes pueden tener para las víctimas y sus familias. Según planteó, estas decisiones no pueden quedar relegadas al debate jurídico y abren una pregunta: qué ocurre con la confianza de quienes vivieron esa violencia cuando el Estado reduce las penas de sus agresores.
Muñoz Toro señaló que, para quienes fueron víctimas de abuso sexual infantil, enterarse de que su agresor podría recuperar antes la libertad puede despertar temor, incertidumbre o desamparo, y que no todas las personas lo vivirán de la misma manera. Por eso, sostuvo que sus necesidades deben ser escuchadas sin suponer de antemano qué sienten ni qué requieren. La especialista manifestó su preocupación por lo que estas decisiones pueden significar para las víctimas y sus familias.
En el trabajo clínico, explicó, recuperar la confianza puede ser una tarea lenta y compleja. La violencia sexual puede alterar la relación y el significado de sí mismo, de los otros y del mundo, así como la posibilidad de sentirse seguro y de confiar en otras personas. Cuando quien agrede es alguien cercano, de quien se esperaba afecto y protección, el daño puede atravesar también el significado de los vínculos. Para un niño o una niña puede resultar profundamente confuso que una misma persona lo cuide y lo lastime, le exprese cariño y ejerza violencia sobre él o ella.
En ese contexto, indicó que el silencio puede estar sostenido por el miedo, la vergüenza, las amenazas, la dependencia afectiva o el temor a una ruptura familiar. Algunos niños y niñas llegan a sentirse responsables de lo ocurrido o de las consecuencias de contarlo, y pueden pensar que hicieron algo para causarlo, que debieron impedirlo o que hablar perjudicará a personas que quieren. Esas interpretaciones se construyen en una relación desigual, en la que el adulto tiene un poder y una responsabilidad que el niño o la niña no tiene.
Parte del trabajo terapéutico, agregó, consiste en acompañar a niños y niñas a situar esa responsabilidad donde corresponde: en quien ejerció la violencia. Comprender que no tuvieron la culpa requiere más que escuchar esa frase. Necesitan encontrar adultos que les crean, respeten sus tiempos, eviten exponerlos a relatos reiterados e innecesarios de lo sucedido y actúen para protegerlos. La confianza se reconstruye a través de experiencias concretas y sostenidas de cuidado.
También se acompaña la recuperación de su capacidad de elegir, expresar lo que sienten y establecer límites sobre su cuerpo y sus relaciones. Que su voz tenga valor en decisiones cotidianas puede ser significativo después de una experiencia en la que su voluntad fue profundamente sometida al poder del agresor.
Ese proceso necesita un entorno que lo sostenga. Cuando un niño o una niña habla y encuentra incredulidad, culpabilización o desprotección, puede reforzarse la sensación de que pedir ayuda no sirve. Cuando encuentra escucha y acciones protectoras, se abren posibilidades para reconstruir seguridad. Por eso, las decisiones del Estado forman parte del contexto en el que se busca contribuir a la reparación.
Respecto de las condenas, sostuvo que una condena no repara por sí sola el daño, pero tiene un significado público: reconoce una vulneración grave y establece la responsabilidad de quien la cometió. Modificar su cumplimiento exige rigor y transparencia, además de atención a las consecuencias para las víctimas. La discusión sobre la legalidad de los beneficios debe ir acompañada de preguntas concretas: si las víctimas recibieron información oportuna, si se evaluaron sus necesidades de protección y si cuentan con apoyo psicológico si lo requieren.
La psicóloga expresó preocupación por la distancia entre los discursos de protección de la infancia y las decisiones concretas. Afirmó que un Gobierno que hace de la seguridad y del cuidado de la familia una promesa central debe rendir cuentas con esa misma claridad cuando sus propias actuaciones afectan a quienes se comprometió a proteger. La revisión anunciada deberá traducirse en resultados verificables y en respuestas para las personas afectadas.
Desde una perspectiva de derechos, planteó que la experiencia de niños y niñas debe tener un lugar efectivo en las decisiones públicas. El adultocentrismo también aparece cuando las instituciones discuten sobre procedimientos y competencias mientras sus voces y necesidades quedan fuera de la conversación. Escucharlos requiere formas de participación acordes con su edad y condiciones de cuidado que eviten exponerlos nuevamente.
La especialista pidió explicaciones claras y responsabilidades cuando correspondan. También solicitó que la preocupación pública se traduzca en recursos para prevenir la violencia sexual, atender oportunamente a quienes la han vivido y acompañar a sus familias. Advirtió que la indignación pierde fuerza si no se convierte en protección sostenida. Recordó que quienes trabajan en esta área saben que es posible superar las consecuencias de la violencia sexual y construir una vida que no quede definida por ella, y que ese proceso necesita vínculos protectores y respuestas institucionales que ayuden a recuperar la confianza. El Estado tiene una responsabilidad concreta en hacer posibles esas condiciones.
Finalmente, expresó su deseo de imaginar un país en el que el Estado responda y garantice los derechos de niños y niñas; donde puedan sentir que su voz importa, que su dolor es reconocido y que hay adultos e instituciones que actúan para protegerlos; un país donde crecer con seguridad, dignidad y confianza sea un derecho que se cumple.
Con Información de elsiglo.cl
