Jean Flores Quintana, politólogo. Santiago, 30/10/2026.
El movimiento de derechos humanos vuelve a disputar el sentido de la historia este viernes 30 de octubre, Día Nacional del Ejecutado y Ejecutada Política. Las agrupaciones recuerdan que la fecha fue una conquista suya en 2009 y sostienen que hoy enfrenta una ofensiva fascista.
Agrupaciones de familiares y sitios de memoria fijan posición este viernes 30 de octubre contra las rebajas administrativas de condenas cursadas bajo el gobierno de José Antonio Kast con la firma del ministro Fernando Rabat, el recorte presupuestario a los recintos recuperados y las agresiones policiales contra familiares.
A 53 años del golpe de Estado que instaló la dictadura civil-militar, los registros oficiales contabilizan más de 2.100 ejecutados y ejecutadas políticas dentro de un universo superior a las 3.200 víctimas fatales del terrorismo de Estado. Ese exterminio formó parte del despliegue continental de regímenes cívico-militares tutelados por Estados Unidos y coordinados mediante el Plan Cóndor, con un saldo de más de 50.000 asesinados por motivos políticos y decenas de miles de desaparecidos en América Latina.
En Chile aún permanecen 377 ejecutados políticos bajo desaparición forzada. Fueron prisioneros sacados desde cárceles o campesinos dignificados por la Reforma Agraria arrancados de sus casas para ocultar sus restos, como ocurrió en Lonquén con Sergio Maureira y sus cuatro hijos antes de que un hallazgo fortuito los encontrara en los hornos de cal en 1978. Eran obreros, campesinos, estudiantes, pobladores y militantes que levantaron el gobierno de la Unidad Popular junto a Salvador Allende y sostuvieron la resistencia antifascista.
Alicia Lira Matus, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) y vocera de la Coordinadora Nacional de DD.HH., recibió este año el Premio Nacional de Derechos Humanos 2026. Apunta directo al escritorio ministerial y afirma que Rabat “tiene el desparpajo y la inmoralidad de defender y seguir mintiendo a pesar de que abogados constitucionalistas y exministros le han demostrado con hechos que tenía otro camino”.
Las agrupaciones denuncian que el gobierno actual ha impulsado la política de la asfixia financiera, el discurso negacionista y el retiro desde el Congreso del proyecto sobre búsqueda de víctimas de desaparición forzada ingresado durante la administración pasada de Gabriel Boric.
La maniobra que las organizaciones califican como más cruda lleva la firma del ministro de Justicia, Fernando Rabat, quien, mediante un decreto reservado y mezclando en la misma nómina a violadores y abusadores sexuales de niños, niñas y adolescentes, rebajó condenas y dejó en libertad a tres criminales de lesa humanidad. Entre los beneficiados quedó libre el responsable del secuestro, tortura y desaparición de cinco jóvenes en septiembre de 1987, cuyos cuerpos fueron fondeados frente a la caleta Quintay.
En los tribunales hubo un freno parcial este miércoles 28 de octubre, cuando la Corte de Apelaciones rechazó otorgar beneficios carcelarios a uno de los condenados por quemar vivo a Rodrigo Rojas de Negri.
Con ese telón de fondo, la AFEP citó su acto central para este viernes a las 19.00 horas en el Museo de la Memoria, en Matucana 501. Lira recuerda el estigma de la prensa uniformada al señalar que “en dictadura nos deshumanizaron diciendo que eran humanoides, terroristas, extremistas, y en esta fecha se ha reivindicado que eran dirigentes sociales, políticos, juveniles y estudiantiles. El tema de derechos humanos es un problema de sociedad”.
En el territorio nacional operaron más de 1.130 recintos de detención política y tortura. Apenas una cincuentena logró ser recuperada por las organizaciones como Sitios de Memoria y Monumentos Históricos, espacios cuyas directivas denuncian el quiebre de los tratados internacionales firmados por el Estado chileno.
Erika Hennings dirige y preside Londres 38, Espacio de Memorias. Para ella, las familias de los ejecutados de la dictadura civil-militar y de las víctimas de la revuelta social sostienen una exigencia diaria que desborda el calendario oficial. Advierte que “en una fecha en que tenemos un gobierno que ha bregado por la impunidad, es necesario no cejar en las exigencias de verdad y justicia, como se pretende día a día firmando decretos de rebajas de penas de manera administrativa, sin que sea una orden de la Corte Suprema. Es preciso organizarse y luchar contra toda impunidad”.
Las organizaciones sostienen que el Ejecutivo esquiva a los tribunales por decreto administrativo. En Ñuñoa, la Casa Memoria José Domingo Cañas rinde homenaje a todas las víctimas del terrorismo estatal y recuerda en especial a Lumi Videla Moya, asesinada en ese inmueble el 3 de noviembre de 1974, cuando operaba como el Cuartel Ollagüe de la DINA. Su directora ejecutiva, Marta Cisterna Flores, encendió la alarma por las decisiones conocidas esta semana en las causas de Rodrigo Rojas de Negri y Patricio Manzano.
La lista de exagentes represivos y uniformados condenados por crímenes de la dictadura favorecidos con salidas anticipadas y beneficios incluye a César Manríquez Bravo —condenado por crímenes perpetrados en el mismo Cuartel Ollagüe—, Héctor Osses Yáñez, Luis Palacios Torres, Héctor Flores Vergara, Jaime Müller Avilés y Miguel Segundo Arias Navarrete.
Mientras el Gobierno firma beneficios para los perpetradores, agentes policiales reprimen a los familiares que exigen justicia, según denuncian las organizaciones. Marta Cisterna Flores emplazó a La Moneda a asumir su responsabilidad, investigar y sancionar estos hechos tras denunciar que “agentes del Estado han golpeado y herido a familiares de personas detenidas desaparecidas que salieron a manifestarse legítimamente contra los indultos y la impunidad. Agredir a quienes portan las fotografías de sus familiares representa una afrenta a su dignidad y a la memoria colectiva”.
Desde Peñalolén, el vicepresidente de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi y Premio Nacional de Arquitectura, Cristián Castillo, expresó su respaldo a quienes llevan medio siglo intentando fracturar el pacto de silencio militar para dar sepultura digna a los suyos.
Castillo llamó a cerrar filas en resguardo de cada recinto recuperado al sostener que “recordamos el Día del Ejecutado Político en el marco de un gobierno de carácter fascista que intenta reducir y eliminar la memoria de quienes lucharon contra la dictadura. Es necesario que nos organicemos, nos unamos y defendamos los sitios de memoria que traducimos a las generaciones más jóvenes para hacer valer el nunca más”.
Las agrupaciones de familiares y las directivas de los sitios de memoria llegan a este 30 de octubre con una postura común frente al decreto reservado de La Moneda y el blindaje de la impunidad.
Con Información de elsiglo.cl
