En una declaración fechada el 08/11/2026, la Federación de Sindicatos del Mercado Lo Valledor señaló que el Mercado Mayorista Lo Valledor nació del esfuerzo colectivo de cientos de comerciantes que encontraron en la organización comunitaria una forma de construir su propio espacio de trabajo y comercialización. Según la Federación, lo que comenzó como un proyecto compartido se fue transformando con el paso de las décadas en una poderosa estructura económica cuya administración y distribución de beneficios son hoy profundamente cuestionadas.
La organización indicó que, de una comunidad que llegó a reunir alrededor de 840 copropietarios, se pasó a un modelo en el cual las decisiones fundamentales se concentran en un selecto grupo de nueve integrantes de su dirección. A su juicio, esa transformación expresa una de las principales contradicciones del mercado: un patrimonio levantado mediante el esfuerzo colectivo cuya conducción se ha distanciado progresivamente de buena parte de quienes contribuyeron a construirlo. Añadió que su lucha busca esclarecer cómo se produjo esa concentración de poder, qué mecanismos la hicieron posible y si los beneficios económicos generados por el mercado han respondido efectivamente al interés de sus copropietarios y de la comunidad que le da vida.
La Federación afirmó: “Existe una contradicción moral para quienes lo dirigen y no pueden seguir eludiendo: ¿cómo un patrimonio construido por cientos de comerciantes terminó convertido en una estructura donde las decisiones y los beneficios económicos se concentran en tan pocas manos?”. Sostuvo que, mientras trabajadores y pequeños comerciantes enfrentan tarifas cada vez más elevadas, es indispensable esclarecer quiénes se han beneficiado del crecimiento del mercado, mediante qué sociedades y contratos, y cuánto de esa riqueza ha retornado efectivamente a sus legítimos copropietarios. Agregó que los antecedentes reunidos plantean serios cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés y apropiación de beneficios del patrimonio común, y que quienes administran bienes construidos colectivamente tienen la obligación de rendir cuentas.
En ese marco, la Federación planteó: “Porque una cosa es administrar un mercado y otra muy distinta es utilizar su administración para favorecer intereses particulares”. Añadió que, si las decisiones fueron legítimas, deben transparentarse, y que si existieron irregularidades, deben investigarse y determinarse las responsabilidades correspondientes. También afirmó: “El poder económico no concede impunidad, y el silencio nunca podrá sustituir a la verdad”.
La Federación sostuvo que la organización de los trabajadores ha sido una respuesta histórica a la desigualdad de poder dentro del mercado. Recordó que en 1996 nació el Sindicato de Operadores de Grúa Horquilla Juan Pablo II, como respuesta a la incertidumbre laboral y a la necesidad de defender el derecho a trabajar frente a las decisiones de la administración. Añadió que los carretoneros, trabajadores indispensables para el movimiento cotidiano de productos, también desarrollaron sus propias formas de organización sindical y enfrentaron durante años la precariedad de sus espacios de trabajo y la incertidumbre respecto de su permanencia. Posteriormente, el proceso organizativo incorporó a los comerciantes, quienes comenzaron a reconocer que sus dificultades no eran problemas individuales, sino expresiones de condiciones económicas y administrativas compartidas.
Según el relato de la Federación, sindicatos con historias, necesidades y realidades distintas fueron encontrando una causa común. No se trataba únicamente de enfrentar el aumento de una tarifa o reclamar por una determinada medida, sino de comprender que operadores de grúa, carretoneros y comerciantes compartían una misma condición de dependencia respecto de quienes administran el recinto. La organización agregó que la necesidad y el miedo fueron dos de los principales factores que impulsaron su organización: la necesidad de conservar el trabajo, proteger el sustento familiar y enfrentar los crecientes costos de operación, y el temor a las represalias.
La Federación denunció situaciones de hostigamiento, malos tratos, restricciones de ingreso y presiones que afectan a socios, dirigentes y trabajadores, particularmente cuando cuestionan decisiones administrativas o participan activamente en la organización. Señaló que esas denuncias deben ser investigadas y esclarecidas, pero que sus consecuencias sociales ya forman parte de su experiencia organizativa: trabajadores que prefieren guardar silencio, comerciantes que temen perder sus posturas y personas que evitan participar para no comprometer sus ingresos. A ello sumó la precariedad de ciertas actividades y las dificultades que enfrentan trabajadores migrantes. Su tarea, indicó, ha sido transformar ese miedo, que muchas veces divide y paraliza, en confianza, solidaridad y conciencia colectiva, construyendo la unidad día a día, superando la desconfianza y demostrando que ningún trabajador debería enfrentar estas dificultades en soledad.
Respecto de las contradicciones económicas, la Federación afirmó que mientras agricultores, comerciantes, transportistas, carretoneros y operadores de grúa generan diariamente la actividad que sostiene al recinto, deben asumir costos de acceso, circulación y operación definidos por su administración. Indicó que el tarifario 2025-2026 contempla, entre otros valores, cobros de $90.000 por el ingreso de una grúa horquilla cargada, posturas comerciales de $55.000 diarios y tarifas que alcanzan $660.000 para determinadas ramplas de tomates. A su juicio, esas cifras representan barreras económicas importantes, especialmente para quienes dependen de una jornada de trabajo para obtener su sustento, y evidencian una contradicción: quienes hacen funcionar el mercado necesitan acceder a él, pero ese mismo acceso puede convertirse en una carga que reduce considerablemente sus ingresos.
La organización destacó que, según ODEPA, durante 2023 Lo Valledor concentró aproximadamente el 84,1% del volumen comercializado entre los dos mercados mayoristas monitoreados en Santiago. Por ello, sostuvo que su lucha trasciende una reivindicación estrictamente sindical y cuestiona las relaciones de poder dentro de un espacio fundamental para el abastecimiento alimentario y la distribución del valor generado por el trabajo.
La Federación explicó que la necesidad de enfrentar estas dificultades de manera conjunta llevó a profundizar la articulación entre las organizaciones existentes y las nuevas expresiones sindicales del mercado, hasta dar forma a la Federación de Sindicatos del Mercado Lo Valledor, cuyo proceso de constitución formal impulsaron durante 2025. Consideró que se trata de un avance histórico para su organización porque permitió reunir las demandas de operadores de grúa, carretoneros y comerciantes bajo una conducción y una perspectiva comunes.
No obstante, señaló que no ha sido un camino sencillo: han debido enfrentar diferencias entre actividades, intereses económicos particulares, desconfianzas acumuladas y el desgaste que produce una lucha prolongada. También comprendieron, agregó, que la cohesión social no puede imponerse mediante declaraciones y requiere presencia permanente, diálogo, solidaridad efectiva y la capacidad de representar incluso a quienes todavía sienten temor de organizarse. Frente a un poder administrativo altamente concentrado, indicó, su respuesta ha sido ampliar la participación y fortalecer la democracia sindical, construyendo una voz colectiva capaz de representar dignamente a quienes sostienen el funcionamiento cotidiano del mercado donde antes existían reclamos dispersos.
La Federación indicó que su trabajo ha avanzado desde la organización en los puestos y espacios de carga hacia la formulación de petitorios, asambleas, movilizaciones, denuncias y gestiones ante instituciones públicas. Añadió que han exigido revisar las tarifas, mejorar el trato hacia trabajadores y comerciantes, garantizar la libertad sindical y transparentar la administración del patrimonio común. También mencionó que han desarrollado antecedentes económicos y jurídicos, sostenido acercamientos con la Central Unitaria de Trabajadores y promovido gestiones parlamentarias para que organismos como la Fiscalía Nacional Económica examinen las condiciones de competencia y las eventuales conductas que han denunciado. Reconoció que esta lucha todavía enfrenta enormes dificultades y que la organización por sí sola no asegura resultados inmediatos.
Pese a ello, la Federación afirmó que ha conquistado algo fundamental: la posibilidad de reconocerse como parte de una misma realidad social, superar progresivamente el aislamiento y construir una fuerza colectiva. Aclaró que su lucha no busca destruir el Mercado Lo Valledor, sino defender su sentido original como espacio de trabajo, producción y comercialización; recuperar la participación de quienes le dan vida y demostrar que ningún poder económico debería estar por encima de la dignidad humana, la libertad sindical y el derecho a trabajar.
Como Federación de Sindicatos del Mercado Lo Valledor, exigió el fin del hostigamiento y las represalias contra trabajadores y dirigentes sindicales, la reducción de las tarifas de ingreso y operación, el respeto irrestricto a la libertad sindical y garantías para ejercer el derecho al trabajo sin temor. Demandó transparencia en la administración, participación efectiva de trabajadores, comerciantes y copropietarios en las decisiones, y el término de las prácticas abusivas que han denunciado. Sostuvo que su lucha es por un mercado más justo, democrático y al servicio de quienes lo sostienen, y finalizó: “Porque el trabajo debe ser fuente de dignidad, nunca de sometimiento”.
Con Información de elsiglo.cl
