En entrevista con ElSiglo.cl, la candidata al regional metropolitano del Colegio de Profesores y Profesoras abordó los desafíos de los docentes en materia laboral y la unidad en el marco de la defensa de la Educación Pública. También repasó el futuro de las movilizaciones del Magisterio y las manifestaciones estudiantiles en el mundo.
Daniela Pizarro A., periodista de El Siglo. Santiago, 19/10/2026. Paulina Cartagena Vidal es profesora de Historia y socióloga. Actualmente es tesorera nacional del Colegio de Profesores y Profesoras de Chile. En la fecha de esta publicación asume un nuevo desafío como candidata de la Lista “Magisterio Unido” para el Regional Metropolitano, en el marco del proceso electoral del gremio que se realizará el miércoles 18 de noviembre.
Consultada sobre cómo enfrenta esta nueva candidatura en el Colegio Metropolitano, respondió que lo hace con responsabilidad, convicción y compromiso con las profesoras y profesores de la región. Su trayectoria como dirigenta nacional y en todos los niveles del Colegio de Profesoras y Profesores y de la CUT le ha permitido conocer de cerca las necesidades de las comunidades educativas y las dificultades que enfrentan día a día las y los profesores.
Sostuvo que el Colegio Metropolitano debe ser una organización presente en los territorios, que escuche a las bases, fortalezca la organización sindical y tenga capacidad de incidencia frente a las autoridades. Agregó que no basta con representar al profesorado; se deben construir colectivamente respuestas a sus problemas.
Señaló que asume este desafío con la convicción de que se necesita un Colegio más cercano, participativo, unido y movilizado, que defienda con fuerza los derechos laborales y la educación pública.
Sobre las primeras medidas que impulsaría desde la región, indicó que lo primero será fortalecer la organización desde las bases, recuperar la participación de las comunas y construir una agenda regional que responda a las necesidades reales del profesorado.
Explicó que impulsaría tres líneas prioritarias: primero, la defensa del trabajo docente, porque nadie “sobra” en la labor docente, las horas de trabajo y las condiciones laborales; segundo, el fortalecimiento de la Educación Pública, tanto en los establecimientos municipales como en los Servicios Locales de Educación Pública; y tercero, una mayor presencia del Colegio Metropolitano en cada territorio, promoviendo asambleas, encuentros y espacios permanentes de diálogo con las comunidades educativas.
También consideró fundamental establecer una coordinación efectiva con los asistentes de la educación, los estudiantes, las organizaciones sindicales y otros actores sociales.
Añadió que se necesita un Colegio Metropolitano que no funcione solamente desde sus oficinas, sino que esté en las escuelas, en los liceos y en las calles cuando sea necesario defender sus derechos.
Consultada sobre las movilizaciones, luego de que hace un mes caminaran hasta Valparaíso por los recortes a la Educación, afirmó que las movilizaciones son una herramienta legítima de las organizaciones sociales, gremiales y sindicales para defender derechos y exigir respuestas. Recordó que han dicho con claridad que la Educación Pública no puede transformarse en una variable de ajuste presupuestario.
Sostuvo que los recortes anunciados para el Presupuesto 2027 generan preocupación porque pueden traducirse en reducción de horas docentes, eventuales despidos, deterioro de las condiciones de enseñanza y menos recursos para responder a las necesidades de las comunidades educativas. Estas preocupaciones, dijo, han sido planteadas públicamente por el gremio durante la discusión presupuestaria.
Afirmó que lo que viene será un período de mucha organización, diálogo y movilización. Espera que el Gobierno escuche a las comunidades educativas y abra espacios efectivos para discutir sus propuestas. Pero, si no existen respuestas concretas, las organizaciones tendrán que evaluar democráticamente los pasos a seguir.
Desde el Colegio de Profesoras y Profesores y la CUT, indicó, defienden el diálogo, pero el diálogo debe producir resultados. No se puede aceptar que las decisiones económicas se tomen sin considerar sus consecuencias sociales y laborales.
Su posición, agregó, es clara: no se puede defender la educación pública debilitando a quienes la sostienen todos los días.
Respecto de la implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), manifestó que constituye uno de los grandes desafíos del sistema educativo. La desmunicipalización debe significar una mejora efectiva de la educación pública, con mayor responsabilidad del Estado, financiamiento suficiente, mejores condiciones laborales y una administración capaz de responder a las necesidades de cada territorio.
Sin embargo, le preocupa que el proceso se desarrolle bajo restricciones presupuestarias que puedan afectar las dotaciones docentes, la estabilidad laboral y el funcionamiento de los establecimientos.
Indicó que en la discusión del Presupuesto 2027 se han planteado límites a las horas docentes financiadas por los SLEP, con posibles consecuencias sobre la contratación, la reposición de vacantes y la organización de los cursos.
Advirtió que se arriesga la estabilidad laboral de las y los colegas, la continuidad de los proyectos educativos y la posibilidad de entregar una educación de calidad. Si las decisiones se toman exclusivamente desde criterios financieros, se puede terminar afectando precisamente a las comunidades que más necesitan del apoyo del Estado.
Por eso, exigió financiamiento suficiente, transparencia en la gestión, participación de las comunidades educativas y respeto por los derechos laborales adquiridos. Añadió que la desmunicipalización no puede convertirse en un simple cambio de administrador; debe ser una transformación que fortalezca la educación pública y garantice mejores condiciones para enseñar y aprender.
Sobre cómo se está desarrollando la unidad del mundo de los trabajadores con el estudiantil, por ejemplo en la última manifestación «Ni un peso menos para la educación», valoró profundamente esa articulación, porque demuestra que la defensa de la educación pública no es una preocupación exclusiva del profesorado ni de los estudiantes. Es una causa que compromete a toda la sociedad.
Recordó que la movilización del 1 de octubre y el encuentro entre organizaciones estudiantiles, sindicales y gremiales realizado el 15 de octubre expresaron la voluntad de distintos sectores de coordinarse frente a los recortes presupuestarios y defender los recursos destinados a la educación.
Desde su responsabilidad en la CUT, consideró que esta unidad es fundamental. Las y los estudiantes necesitan condiciones dignas para aprender, y las trabajadoras y los trabajadores necesitan condiciones dignas para enseñar y desarrollar sus labores.
Sostuvo que no se pueden separar ambas demandas, porque forman parte de una misma realidad. Cuando se reducen recursos para la educación, las consecuencias recaen sobre las comunidades educativas, las familias y quienes trabajan en el sistema.
Señaló que el desafío ahora es transformar esa unidad en una coordinación permanente, con objetivos compartidos, propuestas concretas y capacidad de movilización. La unidad entre estudiantes y trabajadores es fundamental para defender la educación como un derecho social y no como un gasto que se puede recortar.
Consultada sobre los procesos en varios países de Europa que también están movilizados por la educación, dijo que es importante observar lo que ocurre en otros países, porque la defensa de la educación pública y de los derechos de quienes trabajan en ella es una preocupación que trasciende las fronteras.
Mencionó que, por ejemplo, en Madrid, durante octubre de 2026, docentes se han movilizado para exigir mejoras salariales, reducción del número de estudiantes por aula y mejores condiciones educativas. También se han registrado protestas estudiantiles en Bélgica relacionadas con los costos y el acceso a la educación superior. Aunque cada país tiene su propia realidad, existen preocupaciones comunes sobre el financiamiento, las condiciones de enseñanza y las oportunidades educativas.
Añadió que estos procesos muestran la importancia de que las organizaciones sindicales y estudiantiles tengan capacidad de organizarse, plantear propuestas y defender los derechos conquistados.
Afirmó que en Chile se debe aprender de esas experiencias, sin perder de vista la propia realidad. Existen desafíos importantes en materia de financiamiento, infraestructura, convivencia escolar, condiciones laborales y fortalecimiento de la educación pública.
Desde el movimiento sindical, sostuvo, la tarea es defender los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, pero también contribuir a construir un sistema educativo que garantice oportunidades para todas y todos. La educación pública es un derecho social y una responsabilidad del Estado. Defenderla requiere organización, unidad y compromiso, tanto en Chile como en el resto del mundo.
Con Información de elsiglo.cl
