Daniela Pizarro, periodista de El Siglo, 27 de octubre de 2026.
La reducción de penas a 56 personas condenadas abrió una crisis para el Gobierno de José Antonio Kast. Mientras la oposición prepara acciones de fiscalización y evalúa una acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, organizaciones de derechos humanos exigen su salida y advierten sobre un grave retroceso en materia de justicia.
El gobierno de Kast continúa sumando polémicas por sus decisiones. En esta ocasión, el caso se centra en el ministro de Justicia, Fernando Rabat, por la rebaja de condenas de 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.
Los antecedentes publicados en la prensa indican que entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026 se dictaron 56 decretos de rebaja de condenas. Estos corresponden a personas condenadas por abuso sexual contra menores, por violación y a reclusos de Punta Peuco condenados por violaciones a los derechos humanos. Producto de ello, la mayoría se encuentra hoy en libertad.
El caso revivió declaraciones del entonces candidato Kast, quien en todos los debates presidenciales negó la posibilidad de otorgar beneficios carcelarios a criminales de lesa humanidad y a abusadores. Por el contrario, siempre mantuvo un discurso de mano dura frente a la delincuencia y el crimen.
Ante esto, se admitió el error y la gravedad de lo ocurrido. Se suspendió la tramitación de nuevas rebajas para condenados por delitos sexuales contra menores y se anunció una revisión de los decretos firmados. Sin embargo, Rabat sigue en el cargo.
Las bancadas del Frente Amplio, Partido Socialista, Partido Comunista, Partido por la Democracia, Partido Liberal y Democracia Cristiana anunciaron acciones coordinadas para esclarecer las circunstancias en que se otorgaron las rebajas y determinar las responsabilidades del Ministerio de Justicia.
Entre las medidas acordadas figura una sesión especial de la Cámara de Diputadas y Diputados, convocada para este miércoles 28 de octubre, entre las 15:00 y las 17:00 horas. La instancia busca que el Ejecutivo entregue información sobre los decretos, sus fundamentos y la cantidad de personas beneficiadas que actualmente se encuentran en libertad. Tras esa sesión, la oposición evaluará la presentación de una Acusación Constitucional (AC) contra Rabat.
El jefe de bancada socialista, Raúl Leiva, emplazó al Gobierno a transparentar los antecedentes y aseveró que la revisión de una eventual acusación constitucional se realizará con seriedad y responsabilidad. Desde el Frente Amplio, la diputada Emilia Schneider exigió la salida de Rabat y del subsecretario de Justicia, Luis Silva, y cuestionó que las víctimas todavía no cuenten con información suficiente sobre la situación de sus agresores.
El Partido Comunista anunció gestiones ante la Contraloría General de la República para que se examine la legalidad de las actuaciones administrativas que permitieron conceder los beneficios. La colectividad también había impulsado medidas de fiscalización parlamentaria para obtener explicaciones del ministro.
“Creemos que es importante recabar todos los antecedentes, estudiarlos meticulosamente para ir anunciando las medidas que hoy día nos permitan, principalmente, resguardar a las víctimas, pero, por otra parte, también resguardar nuestra institucionalidad. Porque esto no debe ser solamente un cambio de criterio, sino que nosotros tenemos, también, la convicción de que acá al gobierno no le correspondía interpretar una ley que es muy clara”, explicó la jefa de la bancada parlamentaria PC-Independientes, Daniela Serrano.
Mientras que los diputados Luis Cuello (PC) y Juan Santana (PS) presentaron una denuncia penal contra el titular de Justicia, Fernando Rabat, y el subsecretario de la cartera, Luis Silva, por el presunto delito de prevaricación administrativa. “La ley es expresa, excluye de manera absoluta, dice que de modo alguno se podrá otorgar este beneficio a estos condenados por estos crímenes tan aberrantes”, expuso Cuello.
La Coordinadora Nacional de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos publicó una declaración en la que calificó de insostenible la continuidad del secretario de Estado. La organización cuestionó tanto las rebajas concedidas a condenados por delitos sexuales contra menores como los beneficios otorgados a condenados por crímenes de lesa humanidad recluidos en Punta Peuco. En su declaración, sostuvo que las decisiones favorecen la impunidad y generan una revictimización.
La Coordinadora también rechazó que el ministro argumentara que las decisiones obedecían a criterios de la Corte Suprema, puesto que los decretos corresponden a actos administrativos dictados en el marco de las facultades del Ejecutivo. Por ello, la responsabilidad de las autoridades que los suscribieron debe ser examinada directamente.
En ese marco, el pedido es categórico: exigen la renuncia de Rabat, ya que considera que es un serio retroceso en materia de derechos humanos. La organización indicó, además, que el ejercicio de las atribuciones del Estado debe respetar los derechos fundamentales de las víctimas y las obligaciones internacionales asumidas por Chile.
El diputado del PC Marcos Barraza manifestó que “yo creo que el Presidente de la República estaba en conocimiento de esto” y cuestionó que Kast mantenga a Rabat en su cargo, considerando la participación del Ejecutivo en la tramitación de los decretos. A su juicio, las explicaciones entregadas por el ministro agravan la situación, especialmente luego de atribuir el procedimiento a una doctrina de la Corte Suprema, institución que, según recordó el diputado, descartó tener responsabilidad en estas decisiones.
Además, el legislador advirtió que las liberaciones representan un riesgo para la sociedad y pueden profundizar el daño a las víctimas y sus familias. Asimismo, planteó que las decisiones del Ejecutivo responderían a un diseño político orientado a instalar la liberación administrativa como precedente para facilitar futuras excarcelaciones de condenados por delitos en contra de los derechos humanos.
En tanto, el también parlamentario del PC Bernardo Salinas destacó que “no solamente aquí amerita la destitución del ministro, la destitución del subsecretario, sino que además tiene que ser tremendamente consistente en abstenerse ahora y a futuro de cualquier medida de este tipo, porque daña profundamente la conciencia de todos los chilenos, pero particularmente vuelve a victimizar a los familiares, a las víctimas directas”.
“Por eso, Presidente de la República, el mejor gesto que puede hacer usted de dignidad y de reparación es pedir la renuncia y dar una señal absolutamente distinta con respecto a esta rebaja”, añadió.
Con Información de elsiglo.cl
