Suele decirse, y es verdad, que en política no hay situaciones sin salida. Siempre existe una, aunque no sea la esperada ni la mejor. Casi siempre resulta inesperada y tiende a ser peor. Las fuerzas en pugna se valen frecuentemente de herramientas obscenas para imponerse, y al lograrlo, revelan muchas de sus propias debilidades e impudicias.
Esta realidad se evidencia aún más cuando las fuerzas en conflicto son afines, separadas de modo coyuntural por ambiciones, egoísmo, pequeñas mezquindades o angurria. Incurren entonces en falacias, truhanerías de poca monta y pujas ridículas que muestran la fragilidad de las ataduras que los ligan y exponen la fealdad de los roles que aparentan.
Dos hechos, quizá independientes o unidos por algún hilo invisible, han mostrado la crisis del régimen de Keiko Fujimori al cumplirse un mes de su gestión gubernativa: el atentado de Trujillo que segó la vida de cuatro personas, y el accionar de una mafia de alfiles encargada de penetrar y distorsionar los procesos electorales de diversos países de América del sur para colocarlos bajo la esfera de la Casa Blanca monitoreada por Donald Trump.
Los sucesos ocurridos en la capital de La Libertad pusieron en evidencia las debilidades de un régimen absolutamente precario e improvisado: un ministro del Interior que por razones personales no puede estar donde debía estar; un ministro de Defensa que no sabe lo que dice ni tiene idea de lo que hace; un grupo de personas que nadie sabe si son delincuentes disfrazados de policías o policías disfrazados de delincuentes; armamento de guerra y uniformes oficiales de procedencia desconocida; versiones descabelladas y contradictorias; y una Mandataria que calla varios días para terminar diciendo nada.
Lo que queda claro es que hubo un secuestrado que no fue liberado por la policía como sugirió el gobierno, sino puesto en libertad por sus captores como reconoció la familia, a cambio de acuerdos no revelados; cuatro muertos, asesinados por un tirador experto; un grupo de capturados que habrían firmado autoinculpaciones pero evidentemente no tenían nada que ver con los hechos; y fotos del Grupo Operativo y Unidades Móviles luciendo placas oficiales. Todo permitió que muchos recordaran las últimas décadas del siglo pasado cuando el terror se enseñoreó en el país.
No es la primera vez que la policía presenta culpables de delitos que no cometieron. Cuando mataron a Pedro Huilca presentaron hasta cinco grupos de supuestos asesinos para ocultar a los verdaderos responsables, también con confesiones extraídas tras interrogatorios. La justicia ordinaria terminó señalando que no era válida una confesión extraída en las ergástulas policiacas y desechó la vieja tesis de considerar la confesión como “la reina de las pruebas”.
De este desordenado cambalache de acusaciones y pruebas insustentables, lo único que quedó en evidencia es que el gobierno mintió de comienzo a fin y que el jefe de la policía, el general Arriola, está comprometido en acciones de las que habrá de dar cuenta.
El otro gran tema tiene que ver con la captura del argentino Fernando Cerimedo, asesor ejecutivo del presidente boliviano Rodrigo Paz, alfil del chileno Katz y hombre de confianza de Donald Trump. Es un operador del Imperio en esta región del mundo, condecorado en febrero pasado en Mar a Lago, Florida, con la asistencia de Keiko Fujimori.
Ahora está casi probado que a esta troupe de espías pertenecen Cerimedo, Javier Negri, Carlos Diaz-Rosillo y Damián Valenzuela, todos usuarios del Hotel Marriot y sustentadores de una red de Bols que trabajó para la elección de Bolsonaro, Milei, Kast y otros. Todos unidos por un mismo pabilo.
Completa el escenario el papel que cumple el funcionario de la embajada de los Estados Unidos revestido como ministro de Relaciones Exteriores. El señor Espá anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con Irán y luego atacó a la administración de Managua en nombre de la democracia. Es probable que en Teherán se pregunten quién es este Espá y cómo ha salido. Los nicaragüenses le han recordado que no merece siquiera una respuesta. El Perú, después de 36 años de influencia fujimorista, está con su prestigio por los suelos.
Todos estos elementos configuran la crisis que vive el país y que tiene repercusiones en la economía. La inflación aumenta, se disparan los precios, decae el crédito externo y se incrementa la desconfianza de los inversores. ¿Será para eso que postuló Keiko? ¿Pretenderá así gobernar cinco años?
Pretender salir de este callejón podría llevarla a alentar un peligroso ruido de sables. Cuidado, entonces.
Con Información de elsiglo.cl
