José Antonio Kast hizo de la defensa de los niños una bandera de campaña. Prometió protegerlos, castigar a quienes los agreden y no conceder beneficios a violadores y pedófilos. Fue un discurso duro, sin matices, de esos que arrancan aplausos y permiten presentarse ante el país como el defensor de quienes no pueden defenderse solos.
El problema es que ahora Kast es presidente y las palabras de campaña se le devuelven como un boomerang.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, firmó decretos con la fórmula legal “Por orden del Presidente de la República” que rebajaron las condenas de 56 personas condenadas por delitos sexuales contra menores: 27 por abuso sexual y 29 por violación. También hubo beneficios para condenados por crímenes de lesa humanidad. Cuando la noticia estalló, el Gobierno comenzó a desplegar una serie de explicaciones jurídicas para justificar lo ocurrido.
Se aludió a la ley, a la jurisprudencia, a fallos de la Corte Suprema y a la fecha en que se cometieron los delitos. Fue una serie de argumentos para explicar por qué se hizo lo que se hizo. Sin embargo, ninguna explicación técnica consigue borrar que fue el Gobierno de Kast el que tomó la decisión de conceder esas rebajas.
Durante la administración de Gabriel Boric también hubo condenados que recurrieron a los tribunales y consiguieron rebajas de pena. La diferencia es que aquel Gobierno rechazó administrativamente las solicitudes, mientras que algunos condenados obtuvieron el beneficio después de acudir a la Corte Suprema. La actual administración cambió de criterio y concedió decenas de rebajas mediante decretos ministeriales.
No es un detalle menor. Si la Corte Suprema ordena algo, el Gobierno debe cumplirlo. Pero si el ministro firma un decreto, tiene que responder por esa decisión. No puede atribuir toda la responsabilidad a los tribunales cuando fue su propia cartera la que resolvió conceder el beneficio. Menos aún cuando el propio Ministerio había rechazado solicitudes antes de cambiar su criterio.
El Gobierno sostiene que la legislación de 2022 no puede aplicarse retroactivamente a determinados delitos cometidos con anterioridad. Es un argumento jurídico que debe examinarse con seriedad, caso a caso. Lo que no corresponde es presentar las 56 rebajas como si fueran una obligación automática e inevitable. La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, aclaró que los decretos fueron dictados por el ministro de Justicia. Bastaría ese antecedente para entender que hubo decisiones administrativas y que alguien debe hacerse responsable de ellas.
Pero el asunto tiene una dimensión política que el Gobierno parece haber olvidado. Kast no llegó a La Moneda prometiendo sutilezas jurídicas. Llegó prometiendo orden, autoridad y mano dura. Cuando hablaba de delincuencia, no parecía demasiado dispuesto a detenerse en los matices. Para los violadores y los pedófilos, decía, no debía haber beneficios. “Los niños estaban primero”.
¿Y ahora?
No se trata de una promesa secundaria, perdida entre las páginas de un programa de gobierno. Se habla de niños que han sufrido abusos, de familias que deben convivir con las consecuencias de esos delitos y de víctimas que tienen derecho a sentir que el Estado se toma en serio lo que les ocurrió. Para ellas, enterarse de que el Gobierno rebajó las condenas de quienes cometieron esos crímenes no es una discusión académica. Es una noticia que golpea. Y merece una explicación bastante mejor que una conferencia de prensa llena de tecnicismos.
La contradicción se vuelve todavía más incómoda cuando se recuerda lo que ocurrió durante la campaña. El diputado republicano José Carlos Meza defendió la posibilidad de conceder conmutaciones humanitarias a reclusos con enfermedades terminales, incluso si habían sido condenados por violar a niños. Su argumento era que no había que hacer distinciones. El tema era diferente al de las actuales rebajas de condena, pero la discusión dejó en evidencia que dentro del mundo republicano existía una disposición a defender beneficios penitenciarios incluso en casos de extrema gravedad.
Entonces hubo explicaciones y distancias. Se dijo que la defensa de los niños era demasiado importante y que no se podía confundir una postura individual con la posición oficial del partido.
Ahora ya no se trata de una declaración de un diputado. Se trata de decisiones tomadas por el Gobierno que ese partido encabeza.
A eso se suma la rebaja de condenas a personas sentenciadas por crímenes de lesa humanidad, un asunto que en Chile nunca ha sido inocuo. Hay familias que llevan décadas buscando verdad y justicia, que todavía esperan respuestas sobre sus seres queridos y que han tenido que escuchar demasiadas veces que hay que dar vuelta la página. Para ellas, cualquier beneficio concedido a los responsables de esos crímenes tiene un peso que no se puede despachar con una explicación administrativa.
No se trata de desconocer los derechos que tienen las personas condenadas ni de pedir que la ley se aplique según la indignación del momento. Se trata, precisamente, de exigir coherencia a quienes hicieron de la seguridad y de la defensa de las víctimas su principal argumento político.
Lo llamativo es que este Gobierno parece haber descubierto los matices jurídicos justo cuando le toca dar explicaciones por sus propias decisiones. Durante la campaña, el discurso era bastante más sencillo: “mano dura, tolerancia cero, los niños primero”. Ahora hay que leer la letra chica.
El 23 de octubre, después de que la polémica escalara, el Ejecutivo anunció la suspensión de nuevos decretos mientras estudia cambios legales. Está bien que revise los procedimientos si considera que hay problemas. Pero suspender nuevas rebajas no responde por las que ya concedió. Tampoco explica por qué cambió el criterio del Ministerio ni por qué las promesas de campaña parecen haber quedado tan lejos de las decisiones de gobierno.
A estas alturas, la pregunta para Kast es bastante sencilla. Si durante meses nos dijo que con los violadores y los pedófilos no podía haber contemplaciones, ¿por qué su Gobierno terminó concediendo rebajas de condena a decenas de personas condenadas por esos delitos?
No sirve responder que todo se hizo conforme a derecho y dar el asunto por cerrado. La legalidad de cada decreto debe examinarse con sus antecedentes, pero la responsabilidad política no desaparece por invocar una norma. Un presidente no puede atribuirse todos los méritos de su administración y desentenderse de las decisiones incómodas de sus ministros.
Kast tendrá que acostumbrarse a algo que antes parecía exigirles solamente a sus adversarios: dar la cara y responder por lo que hace su Gobierno.
Porque prometer protección para los niños cuando se está en campaña es fácil. Lo difícil es sostener esa promesa cuando llega la hora de gobernar. Y si la defensa de la infancia era una convicción y no solamente una consigna electoral, el presidente tiene una explicación pendiente.
“Los niños estaban primero”, decía Kast.
Al parecer, ahora hay que revisar en qué lugar quedaron.
Con Información de desenfoque.cl
