El expresidente fue destituido por el Senado y quedó en prisión preventiva mientras avanza la investigación por presuntas irregularidades vinculadas a Ueno Bank. Su sucesor, Pedro Alliana, enfrenta el desafío de recuperar miles de millones de dólares comprometidos, garantizar las jubilaciones y contener el creciente descontento social.
Asunción, 08/11/2026. La crisis política e institucional de Paraguay entró en una nueva fase tras la destitución de Santiago Peña y su posterior prisión preventiva, en el marco de las investigaciones por presuntas irregularidades financieras vinculadas a Ueno Bank. El caso, que provocó la salida del mandatario, ahora compromete a autoridades económicas, ejecutivos bancarios y organismos públicos que mantenían importantes recursos depositados en la entidad.
La Fiscalía imputó a Peña por presuntos delitos de lesión de confianza y administración en provecho propio, buscando establecer si utilizó su posición presidencial para favorecer a la institución financiera. El exmandatario se abstuvo de declarar y su defensa niega las acusaciones. La investigación también alcanza al expresidente del Banco Central, Carlos Carvallo, y a otros directivos y ejecutivos del banco.
En paralelo, el nuevo presidente, Pedro Alliana, asumió el desafío de contener las consecuencias económicas y sociales del escándalo. Una de las mayores preocupaciones es la exposición de los fondos previsionales: el Instituto de Previsión Social mantenía aproximadamente US$350 millones en Ueno Bank, situación que obligó a reorganizar el pago de jubilaciones y garantizar los aguinaldos previstos para el 17 de noviembre.
La crisis también alcanzó a Itaipú Binacional, que presentó una denuncia penal para recuperar los recursos depositados en la entidad, estimados en US$163,8 millones y 115.200 millones de guaraníes. La institución busca establecer responsabilidades por eventuales irregularidades en la administración de esos fondos.
Mientras tanto, el Banco Central informó que cerca de 1,2 millones de cuentas recibieron pagos mediante el Fondo de Garantía de Depósitos, por un total aproximado de 996.000 millones de guaraníes. Sin embargo, todavía existen interrogantes sobre la recuperación de los depósitos que superan los límites de cobertura y los recursos pertenecientes a instituciones públicas.
La investigación judicial se amplió a 27 personas imputadas por presuntas irregularidades financieras, mientras se solicitan medidas cautelares sobre bienes y cuentas de los involucrados. A ello se suma el anuncio de movilizaciones sindicales y una huelga docente indefinida desde el lunes 9 de noviembre, en medio de la preocupación por la seguridad de los fondos jubilatorios.
El escenario representa un duro golpe para el Partido Colorado y las estructuras políticas que sostuvieron al Gobierno de Peña. Alliana intenta transmitir estabilidad institucional, pero deberá demostrar que su administración está dispuesta a esclarecer las responsabilidades y garantizar que los costos de la crisis no recaigan sobre los trabajadores, los jubilados y los pequeños ahorristas.
La principal exigencia que atraviesa hoy Paraguay es conocer el destino de los recursos comprometidos, recuperar los ahorros y establecer quiénes deben responder por uno de los mayores escándalos financieros e institucionales recientes del país.
Con Información de elsiglo.cl
