El Presidente José Antonio Kast calificó como “un día histórico” el operativo realizado desde Talca, señalando que “a partir de hoy comienza un cambio de mano importante”. Durante la jornada, 191 reos fueron trasladados en buses custodiados por Carabineros, PDI y Fuerza Aérea hacia la cárcel La Laguna, alcanzando un total de 687 traslados en el día.
Este operativo marcó el inicio de la política penitenciaria del gobierno, implementada a través del “Operativo Cancerbero”, primer gran paso del Plan homónimo que Kast prometió durante su campaña, inspirado en el modelo de Nayib Bukele. La estrategia consiste en aislar, incomunicar y trasladar a los líderes criminales lejos de Santiago y de sus redes de operación.
Sin embargo, el traslado de internos no implica necesariamente la desarticulación de redes delictivas. Hace pocos meses, casos como el de Santiago 1 y la cárcel de mujeres de San Joaquín revelaron un mercado interno que incluye cobro por ingreso de celulares, venta de “combos” de comida rápida, tarifas por cambio de módulo y extorsión. El director de Gendarmería reconoció la falta de “control absoluto de las cárceles”.
El Plan Cancerbero se fundamenta en cuatro pilares: seguridad y control, profesionalización de Gendarmería, nueva infraestructura y reinserción. La meta incluye entre 60.000 y 100.000 nuevas plazas en cuatro años, cárceles de máxima seguridad con aislamiento total, sin visitas, sin teléfonos, con uniformes obligatorios, body scanners e inhibidores de señal. Además, se prevé la incorporación de 5.000 nuevos gendarmes y protección de identidad para el personal.
El Estado chileno enfrenta un problema de gestión penitenciaria más que de infraestructura. Sin inteligencia penitenciaria real, controles efectivos de ingreso y una carrera funcionaria que proteja a los gendarmes de la cooptación, la construcción de nuevos penales solo multiplicará espacios donde se “profesionaliza el delito”.
El modelo de aislamiento extremo ha sido cuestionado internacionalmente por organismos de derechos humanos. La suspensión de visitas, la anulación de comunicación y el encierro de 23 horas diarias producen mayor violencia e incubación de conflictividad para cuando estos individuos retornen a la sociedad.
El gobierno llega tarde a un debate que ya estaba en discusión. El expresidente Gabriel Boric anunció una reforma constitucional para separar las funciones de seguridad pública de las de reinserción dentro de Gendarmería. Sin esa separación institucional, el Plan Cancerbero corre riesgo de ser solo un parche administrativo.
Chile requiere inteligencia y anticorrupción mediante investigación patrimonial a funcionarios, rotación de personal y sanciones ejemplares. También necesita clasificación real de la población penal, ya que no todos los trasladados son líderes de bandas. Finalmente, la reinserción demanda presupuesto para educación, salud mental, vínculos familiares y empresas dispuestas a contratar.
El traslado fue eficaz para comunicar, pero ineficaz para gobernar. Si el gobierno confunde operativos mediáticos con política criminal, en cuatro años tendrá cárceles nuevas, más costosas y con el mismo crimen organizado, solo que más profesionalizado. El verdadero cambio requiere invertir en inteligencia, limpiar Gendarmería desde adentro y entender que la seguridad se construye desarmando el negocio que sostiene a las bandas dentro y fuera de los muros.
Con Información de desenfoque.cl
