Organizaciones de trabajadores y trabajadoras del Estado exigen un incremento real de remuneraciones de al menos 2%, estabilidad laboral, defensa de la carrera funcionaria y garantías frente a los recortes presupuestarios. El documento marca el inicio del primer proceso de negociación del sector público con el Gobierno de José Antonio Kast.
Santiago. 06/11/2026. La Mesa del Sector Público (MSP) y la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras de Chile (CUT) presentaron su Pliego Nacional de Negociación 2026, documento que reúne las principales demandas económicas, laborales y sectoriales de las 16 organizaciones que representan a trabajadores y trabajadoras de los servicios públicos centralizados, descentralizados y autónomos.
La propuesta contempla un reajuste nominal de remuneraciones de 6,3%, garantizando un incremento real no inferior al 2%, con mecanismos que permitan proteger el poder adquisitivo frente a las variaciones de la inflación. La demanda busca avanzar en una recuperación efectiva de los ingresos y reconocer el aporte de quienes sostienen diariamente el funcionamiento de los servicios públicos.
El pliego constituye el primer proceso de negociación colectiva del sector público con el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, dando continuidad a una instancia que las organizaciones sindicales desarrollan anualmente con el Ejecutivo desde 1990.
Uno de los principales énfasis del documento es la defensa y el fortalecimiento de la función pública, frente a las políticas de restricción fiscal y las iniciativas que puedan traducirse en reducción de dotaciones, recortes presupuestarios o eliminación de programas.
En esa línea, las organizaciones advierten que el ajuste fiscal no puede significar un debilitamiento de las capacidades del Estado ni afectar los derechos de la ciudadanía. Sostienen que reducir equipos y recursos compromete la continuidad de las prestaciones, la calidad de la atención y la presencia de las instituciones públicas en los territorios.
Entre las principales demandas económicas se encuentra el incremento del bono mensual para trabajadores y trabajadoras de menores remuneraciones, estableciendo un aporte máximo de $67.935 para quienes perciban ingresos brutos mensuales iguales o inferiores a $727.582.
Asimismo, se propone establecer, a partir del 1 de enero de 2027, remuneraciones mínimas brutas por estamento de $609.766 para auxiliares, $678.612 para administrativos y $721.885 para técnicos.
El pliego también contempla el mejoramiento de aguinaldos de Navidad y Fiestas Patrias, bonos de escolaridad, vacaciones y término de negociación, junto con la ampliación de su cobertura a los distintos sectores y regímenes laborales del Estado.
Las organizaciones exigen que el financiamiento de estos beneficios sea íntegramente garantizado por el Estado, evitando que las instituciones deban cubrirlos mediante reducciones de personal, recortes de programas o reasignaciones presupuestarias.
Otro eje central de la negociación es la estabilidad laboral. La MSP demanda fortalecer los cargos de planta y empleos titulares, desarrollar la carrera funcionaria y establecer garantías frente a decisiones arbitrarias en la renovación de contratas.
También exige avanzar en la regularización y traspaso de trabajadores y trabajadoras a honorarios que desempeñan funciones permanentes, poniendo término a la precariedad contractual en el Estado.
Entre las propuestas se encuentra fortalecer la Mesa de Revisión y Reconsideración de Renovación de Contratas, garantizar procedimientos transparentes y con participación sindical, y avanzar hacia una jurisdicción especializada para resolver los conflictos laborales de los funcionarios públicos.
A estas demandas se suma la eliminación de la facultad discrecional de las jefaturas para declarar la vacancia por salud incompatible, resguardando el debido proceso y los derechos de los trabajadores.
La agenda laboral también incorpora la reactivación de la Mesa de 40 Horas para avanzar en la reducción de la jornada laboral en el sector público, sin disminución de remuneraciones, intensificación de las cargas de trabajo ni pérdida de derechos adquiridos.
En materia de libertad sindical, las organizaciones demandan garantizar que el ejercicio de responsabilidades dirigenciales y el uso de permisos gremiales no impliquen descuentos de remuneraciones, asignaciones o bonificaciones.
El documento también exige reactivar la Mesa de Seguridad Funcionaria, ampliar la protección frente a amenazas y agresiones contra quienes trabajan en los servicios públicos, fortalecer los programas de salud ocupacional y garantizar apoyo jurídico y psicosocial a las personas afectadas.
Asimismo, plantea fortalecer las políticas de cuidado infantil, ampliar el acceso a sala cuna y establecer garantías de cuidado para hijos e hijas de trabajadores del Estado entre los dos y doce años.
El pliego incorpora además demandas relacionadas con los incentivos al retiro, el mejoramiento de beneficios sectoriales, la nivelación de derechos entre trabajadores de distintas instituciones y la regulación del teletrabajo, incluyendo el derecho a desconexión y la protección de la salud laboral.
Las organizaciones también manifiestan su preocupación por las pérdidas registradas en los fondos previsionales administrados por las AFP y sus consecuencias para quienes se encuentran próximos a jubilar. En ese contexto, solicitan garantías para que los trabajadores del Estado puedan postergar voluntariamente su retiro sin perder los beneficios de incentivo al retiro ni los cupos adjudicados.
Desde la MSP CUT Chile sostienen que la negociación colectiva y la participación sindical son componentes fundamentales de la democracia y que el Gobierno debe garantizar un diálogo social efectivo, que no se limite a reuniones informativas o decisiones previamente adoptadas.
El texto reivindica el cumplimiento de los convenios 87, 98 y 151 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relativos a libertad sindical, negociación colectiva y relaciones laborales en la administración pública.
Finalmente, las organizaciones plantean que las demandas contenidas en el pliego deben ser negociadas y resueltas en el marco de la Mesa del Sector Público, resguardando la unidad de representación de las 16 organizaciones firmantes.
Con Información de elsiglo.cl
