Viernes, 30 de Octubre de 2026
Nacional

ANFUSES rechaza artículos del Presupuesto 2027 que pondrían en riesgo la evaluación social de las inversiones públicas

Santiago. 28/10/2026. La Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Subsecretaría de Evaluación Social de MIDESO (ANFUSES) rechazó la actual redacción de los artículos 48 y 49 del Proyecto de Ley de Presupuestos 2027 y advirtió que las modificaciones podrían debilitar las competencias técnicas del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y los mecanismos para garantizar el buen uso de los recursos públicos. La organización sostuvo que las disposiciones propuestas podrían reducir los controles técnicos del Estado y permitir que determinados proyectos queden exentos de evaluación técnico-económica, y exigió al Ministerio de Hacienda corregir ambos artículos o eliminarlos del proyecto de ley.

A través de una declaración pública, ANFUSES cuestionó que, bajo el argumento de agilizar la inversión pública, se impulsen cambios que podrían reducir las exigencias de evaluación de los proyectos financiados con recursos del Estado.

“No aceptaremos que, bajo el argumento de agilizar la inversión pública, se debiliten los controles técnicos del Estado”, sostuvo ANFUSES, al apuntar a los riesgos que, a su juicio, representan ambas disposiciones.

Según la asociación, el artículo 48 entrega atribuciones al Ministerio de Hacienda sin garantizar la participación del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, mientras que el artículo 49 podría abrir la posibilidad de que determinados proyectos queden exentos de evaluación técnico-económica.

Otro de los puntos críticos planteados por ANFUSES es la falta de participación de los equipos especializados en la discusión de modificaciones que considera relevantes para el funcionamiento del Sistema Nacional de Inversiones.

La asociación calificó de inaceptable que estos cambios se impulsen sin consultar previamente a los profesionales responsables de la evaluación social, desconociendo además propuestas que ya se encontraban en desarrollo.

En ese contexto, defendió la evaluación social como una herramienta fundamental para resguardar los recursos fiscales y evitar que la búsqueda de mayor rapidez en la ejecución de proyectos termine debilitando los estándares técnicos que deben orientar la inversión pública.

“La evaluación social no es una traba burocrática, sino una garantía para la ciudadanía”, enfatizó la asociación.

La organización también rebatió el argumento de que la agilización de la inversión pública requiera reducir las exigencias del proceso de evaluación, ya que indicó que los antecedentes disponibles apuntan a dificultades que se encuentran en otras etapas de la tramitación de los proyectos.

ANFUSES sostuvo que las distintas instituciones del Estado cuentan con carteras de proyectos aprobados que superan ampliamente sus marcos presupuestarios disponibles. Por ello, afirmó que el problema no radica en la falta de iniciativas aprobadas ni en la velocidad de los equipos evaluadores.

Como respaldo, indicó que sus equipos demoran, en promedio, menos de diez días en emitir informes de recomendación u observaciones sobre las iniciativas ingresadas.

En contraste, responsabilizó a las instituciones formuladoras —entre ellas, ministerios inversores, servicios públicos, municipios y gobiernos regionales— por los extensos plazos que pueden transcurrir antes de responder a las observaciones y corregir las deficiencias técnicas de sus proyectos, procesos que, según la asociación, pueden prolongarse durante meses e incluso años.

A juicio de ANFUSES, atribuir las demoras al servicio evaluador supone responsabilizar injustamente a sus funcionarios y funcionarias y ocultar las dificultades que persisten en la formulación de las iniciativas de inversión.

Frente a este escenario, la organización llamó al Ministerio de Hacienda a modificar la redacción de ambos artículos para garantizar la continuidad de la evaluación técnico-económica, resguardar las competencias del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y proteger la autonomía de sus equipos técnicos.

Si no se incorporan estas garantías, los artículos 48 y 49 deben ser eliminados del proyecto de Ley de Presupuestos 2027, afirmaron desde la agrupación.

Con Información de elsiglo.cl

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Redacción.

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