Según informó “El Siglo” el 25/10/2026, el proyecto de ley impulsado por el Gobierno de José Antonio Kast para reformar el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), en el marco de la modernización institucional, enfrenta cuestionamientos por los cambios que introduce en las atribuciones, la autonomía, la composición directiva y la presencia territorial del organismo encargado de promover y proteger los derechos fundamentales en Chile.
Las críticas se concentran en tres medidas centrales: eliminar la facultad del INDH para interponer querellas criminales, reducir su Consejo de once a cinco integrantes y terminar con sus sedes regionales, concentrando su funcionamiento en Santiago. A esto se suman las preocupaciones por los recortes de personal y recursos contemplados en el informe financiero del proyecto. Parlamentarios opositores, exconsejeros y organizaciones de derechos humanos alertan sobre un grave retroceso democrático.
Las modificaciones no constituyen un simple ajuste administrativo, sino que podrían debilitar las herramientas con que cuenta el Estado para proteger a las personas frente a eventuales vulneraciones de sus derechos a manos de agentes estatales.
El director nacional del INDH, Yerko Ljubetic, señaló a radio ADN que el proyecto representa una afectación grave a la autonomía del organismo y que sus disposiciones podrían neutralizar su capacidad de actuar. “Este es un proyecto que esencialmente apunta a neutralizar al INDH, como un instrumento efectivo de protección y de promoción de los derechos humanos de las personas que habitan en el territorio nacional. Eso es evidente”, afirmó.
Ljubetic cuestionó la radicalidad de las modificaciones y resumió su evaluación señalando que la propuesta “afecta gravemente la autonomía, mutila atribuciones relevantes para el instituto, y lo desmantela desde el punto de vista de su presencia y eficacia a nivel nacional”. También sostuvo que se trata de “una iniciativa orientada no a reformar el instituto, sino a deformar el INDH”.
El director advirtió que el proyecto contempla el despido del 70% de las personas que se desempeñan como abogadas en la institución, según el informe financiero. A su juicio, la reducción de estos equipos, sumada a la eliminación de las sedes regionales, comprometería la capacidad de respuesta del Instituto ante las vulneraciones de derechos humanos.
Ljubetic cuestionó igualmente los fundamentos políticos de la iniciativa y sostuvo que está basada en “prejuicios” y “definiciones identitarias y francamente ideológicas”. En su evaluación, el problema no es que el INDH pueda ser perfeccionado, sino que los cambios propuestos podrían terminar desnaturalizando su función.
Desde el Congreso, las críticas también apuntan al alcance de las modificaciones y a sus consecuencias para la protección de las víctimas. La diputada del Frente Amplio Lorena Fries, exdirectora del INDH, cuestionó duramente el proyecto durante el debate legislativo y advirtió que la propuesta podría convertirse en una de las reformas más regresivas en materia de derechos humanos desde el retorno a la democracia.
“Creo que no me equivoco si digo que esta debe ser la norma en materia de derechos humanos del 90 en adelante más regresiva en esta materia”, destacó Fries. Asimismo, planteó: “Esta debe ser la norma en materia de derechos humanos más regresiva”.
Fries explicó que el problema radica en que la iniciativa reduce la capacidad de acción judicial del organismo y lo aproxima a un papel meramente consultivo, debilitando su función de protección. “Esto no es una modificación, esto es el desmantelamiento del Instituto Nacional”, advirtió. También cuestionó la disposición transitoria que entrega al Presidente de la República la designación del primer Consejo bajo la nueva normativa, alertando sobre sus posibles efectos en la independencia y representatividad del organismo.
La diputada del Partido Comunista Lorena Pizarro, expresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, recalcó que existen riesgos de debilitar las instituciones autónomas encargadas de resguardar los derechos fundamentales. “Es un proyecto complejo, es un proyecto que no logro más que observar que es debilitar la labor de estas instituciones autónomas y, por lo tanto, estamos en riesgo de iniciar un proceso en el país donde la fragilización de los derechos humanos va a ser absoluta”, afirmó.
La diputada de Acción Humanista Ana María Gazmuri puso el acento en la pérdida de herramientas judiciales y de presencia regional que supondría la reforma. “Quitarle la facultad de presentar querellas criminales, reducir su consejo y desmantelar su presencia regional no es modernizar la institución, es mutilar sus herramientas, debilitar su autonomía y dejar a las víctimas más indefensas frente a los abusos del Estado”, indicó en radio Universidad de Chile.
Gazmuri defendió la necesidad de mantener un organismo autónomo, con atribuciones suficientes para intervenir y presencia en todo el territorio nacional. En ese contexto, formuló una de las frases que sintetizan las críticas opositoras: “Chile no necesita un Instituto Nacional de Derechos Humanos domesticado ni decorativo, necesita una institución fuerte, independiente y capaz de actuar sin pedir permiso”.
En la misma línea, el diputado independiente Roberto Celedón manifestó que “tengo la opinión autorizada de personas que señalan que esto es una manera de tratar de eliminar al Instituto Nacional de Derechos Humanos permitiendo su subsistencia formal”. Recordó que otras propuestas de modificación discutidas anteriormente le habían parecido razonables, pero cuestionó los alcances del proyecto presentado por el Ejecutivo. “Hay demasiadas reformas que al parecer terminan alterando completamente su naturaleza”, afirmó.
El rechazo al proyecto también se expresa desde las organizaciones que han sostenido durante décadas las demandas de verdad, justicia, memoria y reparación por los crímenes cometidos durante la dictadura. En una declaración pública, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) manifestó su “total rechazo” a la iniciativa del Gobierno y exigió frenar la propuesta, acusando que sus disposiciones podrían dejar a chilenos y chilenas en una situación de indefensión frente a eventuales abusos y violaciones de derechos humanos.
La organización calificó la propuesta como “deplorable” y aseguró que “atenta directamente contra el derecho irrestricto de toda persona a la protección de sus derechos esenciales”, además de afectar el derecho a la verdad y la justicia de las víctimas y sus familias. La declaración cuestiona específicamente la eliminación de las querellas, la reducción del Consejo y el cierre de las sedes regionales. Para la AFEP, estas medidas forman parte de un proceso de debilitamiento de la institucionalidad pública de derechos humanos.
La agrupación puso especial énfasis en el papel que ha desempeñado el INDH en la orientación y el acompañamiento de familiares de personas ejecutadas o desaparecidas durante la dictadura civil-militar. Desde esa experiencia, advirtió que reducir las capacidades del Instituto afecta una herramienta pública de protección construida a partir de décadas de lucha de la sociedad civil. Además, afirmó que la iniciativa representa una propuesta con “una marcada carga ideológica” y alertó sobre sus consecuencias para las políticas de verdad, justicia y memoria. Asimismo, expresó su respaldo a las trabajadoras y los trabajadores del organismo.
“Su labor resguarda los mínimos civilizatorios de nuestra democracia”, señala el texto, que vincula directamente el funcionamiento del Instituto con la defensa de la dignidad humana y las demandas irrenunciables de verdad, justicia, memoria y reparación.
Las críticas también han sido expresadas por ocho exconsejeros del INDH: José Aylwin, Lorena Fries, Claudio González, Debbie Guerra, Salvador Millaleo, Enrique Núñez, Margarita Romero y Francisco Ugás. En una declaración pública, cuestionaron la eliminación de la facultad de interponer querellas, la nueva composición del Consejo y el debilitamiento de las sedes regionales. Advirtieron que la propuesta reduce la participación directa de las organizaciones de la sociedad civil en la elección de consejeros y que cuatro de los cinco integrantes del nuevo órgano dependerían de designaciones del Ejecutivo y del Congreso.
Los exconsejeros consideraron inaceptable la iniciativa en sus términos actuales e instaron al Congreso Nacional a rechazarla. A esta posición se sumó una declaración de 22 Premios Nacionales, quienes alertaron que el proyecto “propone cambios que ponen en peligro condiciones básicas para su operación de acuerdo a los estándares internacionales”.
Entre sus principales preocupaciones mencionaron la autonomía del Instituto frente a los poderes que debe fiscalizar, el pluralismo en la integración del Consejo y la pérdida de atribuciones judiciales. También cuestionaron el centralismo de una propuesta que dejaría al organismo funcionando desde Santiago, debilitando su presencia en las regiones. Los firmantes recordaron que el INDH surgió de acuerdos políticos transversales alcanzados después de la dictadura y de décadas de trabajo de la sociedad civil en defensa de los derechos humanos.
Con Información de elsiglo.cl
