El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, debió responder ante acusaciones de conflicto de interés luego de que se conociera la aprobación ambiental del proyecto inmobiliario Alto Santorini, que cuenta con la participación de su hermano, Víctor Quiroz. El secretario de Estado argumentó que su cartera no tiene competencia en la aprobación de proyectos medioambientales y que, por lo tanto, no existe relación entre su gestión y los beneficios obtenidos por su pariente. Conforme a lo señalado por Hacienda, el sistema de seguimiento de inversiones a su cargo únicamente supervisa plazos administrativos y no determina los resultados de las evaluaciones.
Una investigación de CIPER cuestionó la imparcialidad de esta posición. El reportaje indica que el plan impulsado por Quiroz para combatir la denominada «permisología» creó un Comité de Proyectos en el SEIA, coordinado por Hacienda, con el propósito de «destrabar» inversiones paralizadas. En este marco, el proyecto Alto Santorini, una inversión de US$43,6 millones localizada cerca de las dunas de Concón, recibió su aprobación favorable el 8 de julio. Víctor Quiroz no solo es socio del proyecto mediante sociedades familiares con una participación del 12%, sino que además ha fungido como cabildero ante autoridades regionales.
Un aspecto especialmente delicado revelado por la investigación es que el proyecto fue autorizado pese a que el Sernageomin mantuvo observaciones técnicas sustanciales. La institución advirtió sobre riesgos de «remociones en masa», como deslizamientos o derrumbes, en el terreno y solicitó estudios adicionales que nunca fueron presentados de manera satisfactoria. A pesar de esto, el Servicio de Evaluación Ambiental de Valparaíso optó por no considerar el pronunciamiento del Sernageomin, argumentando que la geomorfología no constituía un objeto de protección directo, facilitando así que el proyecto avanzara.
Expertos en probidad cuestionan la falta de inhabilitación del ministro. Estos especialistas sostienen que la autoridad debería haber revelado el vínculo y abstenerse de cualquier participación relacionada con el proyecto. Michel Figueroa, director de Chile Transparente, señaló que el parentesco hacía necesaria la recusación del ministro para garantizar la imparcialidad. Por su parte, la Fundación América Transparente enfatizó que la legislación chilena es rigurosa al requerir que las autoridades se restén de trámites que involucren a hermanos, puesto que basta la apariencia de un conflicto para cuestionar la fe pública.
Con Información de desenfoque.cl
